“Hay que rodear a los jueces y que no sientan miedo”: estalla polémica por decreto del Gobierno Petro para sacar de la cárcel a integrantes de la primera línea

La senadora María Fernanda Cabal habló con Vicky en Semana. En el marco de la entrevista que concedió, la congresista pidió que los colombianos rodeen a los jueces ahora que el presidente Gustavo Petro ordenó, mediante decreto, dejar en libertad a los integrantes de la denominada primera línea, las personas que en el marco de las manifestaciones del año 2021 protagonizaron alteraciones al orden público y que derivaron en su captura.

De acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal, la decisión de dejar en libertad a las personas que alteraron el orden público deja muy expuestos a los jueces, incluso ante las víctimas, y por eso instó a apoyarlos en un momento donde el jefe de Estado les lleva la contraria. “Hay que rodear a los jueces, hay que exigirles a todas las altas cortes, no solo a la Corte Suprema de Justicia, rodear a los jueces, que no sientan miedo. Es decirle al mismo Consejo Superior de la Judicatura que sientan la confianza de que sus decisiones son autónomas. Quienes estén en los más altos cargos de la rama judicial tienen que darles garantías a estos jueces porque si presionan a un juez de garantías a dar libertad, ese juez va a quedar expuesto a que la denuncien las propias víctimas por prevaricato. No la tienen fácil los jueces con esta locura que está haciendo Petro”, aseveró.

Este 12 de diciembre, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 2422 del 2022, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que tendrá como tarea fundamental “la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”.

Según el decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, la Comisión estará integrada por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano. Esta comisión, que será presidida por el ministro de Justicia, tendrá entre sus funciones la de “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros”.

Vea la entrevista completa con la senadora María Fernanda Cabal:

Además, la comisión definirá “los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, es decir, admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad. En el mismo sentido, el Decreto 2422 determina que la Secretaría Técnica de la Comisión estará a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y señala que entre sus tareas está la de convocar a las sesiones de manera ordinaria, por lo menos una vez cada trimestre.

En la firma del decreto, al jefe de Estado lo acompañan los ministros del Interior y de Defensa, así como la viceministra de Promoción de la Justicia encargada de las funciones del despacho del ministro, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.

Justamente, sobre los jueces, el presidente Petro se refirió este lunes. “Necesitamos más jueces, es decir más dinero, más independencia de la rama judicial. Necesitamos, quizás, un paso mayor, como una justicia restaurativa que logre indemnizar a la víctima. Que logre devolver hasta el máximo posible a la condición que existía antes del delito a la víctima. La justicia restaurativa, más jueces y más independencia, me parecen que son los ejes centrales que debe contener, hoy por hoy, un proyecto de reforma judicial”, declaró.

“Eso implica más jueces y ahí debería centrarse la llamada reforma a la justicia; que tuviéramos más jueces y más posibilidades de cercanía, entre la justicia y la ciudadanía; más jueces significa más presupuesto; más presupuesto debe estar en el marco de una mayor autonomía, de un empoderamiento real de la rama judicial. La lucha que han tenido los ejecutivos, los gobiernos, por tratar de controlar la justicia, de politizarla en muchos casos, durante estos últimos años, lleva es precisamente a la destrucción de esa autonomía”, dijo.

El mandatario anunció que, en febrero de 2023, dentro de la adición presupuestal que el Ejecutivo radicará ante el Congreso estarán contemplados los recursos que se necesitan para cumplir con este objetivo y que provendrán de la reforma tributaria, que será sancionada esta semana. “Dentro de esos nuevos recursos, entre los diferentes fines que hemos propuesto como prioridades de esa nueva inversión del dinero público, debe estar incluida la del fortalecimiento de la rama judicial”, puntualizó.