Intervención de EPS Sanitas generó “zozobra, angustia tremenda en los trabajadores, en usuarios y se hizo manipulando información”

Keralty comenzó a desplegar la artillería judicial frente a la intervención que hizo la SuperSalud de la EPS Sanitas. La empresa había criticado duramente esa medida del Gobierno en un comunicado apenas se conoció la medida, que califico de “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

Allí ya había anunciado que tomaría todos los caminos necesarios para “cesar la arbitrariedad del acto de intervención”, con el fin de retomar la administración, “en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”. Este lunes, el abogado de Keralty, el penalista Juan David Riveros, se presentó temprano en la Fiscalía. Contó que, tras dos semanas de análisis jurídico, decidieron interponer una denuncia penal en contra del superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal. “Consideramos que la providencia de la intervención a Sanitas es abiertamente ilegal”, dijo.

En diálogo con ‘Vicky en SEMANA’, el abogado señaló que la intervención fue totalmente desproporcionada y se hizo manipulando información. Según dijo, por ejemplo, el Gobierno informó como deudas millonarias de la EPS pagos que se debían hacer este mes y están bajo la normativa legal. De igual manera, señaló, el Ejecutivo intervino a Sanitas, a través de la Superintendencia de Salud, porque ellos fueron críticos de la reforma a la salud.

“Manipulan la información con una finalidad que ha quedado de manera evidente: la intervención de Sanitas la querían utilizar para generar esa zozobra que se está produciendo y para generar otra presión en otros órganos, en otros agentes del sistema de salud porque la organización ha sido crítica de algunas de las posiciones del Gobierno respecto a la reforma (de salud), poniendo de presente que somos conscientes que el sistema se puede perfeccionar”, señaló Riveros.

Vea la entrevista con Juan David Riveros, abogado de Keralty:

El abogado agregó que la decisión del Gobierno genera “zozobra, angustia en los usuarios de la EPS, una angustia tremenda en los trabajadores, más de 3.800 empleos directos y alrededor de 4.500 empleos indirectos. Hay una multiplicidad de víctimas”.

El 2 de abril pasado, la Supersalud intervino la EPS Sanitas argumentado problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados. Según el organismo, “incumplía indicadores de patrimonio y reservas técnicas. Se encontraron deficiencias en la prestación de servicios e insuficiencia en la red de prestadores que afectaban la cobertura y el acceso de sus usuarios a los servicios de salud”.

La Superintendencia Nacional de Salud realizó la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional. “La decisión se tomó luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada, estimada en 5,7 millones de personas”, según el comunicado de Presidencia.

“La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, destacó el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, en una declaración ofrecida en la Casa de Nariño.

El superintendente de Salud aseguró que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas y con todos los prestadores de servicios de salud se venían incrementando. Para diciembre del año pasado, dijo el organismo, cerraron por encima de los 2 billones de pesos, “lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud”.

El superintendente nacional de Salud reveló que, con la intervención, fue relevado del cargo el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas de la EPS Sanitas. “Se ha designado también un agente interventor que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy están prestando un servicio de calidad a la población”, sostuvo.

Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención. Sobre esta decisión trabaja Keralty para recuperar la administración de Sanitas.

Sobre esta decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”.

Finalmente, el abogado no negó sus temores a que el gobierno del presidente Gustavo Petro, lejos de mejorar los indicadores de la EPS Sánitas, termine anunciando que la liquida.