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Apostándole a la paz desde la seguridad alimentaria y la legalidad
El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) fue galardonado en 2020 con el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿qué hace la agencia humanitaria más grande del planeta en Colombia para ello?
Con la firma de los acuerdos de Paz del 2016, se acordó que los integrantes de las Farc debían contar con garantías por parte del Estado para su reincorporación a la vida civil y con oportunidades para participar en actividades productivas de generación de ingresos y autoabastecimiento de alimentos. Por ello se estableció como una de las prioridades la reincorporación económica y social de más de 11.000 personas, y algunos de ellos, se agruparon en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR.
Desde 2017, el Gobierno ha trabajado de la mano de organizaciones internacionales en la implementación de planes a largo plazo para que en los espacios de reincorporación se ejecuten proyectos de sostenibilidad económica que promuevan el fortalecimiento del tejido social, incluyendo el acceso a alimentos nutritivos, emprendimientos colectivos y promoción del empoderamiento económico de la mujer. Hoy, muchos de esos emprendimientos proveen sustento económico a cada excombatiente y sus familias, al tiempo que generan enseñanzas en torno a vivir en paz y a integrarse a la sociedad civil.
Ejemplos de vida como el de Adriana, de 38 años, se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. Ella hace parte de un ETCR en Cumbal, Nariño, en donde el Programa Mundial de Alimentos (WFP) apoya a la Asociación Agropecuaria Forjadores de Paz, con el diseño e implementación de estrategias para la generación de ingresos a partir de cultivos, además de brindarles asistencia técnica y equipos básicos para en su manejo y comercialización.
Adriana se unió a las FARC a los 17 años, al ver en este grupo una oportunidad para salir adelante, “una forma de continuar con mis estudios y luchar por una causa”, afirma. Sin embargo, 21 años después, con la firma del Acuerdo de Paz, encontró otra forma de continuar con su propósito de vida. Ahora es la encargada de gestionar diferentes apoyos para este antiguo ETCR, y hace parte de la iniciativa agroindustrial de producción de fresa. Sus compañeros la consideran una líder innovadora, con metas claras y que busca nuevas opciones para la unidad productiva.
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El trabajo en conjunto entre excombatientes y la comunidad de acogida, busca fortalecer las relaciones de confianza y la construcción de iniciativas comunitarias. “Nosotros pasamos a ser parte de una comunidad y llevamos dos años trabajando en este proyecto, junto con personas de la comunidad. El Programa Mundial de Alimentos, nos ha apoyado bastante en lo material y en los cursos de capacitación de siembra y cosecha”, afirmó Adriana para SEMANA.
Estos proyectos también han contribuido al empoderamiento de mujeres como Adriana, fomentando su participación en actividades de capacitación, fortaleciendo su liderazgo, y promoviendo prácticas para la generación de ingresos que mejoren la calidad de su alimentación.
“El WFP no solo da respuesta a emergencias, también le apuesta a las nuevas oportunidades. Buscamos empoderar a estas comunidades y acompañarlas en el proceso mientras fortalecemos sus medios de vida y seguridad alimentaria. Ver los resultados del trabajo comunitario es lo que más nos anima porque así es como se construye la paz”, afirma Melissa David, Jefe de la Oficina del Programa Mundial de Alimentos en Pasto.
Este organismo de las Naciones Unidas ha apoyado iniciativas similares en 17 municipios de 11 departamentos (Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca) beneficiando a más de 2000 personas en 18 cooperativas. De esta manera se promueve el desarrollo y consolidación de la paz en el país desde la seguridad alimentaria.
Estos proyectos desarrollados por excombatientes, y apoyados también por la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), se han centrado en el desarrollo de modelos de autoabastecimiento y acceso a mercados que permiten la integración sostenible en las comunidades. Pero más allá de eso, se busca generar un espacio de integridad, un territorio donde aquellos excombatientes puedan emprender, continuar con sus estudios, metas y contribuir a la sociedad en el marco de la legalidad.
El proyecto de cultivo de fresas es especial, ya que está pensado para ser un punto de cosecha y distribución de grandes magnitudes. La idea es que este ETCR, como muchos otros, se convierta en ejemplo del trabajo rural legal, que no solo genera ingresos económicos, sino que conforme una comunidad de paz.
“Buscamos dar continuidad al proceso para que una vez se sientan fortalecidos y listos para continuar solos, lo hagan. Que ellos mismos sean los gestores de su resiliencia”, afirma Carmen Castillo, monitora de campo del WFP.
El papel de la comunidad en estos procesos ha sido fundamental. El 80% de las cooperativas apoyadas por el WFP comercializan sus productos en el mercado local: dentro de los mismos antiguos ETCR, con comunidades aledañas y cabeceras municipales. Son iniciativas que fomentan la reconciliación, y la integración, y parten del conocimiento que tienen los excombatientes de sus territorios.
La participación en estos espacios también les ha permitido a los excombatientes establecer alianzas comerciales, conocer los parámetros y las exigencias del mercado. Han podido fortalecer su capacidad productiva y comercial para lograr estabilidad y explorar nuevos tipos de mercados privados e institucionales. La articulación institucional con el SENA y su programa Emprende Rural, facilitó la capacitación a los miembros de esta Asociación para el manejo integral de cultivos bajo cubierta.
Hoy, ya hay avances significativos que generan esperanza, tanto para los excombatientes como para toda Colombia. Según un informe de la Agencia Nacional de Reincorporación, el Gobierno Nacional ha aprobado 86 proyectos colectivos e individuales que vinculan a miles de personas en proceso de reincorporación con una inversión total que asciende a cerca de 61.000 millones de pesos.
Casos como el de Adriana, demuestran que el apoyo a los excombatientes en Colombia va más allá de un aporte económico para que se alejen de las armas. El acompañamiento de instituciones y organizaciones, las comunidades donde habitan, el esfuerzo y la unión de los reincorporados empoderan cada día a miles de colombianos que hoy le apuestan a la paz, convirtiéndose en ejemplos de resiliencia y contribuyendo a la generación de condiciones de reconciliación para el país.