Lo qué pasó entre Alison y el Esmad en Popayán, en tesis de la abogada Lizeth Montero

Hay gran polémica en el país por el caso de Alison. La joven quedó registrada en un video en el cual es cargada por cuatro integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en medio de las jornadas de paro nacional, en este hecho en particular en Popayán. Luego, en circunstancias que son materia de investigación, se registró la muerte de la joven. Ahora se indaga si se trató de un suicidio de Alison tras ser abusada por parte de los uniformados o qué sucedió en concreto. El comandante de la región cuatro de la Policía en Popayán, general Ricardo Alarcón, desmintió versiones surgidas e instó a Medicina Legal a aclarar qué pasó con la menor.

Lizeth Montero, abogada de la familia, dio su versión de los hechos respecto a lo que ocurrió el 12 de mayo en Popayán. Lo hizo en entrevista con Vicky en Semana. Esta es su tesis.

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De acuerdo con la abogada Montero, la menor, de 17 años de edad, dejó un mensaje en su página oficial de Facebook en el cual da cuenta de lo que ocurrió. Luego, publicó otro mensaje anunciando que se quitaría la vida. En dicho mensaje se lee: “Les tocó coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnuando” quitando el pantalón. Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía, apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer no estaba con los de las marchas. #UribeParacoHpta”.

“Para la familia de Alison existe manto de duda sobre estos hechos (…) somos testigos, nos impidieron la labor de verificar el estado de ella en la URI (Unidad de Reacción Inmediata”, aseguró la abogada, quien cuestionó las declaraciones del oficial Ricardo Alarcón. El general señaló que la joven fue entregada sana y salva a su abuela y pidió no darle credibilidad a tesis que han surgido al respecto.

“Ella trabajaba en venta de zapatos. Nosotros hemos sido, a diferencia de la policía, bastante cautelosos en relación a su estabilidad, a su familia, a su papá. Esto es victimizante. A nosotros nos parece que la policía debería sentir vergüenza, tratando de justificar. Tratar de relacionarla a ella con hechos delictivos para justificarse en absolutamente impresentable. En cualquier circunstancia, a una mujer no se justifica una agresión. La manera de defenderse es verdaderamente patética”, dijo.

“Si esa es su visión sexualizada ellos están dejando muy claro que esto no es un hecho aislado, son patrones sistemáticos de actuación que vienen haciendo. De verdad que no entendemos cómo la institución policial es así de descarada. Que se revisen, no puede ser que existiendo pruebas de brutalidad policial, la actitud de la institución sea protegerse acusando a las víctimas de mentirosas. Esto no puede seguir pasando”, aseveró la abogada de Alison.

La abogada insistió en que la joven ni siquiera estaba marchando y terminó muerta luego de una presunta agresión sexual. La Fiscalía General de la Nación se pronunció. “En atención a la información que está circulando en redes sociales sobre la presunta agresión sexual a una menor de 17 años, dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), en la ciudad de Popayán (Cauca), así como su posterior muerte, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha de inmediato acciones investigativas”.

“Para tal fin conformó un equipo especial, liderado por la fiscal coordinadora del Grupo de Género, experta en temas de violencia de género con enfoque en niñas, niños y adolescentes, así como derechos humanos y derecho internacional humanitario, de la ciudad de Bogotá. Este grupo cuenta también con un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que adelantan los actos urgentes”, agregó el ente acusador.

“Entretanto, se desarrollan las actividades técnico-científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte. Adicionalmente, se ordenó realizar la autopsia psicológica para analizar el contexto de la situación de la menor. La Fiscalía desplegó su capacidad investigativa en este caso para esclarecer lo ocurrido y brindar a la ciudadanía información certera y precisa”, puntualizó el ente acusador.