Habitantes de Paipa, en Boyacá, denuncian destrucción ambiental por proyectos mineros

No es un tema de ahora. Desde hace años, los habitantes de las veredas Sativa y La Bolsa, en zona rural del municipio de Paipa, en Boyacá, denunciaron ante las autoridades competentes afectaciones ambientales por cuenta de la minería.

El desarrollo de proyectos a cielo abierto afecta tanto fuentes hídricas, como otros ecosistemas, pues se trata de actividades que se desarrollan muy cerca de la reserva natural Ranchería, de la cual hace parte el Parque Natural Municipal Ranchería. Allí además de las quebradas y diversos nacimientos de agua, hay bosques de robles y encenillos y especies endémicas de fraiilejón y orquídeas, entre otras.

Aunque los habitantes de la región han llamado la atención sobre la problemática, aún no reciben respuestas satisfactorias y por ello preparan una acción popular con la que pretenden hacer valer sus derechos a tener un ambiente sano y garantizar el suministro del agua para por lo menos 12.000 personas que residen no solo de estas veredas, sino incluso en algunos barrios de Paipa.

Para esta zona la Agencia Nacional de Minería ha otorgado cuatro títulos mineros, en los que se desarrollan proyectos de extracción de materiales de construcción y de arcilla. Estos títulos cuentan con la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), según confirmó esta última entidad a SEMANA.

En total en el área de influencia de Corpoboyacá hay 48 títulos mineros, los cuales en su mayoría se dedican a la extracción de carbón y materiales de construcción. Todos ellos han sido licenciados, según explica Heiler Martín Ricaurte, subdirector de Recursos Naturales de la entidad, con una vigencia entre 10 y 30 años que son los periodos a los cuales también ha sido otorgado el título.

Pequeña minería

Específicamente, en las veredas Sativa y La Bolsa, en el pasado se realizaba minería de subsistencia; sin embargo, por cambios en normas nacionales a comienzos de la década del 2000, se le dio vía libre al desarrollo de proyectos de mayor trascendencia, explican en Corpoboyacá.

En este orden de ideas, en las mencionadas veredas se inició el desarrollo de actividades de mayor envergadura y a cielo abierto. Corpoboyacá otorgó el visto bueno ambiental a los cuatro títulos entre 2009 y 2010. Tres proyectos se dedican a extracción de materiales de construcción (recebo), mientras que el cuarto, se dedica a la explotación de un yacimiento de arcilla.

Dos de los títulos otorgados para la extracción de materiales de construcción están ubicados en la vereda La Bolsa y son propiedad del señor Olegario Pulido Alba. La empresa encargada del desarrollo de estos proyectos es Mastercat. El otro título tiene su actividad en la vereda Sativa y corresponde a los herederos del señor Misael Acosta Pedraza, que operan con la empresa San José. El de arcilla también está ubicado en esta vereda y opera bajo la razón social de Ladrillos El Zipa. Estos dos últimos, según Corpoboyacá, fueron otorgados en un proceso de legalización de minería de hecho. De acuerdo con la posición de la autoridad ambiental, son proyectos que tenían derechos adquiridos.

Según la entidad, para el momento del licenciamiento de estas iniciativas lo que hicieron fue adelantar procesos de formalización de áreas que ya eran intervenidas con actividades rudimentarias.

Heiler Martín Ricaurte aseguró que la entidad ha realizado el seguimiento correspondiente con el fin de que los proyectos se ajusten a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental.

Explicó que en caso de incumplimiento se abren los procesos sancionatorios respectivos ya sea pecuniario o monetario. De acuerdo con la información que reposa en la Corporación, en el caso de los proyectos de Olegario Pulido, uno de ellos tiene un trámite sancionatorio activo por usar recurso hídrico sin tener concesión de aguas. Se trata de una medida preventiva para la captación de agua de la fuente hídrica El Totumo.

Para el otro título de este propietario, la autoridad ambiental realizó una visita de inspección, nuevamente por las quejas registradas por miembros de la comunidad en relación con la captación indebida del recurso hídrico. Allí Corpoboyacá emitió un concepto técnico que está siendo valorado por el grupo jurídico a la luz de lo establecido en el régimen sancionatorio ambiental, según informó la propia entidad.

