“¿Nos toca pedirle permiso a la mesa de negociación, a las disidencias de las Farc, para que la Fuerza Pública entre a cualquier territorio?”

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, se mostró preocupado ante la delicada situación de orden público en algunas regiones del país, debido a la presencia de las disidencias de las Farc que se encuentran en conversaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En tal sentido, en Vicky en SEMANA, el funcionario se cuestionó: “¿Nos toca pedirle permiso a la mesa de negociación, a las disidencias de las Farc, para que la Fuerza Pública entre a cualquier territorio?”.

Camargo recordó que el pasado 21 de octubre, 18 militares que estaban en los operativos del llamado Plan Democracia, como antesala a las elecciones del próximo 29 de octubre, fueron abordados por un grupo de ciudadanos que no solo los desarmó, sino que los secuestró. Posteriormente, fueron liberados al día siguiente.

“Eso es inadmisible, la institucionalidad no tiene lugar vedado en el territorio nacional. Y frente a ello quiero ser claro y no quiero que esto se preste para equívocos de interpretaciones: aquí hay una sola interpretación y es que nuestra Fuerza Pública es la única que puede garantizar el desarrollo, no solo del certamen democrático del próximo domingo, sino de todos los habitantes en el territorio nacional”, agregó Camargo en Vicky en SEMANA.

El funcionario también recordó que desde la Defensoría del Pueblo han lanzado varias alertas por la injerencia de grupos armados ilegales en algunas zonas del país.

“Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en el departamento de Nariño, en Arauca, en la subregión del Catatumbo, en Chocó, Meta, Guaviare, Caquetá, sur de Bolívar y el Magdalena Medio. Ni qué decir de los riesgos que han sido advertidos por la Defensoría. Vemos cómo ha habido un incremento de las situaciones de riesgo en distintas zonas del país”, recalcó Camargo.

Vale recordar que en día pasados la Defensoría del Pueblo emitió una nueva Alerta Temprana de Inminencia (ATI), esta vez la 035 de 2023, en la cual advierte sobre la “tercerización de operaciones” por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) con grupos delictivos en los municipios de Pelaya y La Gloria, en el departamento del Cesar. Esta situación plantea un inminente riesgo para las comunidades locales.

El defensor del Pueblo expresó su preocupación ante esta nueva dinámica de tercerización, señalando que “degrada aún más el conflicto armado” y evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos criminales para mantener el control territorial.

“Tercerizar las acciones con grupos delincuenciales degrada aún más el conflicto armado y pone en evidencia el nivel al que pueden llegar los grupos armados no legales para mantener, recuperar o buscar el control de los territorios y las economías ilegales”, señaló Carlos Camargo, luego de que se lanzara la alerta temprana.

“Podrían ser las elecciones más ilegítimas de la historia del país”

Carlos Camargo también hizo en Vicky en SEMANA una delicada radiografía del panorama, previo a los comicios del próximo domingo. Además, elevó un llamado especial a la institucionalidad para prevenir los riesgos que amenazan la jornada electoral.

En primer lugar, Camargo amplió la advertencia hecha desde la Defensoría sobre el riesgo de que ocurran protestas motivadas por eventuales inconformismos con los resultados.

“En el marco de nuestro mandato constitucional, y como organismo de control en derechos humanos, hemos venido advirtiendo una serie de situaciones de cara al proceso eleccionario. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado a toda la institucionalidad para prevenir riesgos de conflictos sociales en más de 133 municipios, en más de 24 departamentos y en cinco localidades de Bogotá”, expuso Camargo.

El defensor, además, detalló que los departamentos de Bolívar, Chocó, Sucre, Magdalena, Caldas, Meta, Córdoba, Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá son los que presentan mayor riesgo de protestas, disturbios y asonadas.

A renglón seguido, el funcionario expuso a detalle los escenarios de riesgo que han considerado desde la Defensoría. Dentro del listado destacó posibles irregularidades en el proceso electoral, aumento de inscripciones atípicas de cédulas (trashumancia electoral), falta de confianza en las instituciones y la falta de celeridad en las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a solicitudes de revocatoria de inscripción de ciertas candidaturas.