“Sería todo el país convertido en un Caguán”: el debate en SEMANA por inseguridad en el país

Preocupación en varios sectores políticos del país en torno al tema de la inseguridad que ha venido azotando a algunas regiones de Colombia. De hecho, en las últimas horas, se anunció el cierre de la Fiscalía con sede en el municipio de Tarazá (Antioquia), debido al secuestro de algunos funcionarios.

En Vicky en Semana, los exministros Diego Molano y Daniel Palacios, y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, se refirieron a este panorama en el país.

Tras el anuncio del fiscal general, Francisco Barbosa, sobre el cierre de la sede de Tarazá, el exfiscal Gómez Méndez dijo que se le venía a la memoria las “épocas del Caguán”, al recordar un incidente que ocurrió con una fiscal cuando él estaba al frente del ente acusador.

“Estoy de acuerdo con el fiscal general sobre su preocupación. Habíamos coincidido con él también en el sentido de que no estaba bien que se les suspendieran las órdenes de captura a reconocidos narcotraficantes que no tienen ninguna connotación política. Pero es muy preocupante el llamado del fiscal, no pensé que volveríamos a situaciones similares como esa”, dijo el exfiscal en Vicky en Semana.

Además, Méndez recordó que la razón de ser del Estado es mantener la seguridad ciudadana e institucional, motivo por el cual dijo que el jefe de Estado, Gustavo Petro, debería estar al frente de la seguridad no solo en Tarazá, sino en otras regiones del país, de modo que pueda funcionar la institucionalidad.

“Y los ciudadanos tengan su tranquilidad y seguridad, y los niños no puedan estar sometidos a que lleguen unos hombres armados, supuestamente, a jugar con ellos”, agregó.

Respecto al papel que está cumpliendo la fuerza pública en medio de la alteración de orden público en algunas poblaciones del país, tras el cese al fuego decretado por el Gobierno del presidente Petro, Gómez Méndez fue enfático en decir que, si bien desconocía qué estaba pasando en realidad, dado a que tanto los militares como policías han indicado que no están limitados para actuar contra los criminales.

“Si uno se guía por las declaraciones de sus comandantes, lo que ellos dicen es que no tienen esa limitación, que ellos podrían, por ejemplo, cumplir con las órdenes de captura que están vigentes. Fuera grave lo del Caguán, que era una zona de 42.000 kilómetros, pero esto, de llegar a ser así, sería mucho más grave, porque sería todo el país convertido en un Caguán, en el sentido de que la fuerza pública no puede cumplir su deber constitucional de proteger la vida y seguridad de los ciudadanos”, señaló Gómez Méndez.

Por su parte, el exministro de Defensa Diego Molano dijo en Vicky en Semana que a la Policía Nacional la están debilitando, un mal síntoma, según él, para la seguridad en Colombia.

“Y no solo es esta decisión de la ‘paz total’ que influye precisamente porque, en materia de sometimiento, para los grupos armados, aquí no hay reglas; y les dijeron que los iban a meter en el mismo costal de la ‘paz total’ y hoy no hay una regla jurídica que le permita a la Policía Nacional actuar en contra de ellos o mantener un cese al fuego bilateral. Ellos tienen que cumplir su función, pero están debilitando la capacidad que ellos tienen de actuar”, destacó Molano.

Molano también señaló que, el hecho de que haya habido un revolcón al interior de la Policía Nacional, lo que hizo fue terminar debilitando a la fuerza pública, dado a que se está quitando a la institución experiencia, capacidad de control y “los que hoy están encargados no toman decisiones”.

Entre tanto, el exministro del Interior Daniel Palacios dijo estar preocupado por algunas posiciones del gobierno del presidente Petro y que, en últimas, ya empiezan a tener un impacto en la seguridad del país.

“Y no solo este doble mensaje de si combatimos o no a los delincuentes, que si hay o no un cese bilateral, como se vio en ese acto improvisado y reforzado del presidente, que le anunció a un país un cesw al fuego que no existió”, agregó Palacios.

Así mismo, Palacios destacó que lo ocurrido recientemente en Tarazá no se podía ver como un hecho aislado, pues para él fue consecuencia de que el fiscal Francisco Barbosa se negara a levantar las órdenes de captura en contra de algunos criminales de grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo.

“Más preocupante es que no vemos una reacción del Gobierno. Si el fiscal general sale y anuncia que no hay condiciones para que la Fiscalía opere en Tarazá, lo que uno debió haber visto era un consejo de seguridad inmediato allá”, aseveró Palacios en Vicky en Semana.

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