Para el tercer proyecto, es decir, aquel que es propiedad de los herederos de Misael Acosta Pedraza, Corpoboyacá abrió en septiembre del año pasado un expediente mediante el cual impone medida preventiva de suspensión de las actividades de explotación de materiales de construcción (recebo).

Según la entidad, por ahora, ninguno de los proyectos se ha salido de los polígonos autorizados para el desarrollo de su actividad. No obstante, los habitantes de la región tienen una posición completamente diferente, pues aseguran que las empresas han sobrepasado las fronteras determinadas para el desarrollo de sus actividades, afectando fuentes hídricas y acercándose a la reserva.

Suministro de agua en riesgo

Si bien la autoridad ambiental asegura estar realizando seguimiento al desarrollo de los proyectos para que se ajusten a la norma, los representantes de la comunidad insisten en que es una situación que se ha salido de control porque ni Corpoboyacá, ni la Alcaldía han tomado cartas en el asunto, poniendo en riesgo el suministro de agua para al menos unas 12.000 personas que se surten de acueductos veredales que se abastecen de las fuentes hídricas.

El Comité en pro de la protección del medioambiente de Sativa y La Bolsa, indica que uno de los principales afluentes hídricos afectados es la quebrada La Toma, de la cual derivan otros que son clave en la región, pues alimentan zonas agrícolas y de ganadería, principal sustento de los habitantes. “La autoridad ambiental realiza visitas, pero hace caso omiso de lo que realmente está sucediendo”, aseguró.

Sus gestores explican, además, que en la vereda La Bolsa hay un humedal, que si bien no está reconocido como tal por parte de las autoridades, sí tiene estas características y fue tapado con material sobrante de las actividades mineras. Frente a este hecho específico, Corpoboyacá indicó que cuando realizaron las visitas de seguimiento, esta área ya presentaba una recuperación natural.

Para ellos, la afectación a áreas naturales ha sido clara y lo más grave es que están impactando zonas que están fuera de los límites establecidos para el desarrollo de sus actividades.

Reserva Ranchería

Pero la mayor preocupación de la comunidad es que en la parte alta de la montaña en donde se realizan los procesos de extracción está la laguna Marcura o laguna Seca de donde se surte un importante número de acueductos veredales. En concepto de quienes conocen el área y el terreno, el hecho de que se esté drenando en la parte baja y media de la montaña impacta todo el ecosistema, poniendo en riesgo el suministro del agua para miles de personas.

De esta montaña nacen fuentes hídricas que alimentan los acueductos de La Salvia, Peña Negra, el Totumo y Marcura, que son los cuatro más grandes de esta dos veredas, pero no los únicos, pues de estos se derivan otros más pequeños. Según Alvarado, son alrededor de 12.000 personas las que dependen en la región de estos acueductos.

Los habitantes de la zona argumentan que las fuentes hídricas: El Campanario, el Totumo, el Fique y La Toma, son las más impactadas por el desarrollo de esta actividad, que no solo amenaza con reducir y acabar con el agua, sino que genera contaminación poniendo en riesgo tanto la salud de las personas, como la de los animales que están en la parte baja de la montaña y consumen este líquido.

Rancharía es la única zona de reserva forestal en el lugar y para los habitantes es clave que se declare como sujeto de derechos, una petición que hicieron a la justicia a través de una tutela, con el fin de evitar el avance de la minería en la zona; sin embargo, esta acción judicial fue negada en primera y segunda instancia.

Las acciones de los habitantes de la región con el fin de que se preserven los recursos naturales han sido diversos, pues dicen que con los títulos mineros y con la entrega de licencias ambientales no se ha respetado el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio cambiando el uso del suelo para actividades que ponen en riesgo el medio ambiente.

Además de la acción de tutela, la comunidad ha pasado derechos de petición ante las diferentes autoridades que tienen injerencia en el tema, entre ellas la Alcaldía Municipal. Recientemente, el comité La Toma presentó ante el alcalde de Paipa, Fabio Medrano, un derecho de petición firmado por más de 200 ciudadanos con el fin de que desde esta administración se tomen cartas en el asunto y se ordene a la Policía el cierre de las obras que no cumplen con los lineamientos ambientales.

