Más de 150 organizaciones de la sociedad civil le piden al presidente Duque que radique el proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú

La ratificación del acuerdo que protegería a los líderes ambientales sigue en veremos y, de seguir dilatándose, el país perdería la oportunidad de aprobarlo este año. Así lo consideran más de 150 organizaciones de la sociedad civil, dentro de las que está la Alianza por el Acuerdo de Escazú, las cuales le enviaron una carta al presidente Iván Duque solicitándole que radique el proyecto para aprobar el Acuerdo de Escazú a más tardar el próximo 31 de agosto con mensaje de urgencia, esto con el fin de lograr la ratificación antes que termine el año.

Las organizaciones insisten en que, aunque el Gobierno ha manifestado su compromiso con el tratado, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, señaló públicamente que lo impulsaría y radicaría el 20 de julio, ya han pasado 30 días desde que empezó la actual legislatura y la iniciativa aún no ha sido presentada en el Congreso.

También argumentan que existe la necesidad de un acompañamiento constante por parte del Gobierno nacional durante el proceso de ratificación con el compromiso del mandatario y de su gabinete, con especial participación de la vicepresidenta –y ahora ministra de Relaciones Exteriores– y del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Aunque el presidente Iván Duque asumió el compromiso de promover el Acuerdo de Escazú desde el 12 de diciembre de 2019, y lo ha reiterado en escenarios internacionales, en la pasada legislatura el proyecto quedó archivado luego de varias dilaciones. Para que Escazú avance en esta nueva legislatura se requiere toda la voluntad política del Gobierno y que las bancadas de gobierno demuestren su apoyo a la agenda ambiental y a las personas defensoras del ambiente en las regiones. Solo así se lograría su aprobación en el Congreso antes del 16 de diciembre de 2021, lo que permitiría continuar al proyecto de ley su curso ante la Corte Constitucional”, argumentan.

La materialización de este acuerdo, señala la carta, será una muestra del compromiso del Gobierno con los derechos humanos, la protección del ambiente y el cumplimiento de la agendas ambientales, tales como la de biodiversidad, a propósito del inicio esta semana de la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para el Marco Mundial de Biodiversidad Posterior a 2020, de la cual Colombia es anfitriona.

El más peligroso para el medioambiente

En la última década Colombia ha sido catalogado el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente en el mundo y el sexto con mayor cantidad de conflictos ambientales.

De acuerdo con últimos datos de defensores ambientales asesinados en el mundo de la ONG británica Global Witness, en 2019 perdieron la vida 212 defensores de la tierra y el medioambiente, de los cuales 64 eran colombianos. Una de cada 10 víctimas era mujer.

Por esta razón, las organizaciones aseguran que en este momento una acción más inmediata para demostrar el compromiso con los derechos humanos y la protección del ambiente es radicar el proyecto de ley e impulsar su debate para lograr la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos ambientales, también conocido como el Acuerdo de Escazú, indican las organizaciones en la misiva.

Aseguran, además, que en el marco de la reactivación económica luego de la pandemia, este convenio regional representa una herramienta vital para fortalecer las inversiones. Prueba de ello es que desde organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han señalado en distintos escenarios su interés de incorporar los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú en sus políticas institucionales para garantizar inversiones sostenibles, y han recomendado su incorporación a los países de la región.

Las organizaciones reiteran la solicitud de radicar el proyecto de ley para la ratificación del Acuerdo de Escazú a más tardar el lunes 30 de agosto, y así enviar un mensaje político fuerte sobre el compromiso del Gobierno nacional con las agendas ambientales globales durante el evento de alto nivel de la PreCOP de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se llevará a cabo justamente ese día. Al llamado de las organizaciones se suman casi 17.000 colombianos a través de Change.org.

Sobre el Acuerdo

El Acuerdo de Escazú busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles:

1. El acceso a la información oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.

2. La participación ciudadana, que debe ser abierta e inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud.

3. El acceso a la justicia frente a hechos que afecten el medioambiente y los derechos humanos. En el mismo sentido, por primera vez, el Estado adoptaría medidas concretas para la protección de los defensores y las defensoras ambientales.