Medio Ambiente
Fracking aumentará emisiones de gases de efecto invernadero, dice Greenpeace
La ONG ambientalista dice que el país debe concentrar los esfuerzos en la construcción de una matriz energética sostenible y limpia; y en la protección de los ecosistemas y recursos naturales, porque técnicas como esta van en contravía de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
El interés del Gobierno de avanzar en el desarrollo de proyectos de fracking en el país no es coherente con los compromisos que realizó en el marco del Acuerdo de París de reducir 51% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, dice la ONG ambientalista Greenpeace.
Según la organización internacional, en el país la industria de los hidrocarburos generaba en 2015 el 15% del 35% total del sector de energía, es decir, más de 23.000 toneladas de CO2 equivalentes.
Silvia Gómez, directora de esta organización, manifiesta que al abrirse esta nueva frontera, aumentarán exponencialmente las emisiones, provocando no sólo el aceleramiento de la crisis climática, sino que además, traería consecuencias ambientales preocupantes, ya que está demostrado que parte del modus operandi del fracking involucra diversas formas de contaminación.
Precisa la directiva, que además de requerir más de 3,6 millones de galones de agua para la fracturación de un solo un pozo, utiliza químicos tóxicos que generan residuos altamente peligrosos. La contaminación de fuentes de agua y de campos agrícolas de las poblaciones cercanas han sido un factor en común presente sobre estas prácticas en distintas partes del mundo.
“No obstante, pese a las consecuencias, 13 años después de que la sociedad civil impidió el avance de esta práctica en Colombia, actualmente continúan apareciendo proyectos camuflados como “de carácter científico” para avanzar definitivamente con el fracking”, asegura.
Recuerda la directiva que de prosperar los planes políticos, la actividad hidrocarburífera para la ampliación de las reservas de petróleo podría extenderse por 22 años y en el caso del gas entre 35 y 50 años.
“El avance de estos proyectos provocará la mayor fractura que puede dejar el fracking en Colombia, más allá de amenazar la vida, la salud y los ecosistemas, será vulnerado el futuro más cercano de los ciudadanos y su derecho a vivir en un ambiente sano”.
Por esta razón, la organización se une a todas la voces que se han escuchado en apoyo a los dos proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso en busca de prohibir esta técnica en el país.
Es de recordar que en la última audiencia pública celebrada el jueves de la semana anterior, con el fin de apoyar estas iniciativas legislativas, Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invitó al Congreso de Colombia a prohibir estas actividades en el país.
La Relatora expresó que “la aprobación de un proyecto de ley cuyo propósito sería acabar con la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, prohibiendo prácticas como el fracking, supondría una valiosa medida de protección ambiental, prevención de conflictos socio ambientales y el cumplimiento de los compromisos que emanan del Acuerdo de París, como del propio Sistema Interamericano y la importante opinión consultiva No. 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a un medio ambiente sano”.
Para la Relatora, Colombia está llamada a promover una transición energética justa y sostenible y por eso le hizo un llamado al Congreso a tomar todas las medidas que junto con evitar emisiones masivas de gases de efecto invernadero, fomenten el respeto y la implementación de acciones reales para la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
Esta voz se unió a la del experto de las Naciones Unidas, Marcos Orellana, quien afirmó que “Colombia tiene la oportunidad de preservar el legado de su mega biodiversidad. La protección del derecho de vivir en un ambiente libre de tóxicos inspira a que el Congreso de la República adopte una ley que prohíba el fracking”.
Según Gómez, el gobierno no puede permitir que esta actividad que es altamente nociva para los ciudadanos y ecosistemas se establezca en el país y no debe hacer caso omiso de los peligros del fracking, de los cuales hay amplia evidencia.
“En vez de promover falsas soluciones para la actual crisis climática y ambiental, los esfuerzos del gobierno deben estar enfocados en la construcción de una matriz energética sostenible y limpia; y en la protección de nuestros ecosistemas y recursos naturales”, concluyó.