Fallos con desconocimiento

Para el abogado Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), quien asesora a la comunidad en este proceso, el fallo negativo en el caso de la tutela está muy relacionado con el desconocimiento que existe en el país de estándares internacionales en materia ambiental.

En su concepto, en Colombia son pocos los ejercicios que se hacen de manera juiciosa en cuanto al análisis frente al derecho que las personas tienen de vivir en un ambiente sano. “La Agencia Nacional de Minería, la Alcaldía, la autoridad ambiental y la Policía han sido omisivos frente al desarrollo de minería a cielo abierto en zonas de fuentes hídricas”, manifestó.

Según el jurista, se han otorgado licencias para el desarrollo de estas actividades sin el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Según Guerrero se trata de una zona con características de protección con alto riesgo de remoción en masa. “Es una zona cuyos suelos están determinados para la producción de alimento y ganadería y se está dedicando a la actividad minera”.

Para Guerrero, se requiere que la autoridad ambiental no solo imparta medidas preventivas, sino sancionatorias. “La voz de las personas pasa inadvertida, es como si no tuvieran derecho a intervenir en asuntos ambientales”, aseveró.

Por esta razón y ante la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades, los residentes en el lugar trabajan ahora en una acción popular con el fin de defender su territorio y modo de vida.

Frente a toda esta situación, el alcalde de Paipa, Fabio Medrano, dijo que la administración defenderá el medio ambiente como el recurso más importante para las generaciones presentes y futuras.

“Si la norma, los lineamientos ambientales y las entidades responsables se suman a este importante llamado, con seguridad se definirán las actuaciones correspondientes para corroborar la legalidad, funcionamiento o presuntos perjuicios a nuestro ecosistema”, manifestó.

“Desde la competencia de la administración municipal hacemos un respetuoso llamado a Corpoboyacá para que en su juiciosa tarea de investigar, seguir y controlar los daños ambientales haga presencia, verifique la información y de lugar a las claridades o acciones que sean necesarias con las licencias, permisos, usos de suelo y garantía de protección a nuestro territorio”.

Dijo el funcionario municipal que continuarán con las visitas y acompañamiento técnico y exhortó a que sea la Corporación y la misma Agencia Nacional de Minería las que permitan conocer las realidades y continuar en el propósito de defender el ambiente.

Sí tiene competencia

La Alcaldía ha insistido en que no tiene competencia para actuar en favor de las comunidades y el ambiente, frente a lo cual el profesor Alfonso Avellaneda, ingeniero y quien durante años le ha hecho seguimiento al tema, dijo que la Ley 373 de 2009 sobre régimen sancionatorio en temas ambientales señala que las autoridades de policía, pueden ejecutar e imponer medidas preventivas con respecto al daño al medio ambiente y una vez la misma sea ejecutada, puede comunicar a la autoridad ambiental.

Según Avellaneda, también en las veredas mencionadas ha habido una violación de humedales que va en contra del Código de Policía y de los recursos naturales. “El Alcalde, según el Código de Policía puede imponer suspensión temporal de las actividades y luego comunicarle a la autoridad ambiental. No existen violaciones a la norma, sino que la Alcaldía siempre indica que en los seguimientos que realizan no encuentran nada indebido”, manifestó.

Se pregunta, por ejemplo, si las mineras tienen permisos de captación, si están autorizadas para hacer vertimientos que terminan contaminando las fuentes hídricas, si tienen autorización para realizar actividades industriales como es el caso de construcciones para trituración de la piedra y si tienen permiso para invadir humedales que están fuera de la zona minera. “No se establecen sanciones a pesar de tener las competencias”, aseguró.

Así las cosas y ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades, los habitantes de la región continuarán acudiendo a todas las herramientas jurídicas que les sea posible con el fin de hacer valer sus derechos y los del medio ambiente, pues lo que dicen es que son muchos más los títulos que esperan aprobación por parte de las autoridades para empezar a operar en esta zona.