En municipios de Boyacá y Cundinamarca se oponen a nuevas concesiones mineras

En un total de nueve municipios de estos dos departamentos, la Agencia Nacional de Minería debió suspender las audiencias de participación de terceros, ante la oposición de las comunidades y en varios casos de las propias autoridades locales, así como de concejales y entes de control, como la Procuraduría.

Estas audiencias estaban previstas para avanzar en el trámite de la entrega de nuevos contratos de concesión para proyectos mineros de carbón, esmeraldas, metales y otros minerales, en esa región.

En Floresta, Boyacá, por ejemplo, el Alcalde Julián Rincón se negó a firmar un “acta de coordinación y concurrencia” con la Agencia, en la que se informan las zonas en las que serían viables los proyectos mineros.

Rincón afirmó que con el fin de proteger el medio ambiente y las fuentes hídricas no permitirán que en este municipio se realicen proyectos extractivistas.

Por su parte, la alcaldesa de Gachetá, en Cundinamarca, Mónica Romero Parra, en un oficio enviado a la Agencia manifestó que “no es cierto que se haya realizado concertación alguna por parte de la Administración Municipal de Gachetá y mucho menos que exista un acta de concertación de las áreas susceptibles de vocación minera en el municipio”.

La mandataria también expresó su preocupación sobre los procesos de convocatoria, pues considera que la divulgación por parte de la Agencia no ha sido efectiva, dado que no se han utilizado muchos medios para efectuar este trámite y las comunidades rurales no se enteran.

Romero Parra dice que es necesario que se utilicen canales más accesibles y directos que permitan que todas las personas tanto en áreas rurales como urbanas puedan enterarse.

Le pide a la entidad encargada de otorgar estas concesiones que se realicen reuniones informativas antes de las audiencias, pues en el caso específico de este municipio, en un encuentro sostenido el pasado 24 de junio, solo asistió un representante de la comunidad, pues los presidentes de las juntas de acción comunal manifestaron su desconocimiento en torno a dicha reunión.

Juan Pablo Linares, alcalde de Gama, entre tanto, también pidió la suspensión de la audiencia pública que estaba programada para este viernes, dos de julio.

Argumentó que el tramite de convocatoria y socialización para la audiencia pública, no ha surtido el debido proceso para la misma, toda vez, que la información no ha llegado a población del municipio, pues la reunión realizada el el 24 de junio fue convocada mediante mensaje de texto a los presidentes de algunas juntas de esta población, y en la reunión hicieron presencia menos del 30 % de los representantes de las mismas, por desconocimiento de dicho encuentro.

En el escrito enviado a la ANM, sustenta que dentro del acta de coordinación y concurrencia celebrada el 26 de mayo de 2021, reunión en la que él hizo presencia, la Agencia hizo una exposición general del proceso de titulación y exploración minera, pero en este encuentro nunca se concertaron las áreas de explotación con esta entidad.

Se requieren mecanismos de participación ciudadana

En Chita, los concejales también expresaron su inconformismo con la posibilidad de que se otorguen concesiones para el desarrollo de proyectos mineros en esta zona.

Solicitaron de de manera formal la suspensión de la participación de la audiencia de terceros, hasta tanto se expida por parte del Congreso de la República la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la Ley Estatutaria de Participación, que definan uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de Coordinación y concurrencia nación territorio, que les permitan como representantes de la comunidad, participar de manera activa e incidente en las decisiones que afectan al municipio.

Para Carlos Andrés Santiago integrante del Movimiento Nacional Ambiental, “es muy grave que la Agencia Nacional de Minería no solo desconozca lo establecido por la Corte Constitucional en materia de participación, coordinación y concurrencia con estas actas, si no que ahora suplante la competencia de ordenamiento territorial y usos de suelo de los concejos municipales y motive falsamente actos administrativos con concertaciones que nunca existieron con Alcaldes”.

“Seguiremos impulsando por todo el país acciones de movilización en defensa del territorio y la naturaleza por todo el país y acompañaremos a las autoridades locales para que el Gobierno Nacional no imponga sus proyectos mineros sobre los territorios”, puntualizaron los ambientalistas.