Por denunciar a violadores de niña embera, suboficiales dicen que los expulsaron

El general Eduardo Zapateiro confirmó este viernes 3 de julio el retiro del sargento Juan Carlos Díaz, que comandaba el grupo al que pertenecían los siete soldados que violaron a una niña indígena de 12 años el pasado 21 de junio en Risaralda.

El sargento Juan Carlos Díaz y el cabo primero Camilo Andrés Hernández denuncian que les violaron el debido proceso y entregaron sus argumentos a Vicky en SEMANA.

Los militares retirados manifestaron desconocer el motivo de su salida de las Fuezas Militares: "Esto no tiene explicación porque desde el primer momento que conozco el caso soy el primero en dar información a la Policía de Infancia y Adolescencia y al comandante de mi batallón", explicó Díaz.

"Es inexplicable cómo el Ejército y los altos mandos toman una decisión acelerada contra nosotros. Desde el momento que conocemos la situación la ponemos al frente de la autoridad competente", señaló Hernández.

El sargento Díaz relató lo sucedido en esos dos días en los que se conoció el caso, manifestando que él conoció todo cuando la hermana de la víctima lo alertó sobre el cruento hecho.

"El día 22 de junio a las 10:30 de la mañana estaba comprando víveres para el pelotón y me encuentro a una familiar de la niña abusada, que dice que los soldados deben pagar. Yo me identifico como comandante del Ejército y la hermana de la joven me dice que la habían violado la noche anterior y yo le digo que hay que denunciar".

"Yo me quedé sorprendido, pero tomé el mando y le digo que a partir de ese momento me pongo a cargo. Le digo a Policía de Infancia y Adolescenncia que recojan a la niña para que la lleven a los exámenes médicos. En ese momento informo al comandante del batallón sobre lo que había sucedido; me dice que espere ahí", añadió.

"A las 4:00 p. m. me piden que recoja todo y formó a los soldados y les preguntó sobre los hechos, y nadie dice nada. Al otro día formó nuevamente y salen siete soldados al frente que dicen que yo no debo pagar por algo que no hice", agregó Díaz.

"Cuando 7 de mis soldados pasaron al frente se me salieron las lagrimas", confesó el sargento Díaz. "Fueron mis hijos durante cinco meses y están las 24 horas en todo momento", complementó.

De acuerdo con Zapateiro, a pesar de que el sargento denunció a estos siete militares, no cumplió con el deber de evitar que los hombres bajo su mando cometieran actos contra la ley. "Tal responsabilidad es mayor, máxime cuando era el comandante directo de la unidad a la que pertenecían los implicados. Denunciar es una obligación, pero prevenir (...) era su responsabilidad particular", dijo Zapateiro en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

"El mando y control significa que, por su cargo, los comandantes deben estar al frente de los procedimientos operacionales normales que ejecuta una unidad". Zapateiro manifestó que a pesar de que denunció el caso, el oficial "debe controlar; él debe siempre liderar a los hombres bajo su mando".

El despido del sargento viceprimero ha generado polémica debido a que él fue quien denunció que los siete militares estarían relacionados con el abuso sexual de una niña indígena. Muchos consideraron como injusta la decisión que tomó el comandante del Ejército.

Mientras tanto, el cabo Hernández señaló que "es inexplicable cómo el Ejército y los altos mandos toman una decisión acelerado contra nosotros. Desde el momento que conocemos la situación la ponemos al frente de la autoridad competente".

"Se está cometiendo una arbitrariedad, no entiendo las razones por las que se toma una decisión apresurada. Quedo sin palabras porque le entregué mi vida al Ejército, 17 años al servicio activo, y hoy todavía trato de saber por qué en este momento toman esta decisión tan drástica. Todavia desconozco el hecho de por qué nos sacan", señaló el cabo.

"Nunca nos dijeron en qué fallamos como comandantes. Solo nos dieron la orden administrativa de personal", concluyó.

En ese mismo sentido, el sargento Díaz manifestó no entender por qué se produjo su retiro, si fue él quien denunció el delito de sus comandados.

"Yo tengo todo el deber de denunciar, no entiendo por qué mi general me retira de la fuerza si soy el primero que da a conocer la denuncia", puntualizó.

Díaz alertó que el problema de fondo que deja ver este caso es que hay fallos en el proceso de incorporación e instrucción, pues no hay un filtro suficientemente fuerte y se prioriza la "calidad sobre la cantidad".

"Nosotros somos los principales implicados acá. Yo digo que tuvimos mando y control, y dimos decisiones claras de control. Yo, como comandante de pelotón, les daba órdenes a los cabos Hernández y Muñoz para que formaran. Dimos una orden de que ningún soldado se podía ausentar".

"Son mayores de 18 años y recuerdo que cuando entré al Ejército había un ciclo de instrucción y tocaba estar con ellos 24 horas. Yo veo que el problema fue la fase de instrucción. Hoy en día los señores coroneles dicen que hay una cuota de incorporación y, si no se cumple, los sancionamos. Hay cantidad y no calidad", manifestó.

"¿Cuál es la responsabilidad mía? Yo recibo un pelotón que ya está en el área de operaciones y esto sinceramente viene desde la incorporación. Eso fue así porque nos hubieran dejado ejercer el derecho a la defensa. El día 1 de julio nos dan la orden administrativa que desde ese momento nos dejan fuera del Ejército", finalizó.

Retiran a 32 militares

El mismo viernes 3 de julio el general Zapateiro confirmó que “fueron retirados de la institución 31 militares: 12 suboficiales y 19 soldados”. Esto luego de conocerse que en los últimos cuatro años 118 militares estaban siendo investigados por delitos sexuales contra menores de edad.

Se había conocido que de los 118 militares solo 45 habían sido retirados y 73 estaban activos. En un comunicado, el Ejército manifestó: “Esta medida administrativa fue tomada conforme a las normas legales que regulan la administración de personal por decisión del comandante del Ejército Nacional”. De igual manera, aclaran que el Comando del Ejército Nacional continúa las labores de revisión y evaluación jurídica de la situación de otros integrantes de la institución, con el objetivo de tomar las decisiones administrativas correspondientes.