Gobierno se compromete a radicar proyecto de Acuerdo de Escazú antes de finalizar octubre

El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, se comprometió a volver a presentar ante el Congreso de la República el Acuerdo de Escazú.

La radicación sería efectiva antes del 31 de octubre, de acuerdo con el jefe de la cartera, quien explicó que se encuentran en socialización en diferentes zonas del país, como San José del Guaviare, Barranquilla, Armenia y continuarán hasta el 14 del mismo mes.

Esta es la segunda vez que el Gobierno Duque presentará el proyecto de ley ante el Congreso de la República, puesto que el 19 de junio de este mismo año se hundió.

La dilación por parte de los parlamentarios fue evidente, a pesar del mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo, que ha demorado en volver a radicar el proyecto de ley, considerando que podía hacerlo desde el 20 de julio pasado, cuando comenzó la legislatura.

Quienes se oponen a la ratificación del acuerdo sostuvieron en su momento que la ratificación del mismo les daría permisos a organizaciones internacionales para tener injerencia en asuntos ambientales internos, desde el punto de vista jurídico, de orden nacional. Asimismo, señalaron que no mejoraría las condiciones de los defensores de derechos humanos.

Ahora que Colombia vuelve a liderar la penosa lista de ser uno de los países más peligrosos para ejercer la protección de la naturaleza, muchos exigen el trámite expedito del proyecto en el Congreso, una vez el Gobierno lo radique.

El Acuerdo de Escazú

En diciembre de 2019, el embajador Guillermo Fernández de Soto, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú.

La firma fue una de las exigencias de los promotores de las protestas de 2019, el primer paro nacional de los últimos tiempos, impulsado por el Comité Nacional de Paro.

Sin embargo, para que se hiciese efectivo de verdad, era necesaria una ley y es por eso que el Gobierno Duque presentó el proyecto ante el Congreso, sin mucho éxito.

El acuerdo regional es una de las herramientas ambientales más importantes para esta región, pues pretende garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, busca la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, involucrar a los niños y niñas en la toma de decisiones ambientales y climáticas, entre otros.

Este es el único acuerdo vinculante que surgió de la Conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible (Río+20), es el primero por el estilo en la región y el primero en el mundo en requerir disposiciones específicas relacionadas con los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, este promueve el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.