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‘No vamos a comprar tierras emproblemadas’: ministra Cecilia López explica cómo será el proceso de compra de tierras

La ministra de Agricultura dijo en Vicky en Semana que el Gobierno nacional revisará que cada tierra a negociar no esté involucrada en casos de corrupción.

10 de octubre de 2022
Ministra de Agricultura, Cecilia López
Ministra de Agricultura, Cecilia López | Foto: Ministerio de Agricultura

El pasado sábado 8 de octubre el Gobierno nacional y la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, firmaron el acuerdo de compra de 3 millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria.

“Es el pacto entre Fedegan y el gobierno del cambio. Garantizar tres millones de hectáreas que se comprarán, de máxima fertilidad, con destino al campesinado. El pacto social y la paz son posibles”, dijo en Twitter el presidente Gustavo Petro tras la firma del acuerdo con Fedegán.

En Vicky en Semana, Cecilia López, ministra de Agricultura, se refirió al acuerdo con Fedegán. Aclaró que el Gobierno revisará que las tierras a negociar no estén ‘emproblemadas’, es decir, deberán tener todos los papeles en regla, sin líos judiciales.

Así mismo, López destacó que el plan de compra de tierras no solo va para los ganaderos afiliados a Fedegán, sino también para todo aquel que quiera negociar con el Gobierno.

Entrevista: habla la ministra Cecilia López tras acuerdo con los ganaderos | Vicky en Semana

“Esto es una oferta individual, viene una persona que no es Fedegán, porque quienes tienen las tierras son los ganaderos; viene un ganadero y nos ofrece un predio. Inmediatamente, se hace una revisión legal para ver si este predio tiene toda la transparencia en la forma cómo se adquirió, eso para evitar las suspicacias que están diciendo (...) La ley nos obliga a comprar tierra que no tengan ningún problema en su proceso”, señaló la ministra de Agricultura.

En tal sentido, la jefe de la cartera de Agricultura fue enfática en decir que el Gobierno comprará tierras que no tengan “historias complicadas”. Recordó que la Ley 160 dice que, si el Gobierno compra predios que no sean legalmente constituidos, “nos vamos para la cárcel”.

“Nosotros no somos bobos, no nos vamos a dejar meter a la cárcel. Obviamente esa parte -de la transparencia de las tierras- va a ser absolutamente crucial. Donde haya la menor duda de que eso se adquirió como no debe ser, simplemente no la podemos comprar”, insistió.

Posteriormente, una vez comprueben la legalidad jurídica de la tierra, esta pasará a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), dado que esta entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura, ya ha hecho unos análisis claros en todas las regiones del país para identificar cuál es la capacidad productiva de esta.

“En ese momento se determina si esa tierra que nos van a vender legalmente, tiene capacidad productiva. Una vez eso se defina, se pasa a trabajar con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y el Upra, que definen precios máximos y mínimos y allí se van a hacer proyecto pilotos, -porque el catastro va muy lento-, del catastro multipropósito”, explicó la ministra en Vicky en Semana.

Luego de que la tierra se compre, entra la Agencia de Desarrollo Rural que, también, según López, intervendrá para hacer proyectos productivos territoriales, destacado que no serán individuales.

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“Son proyectos que nos van a exigir esfuerzos en cooperativismo, esfuerzos en créditos para cooperativas, créditos asociativos, etc. Esas son en principio las primeras líneas de este proceso”, destacó la ministra de Agricultura.

El pasado sábado, el presidente Gustavo Petro destacó la suscripción del acuerdo y señaló que los predios que sean adquiridos permitirá a los campesinos acceder a la tierra y calificó la firma del mismo como un hecho histórico.

El jefe de Estado añadió que “el pacto social y la paz son posibles”. El documento fue suscrito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, a nombre del Gobierno y por el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie.

El Gobierno destacó el acuerdo como resultado del proceso de diálogo y concertación puesto en marcha en torno al objetivo común de lograr una Paz Total, “que dignifique la vida de todos los colombianos, que facilite la convivencia en medio de las diferencias y que haga posible el desarrollo con equidad”.

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