MEDIOAMBIENTE
No para la crisis de los zoológicos en el país
Se calcula que unos 20.000 animales habitan en 26 zoológicos y acuarios colombianos. Estos sitios suelen financiar sus gastos de funcionamiento con los ingresos de ciudadanos, por lo que la crisis que trajo el coronavirus les está pasando una costosa factura.
Aunque los zoológicos han tratado de reinventarse recurriendo a todo tipo de estrategias para atraer al público de manera virtual y presencial, pues en algunos casos ya han abierto sus puertas tras permanecer cerrados por meses, las cuentas no cuadran y los saldos en rojo resaltan en los balances. Donaciones públicas y privadas, recorridos virtuales y hasta celebración de eventos sociales se han convertido en el salvavidas temporal.
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Farah Ajami, directora de la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla y presidenta de la Asociación de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines (Acopazoa), que agrupa a 12 del total de establecimientos que se estima hay en el país, dice que las cosas no han cambiado mucho desde hace ya casi un año cuando tuvieron que cerrar las puertas.
Abiertos o cerrados los gastos de estos establecimientos son los mismos y aún son muy pocos los visitantes, pues por tratarse de sitios propicios para el desarrollo de planes familiares, a muchos les da temor exponerse a un posible contagio.
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Solo la docena de zoológicos oficialmente agremiados en Acopazoa alberga cerca de 12.000 animales y en promedio los gastos mensuales de cada uno de ellos puede oscilar entre 100 y 300 millones de pesos, pero hay casos en que se supera esta cifra.
Ajami dijo a SEMANA que estos lugares generan unos 1.200 puestos de trabajo directos y requieren alrededor de 1.800 millones de pesos mensuales para funcionar. La cifra fácilmente se duplica al hacer las cuentas para la totalidad de establecimientos que hay en el territorio nacional.
Desde hace décadas los zoológicos del país han cambiado de papel para dedicarse a cuidar animales rescatados del tráfico ilegal. En buena parte de ellos los expertos trabajan para rehabilitarlos e intentar devolverlos a su hábitat natural, de donde nunca debieron salir.
Sin embargo, muchos no pueden hacerlo por secuelas físicas o porque perdieron su condición salvaje, entre otros. Entonces deben pasar el resto de su vida en un zoológico o en una reserva.
Todos ponen
Solo en el Zoológico de Santa Cruz, por ejemplo, hay 800 animales, la mayoría de ellos longevos. A este lugar, ubicado muy cerca de Bogotá, llegaron muchos de ellos luego de haber sido rescatados por autoridades ambientales de tráfico ilegal de fauna. Allí habita el oso de anteojos más viejo de los que se encuentran en cautiverio en el país.
Vivian Bernal, vocera de este establecimiento, cuenta que a pesar de que desde noviembre abrieron las puertas al público, las permanentes cuarentenas obligatorias decretadas en Bogotá, a comienzos de este año, impidieron que los visitantes llegaran.
El lugar ha sobrevivido gracias donaciones, recorridos virtuales, fiestas temáticas y el aporte de los empleados que propusieron una reducción de salario con la idea de seguir cuidando y velando por el bienestar de estos animales que encontraron en este lugar una segunda oportunidad de vida.
El Zoológico de Barranquilla demanda un presupuesto de 400 millones de pesos. El año pasado cerró con un saldo en rojo de 500 millones de pesos. Incluso su directora dice que les sale más costoso estar abiertos.
La situación de estos dos zoológicos refleja la realidad que viven, en su mayoría, este tipo de establecimientos en el país. Incluso algunos de ellos continúan con sus puertas cerradas y para los que están abiertos el cumplimiento del aforo impide que los ingresos por la entrada de visitantes alcance para cubrir los gastos.
Para Ajami, esta situación ha empeorado porque muchos de estos lugares no han recibido ningún tipo de ayuda por parte de las administraciones locales o departamentales. No hay planes ni estrategias tendientes a salvaguardar la integridad de los miles de animales que habitan y son cuidados allí y que en realidad son propiedad del Estado, según establece el Código Nacional de Recursos Naturales, que está vigente desde 1974. “No ha habido un espaldarazo del Gobierno”, manifiesta.
Ante esta realidad, Jorge Aubad, director del Parque de la Conservación en Medellín, considera clave que haya una corresponsabilidad entre los zoológicos y las autoridades ambientales oficiales para garantizar un adecuado cuidado y bienestar a la fauna silvestre.
En el caso de el lugar que él dirige, que el año pasado enfrentó en proceso de transformación con el fin de no tener animales en cautiverio, hoy le apunta a la diversificación de las fuentes de ingresos y entre ellas está la creación de un museo. En el caso de este parque los costos de mantenimiento ascienden a 500 millones de pesos mensuales y estuvo cerrado por diez meses.
Para Aubad es determinante que las entidades estatales apoyen y ayuden a proteger la fauna silvestre que está en cautiverio. En el caso específico del Parque de la Conservación tuvo el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, que es el dueño del parque, pero para el directivo es claro que esta entidad tuvo un gran acto de responsabilidad, a pesar de un gran endeudamiento en el que incurrió. Claramente esta es una situación que no se presenta en todas las regiones del país.
Solución definitiva
Pero toda esta crisis a la que se han visto expuestos los zoológicos debería recibir una solución de tajo, según Andrea Padilla, concejal de Bogotá, y animalista. Ella cree que el Estado debería asumir la manutención, más aún cuando los animales se han visto privados de la libertad y de la posibilidad de desarrollar sus capacidades naturales y “de gozar de vidas plenas porque el mismo Estado ha sido incapaz de atajar un delito del que ellos son las principales víctimas, como el tráfico, el comercio y la tenencia ilegal.
Para Padilla sería mejor que los zoológicos desaparecieran. “El cautiverio de animales en entornos artificiales y su exposición al público es un modelo éticamente indefendible. Hace mucho dejaron de ser lugares de educación ambiental (si alguna vez lo fueron) y de conservación hacen poco o nada. En el caso de Colombia se han convertido en lugares de acogida de animales víctimas de tráfico, comercio y tenencia ilegales. Ese es su valor”, dice. Por eso no se acaban: no habría a dónde llevarlos.
Así las cosas, el panorama por ahora no parece tener mucho cambio y estos establecimientos tendrán que seguir reinventándose para encontrar las fórmulas que les permitan obtener recursos y continuar con su labor de proteger a la fauna silvestre, una labor que debería asumir el Estado, pero que dejó en manos de particulares, quienes hoy siguen clamando ayuda.