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Jaime Granados habla de las amenazas al fiscal Gabriel Jaimes y revela que él también fue amenazado

El abogado del expresidente Álvaro Uribe también aseguró que hubo intimidaciones contra otra persona, pero prefirió no ahondar sobre ello para no afectar las pesquisas.

19 de febrero de 2021
Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe | Foto: SEMANA

Jaime Granados, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió al anuncio de la Fiscalía sobre el caso de Gabriel Jaimes y de paso reveló que él también fue objeto de las intimidaciones. La Fiscalía General de la Nación informó que Gabriel Jaimes, el coordinador de los fiscales delegados de la ante Corte Suprema de Justicia, recibió de manera sistemática amenazas contra su vida durante la reciente semana y que las mismas ya son materia de investigación.

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Vea la entrevista de Vicky en Semana con el abogado Jaime Granados

Gabriel Jaimes fue designado por el fiscal Francisco Barbosa como el investigador a cargo del proceso que se adelanta por la supuesta manipulación de testigos en contra del presidente Álvaro Uribe. El proceso llegó a la Fiscalía luego de un cambio de jurisdicción que hizo la Corte Suprema de Justicia y tras la renuncia del expresidente a su cargo como senador.

Ahora, el abogado defensor de Uribe Jaime Granados reveló que también ha sido objeto de amenazas. “Quiero aquí romper un silencio que he tenido. Fui víctima de amenazas que fueron informadas inmediatamente ante las autoridades. No quiero afectar el curso de esas investigaciones. Siento solidaridad con el fiscal Jaimes por lo que está pasando”, aseguró.

De acuerdo con Jaime Granados, esas amenazas tuvieron lugar desde agosto del año pasado y se las informó al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ya fallecido. “Yo creo que jamás la lucha de las ideas puede conducir a la violencia. El procedimiento de amenazar es lo más cobarde que existe”, aseguró.

El abogado reveló que las autoridades tienen en sus manos datos de seguimientos y otras informaciones que obedecen a su rol como defensor del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez. “Quiero decirle que un altísimo funcionario del Estado ha sido víctimas de amenazas por la misma línea”, agregó, el abstenerse de revelar nombres para no entorpecer las investigaciones.

Cuando fue consultado por el abogado Jaime Lombana, también defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado Jaime Granados le agradeció su solidaridad y acompañamiento, pero se abstuvo de confirmar o desmentir si él también ha recibido intimidaciones. “No puedo hablar por él”, aseguró.

Abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe | Foto: Guillermo Torres

Ahora bien, los señalamientos de parte de la defensa del senador Iván Cepeda contra el fiscal encargado del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo investigado por presunto fraude procesal y soborno a testigos, tuvieron respuesta. Fue el mismo fiscal Gabriel Jaimes, ahora amenazado, quien rechazó los señalamientos de presunta falta de garantías, advirtió que se han informado las actuaciones que se han dado dentro del proceso y que ha cumplido con todo lo que ordena la ley. Pero fue más allá, le puso fecha a la decisión de si precluye o continúa con el proceso contra el exmandatario: 6 de marzo.

“Debo informarle, siguiendo los términos procesales, que antes del día seis de marzo presentaré ante el juez competente, escrito de acusación o solicitud de preclusión conclusivo de la valoración probatoria integral realizada dentro del proceso, que generará una audiencia con presencia de las partes e intervinientes, para que de manera pública y transparente se conozcan los actos de investigación que soportarán nuestra posición jurídica, y que luego de ser decantada por la controversia fijarán las decisiones de los jueces y magistrados”, dijo Jaimes por medio de una misiva.

El fiscal del caso Gabriel Jaimes, sobre quien recaen intimidaciones según el ente acusador, también señaló que la Constitución le atribuye a la Fiscalía la titularidad de la acción penal para realizar las investigaciones como complemento de las ya realizadas por la Corte Suprema de Justicia.