Uribe, sobre EPM: “Nunca he hablado de expropiación”

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez habló con Vicky en Semana luego de que su mensaje en Twitter, sobre Empresas Públicas de Medellín, desatara toda serie de reacciones. “El Gobierno Nacional debería pensar en la intervención en EPM. Las calificadoras son claras, de no recuperarse el Gbno Corporativo la bajan a BB+, quedaría sin grado de inversión y seguiría empeorando. Mejor una decisión fuerte que lamentaciones posteriores”, publicó el exmandatario a través de su cuenta en Twitter.

Vea la entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Ante los señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, según los cuales él incurrió en la “expropiación”, al sugerir que Empresas Públicas de Medellín sea intervenida, el exmandatario aseguró: “Nunca, por Dios, si algo puedo reinvindicar yo es que siempre he defendido esa empresa, ese patrimonio, nunca he interferido en ella. Allí trabajé jovencito con un gran gerente que fue el doctor Diego Calle. Me tocó una labor sustancial para la Hidroeléctrica de El Peñol, que bastante le sirvió al país. Quiero a Medellín, vivo agradecido con la ciudad, entonces es muy distinto grados de intervención a expropiación”, aseguró.

De acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe, hay que tomar consciencia sobre el riesgo que representa una eventual profunda crisis de Empresas Públicas de Medellín, la segunda más grande de carácter público de los colombianos. El conglomerado Empresas Públicas de Medellín (EPM), al frente de la construcción de la mayor hidroeléctrica de Colombia, Hidroeléctrica de Ituango, más conocida como Hidroituango, anunció el 13 de enero pasado demandas por cerca de 4.400 millones de dólares por indemnizaciones ante el retraso y sobrecosto de las obras en curso.

“El Gobierno ha dicho que no hay causales para entrar a tomar tomar posesión de Empresas Públicas de Medellín. Pero hay el riesgo, porque si se sigue manejando EPM sin gobierno corporativo van a cumplir la amenaza de quitarle el grado de inversión. En ese momento se tipifica una causal de intervención, dice la ley que cuando los administradores persistan en incumplir las normas, el pacto de gobierno corporativo es una norma”, agregó, al instar a que la Superintendencia de Servicios aumenta “los niveles de vigilancia” ante los hechos que se están viendo en la compañía.

EPM indicó haber interpuesto una acción legal ante un tribunal de arbitraje regional contra la compañía Mapfre por unos 1.600 millones de dólares, por la “indemnización de las pérdidas en el marco del contrato de seguros” del proyecto Hidroituango. La demanda se sumó a otra de más de 2.800 millones de dólares anunciada el viernes por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra los contratistas de la megaobra.

Como alcalde de Medellín, Quintero preside la junta directiva de EPM, empresa pública que tiene el 46,33 % de la participación accionaria de Hidroituango. “No se logró llegar a una cifra que nos permitiera dar por terminado satisfactoriamente el proceso de conciliación prejudicial”, indicó EPM tras meses de negociaciones con todas las partes implicadas.

Vea la respuesta de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, al expresidente Álvaro Uribe. También en Vicky en Semana

Los demandados son los consorcios Generación Ituango, CCC Ituango, Ingetec - Sedic, Seguros generales Suramericana, Chubb Seguros Colombia y Seguros Mapfre. La obra entró en crisis en abril de 2018, cuando Hidroituango estuvo al borde del colapso por el desbordamiento del río Cauca, que obligó a evacuar a 25.000 personas.

Expertos han dicho que la urgencia pudo deberse a errores de ingeniería, a cambios sobre la planeación del proyecto e incluso a una política de menores costos en el diseño de la obra que debe cubrir una quinta parte de la demanda energética del país. Con un presupuesto inicial de unos 1.700 millones de dólares, la construcción pasó a insumir el equivalente a 3.700 millones y se espera que recién comience a generar energía en 2022, cuatro años después de lo previsto.

En diciembre, la Contraloría General de la República imputó a 28 exfuncionarios y excontratistas de la obra por su presunta responsabilidad fiscal en el retraso y sobrecosto del proyecto. La construcción estuvo a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55%) y las colombianas Conconcreto (35%) y Coninsa-Ramón H (10%).

Bajo ese escenario, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que sus advertencias en ningún momento se constituyen en pánico económico, tal cual lo dijo el alcalde de Medellín Daniel Quintero. “El pánico lo causan los hechos de los administradores. El año pasado los hechos de la Alcaldía de Medellín produjeron una disminución de la calificación. Los hechos de la Alcaldía de Medellín produjeron una amenaza de los grados de inversión”, aseveró el también exsenador.

Uribe también aseguró que el proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero es un asunto cívico y no político, al señalar que ni él ni su partido, el Centro Democrático, están detrás de dicho procedimiento. Su tema, dijo, es la advertencia sobre EPM. “El alcalde puede proponerle a la junta, orientar a la junta, tomar decisiones como presidente de la junta, pero no por fuera, como lo ha hecho”, aseguró.

Finalmente, dijo el expresidente, desde la administración de Medellín se está promoviendo la lucha de clases, cuando ello no sucedía en el pasado, independientemente de quien fuera el alcalde.