Por amenazas a líderes ambientales, le piden a Duque frenar pilotos de fracking

Las amenazas registradas en los últimos días en contra de jóvenes que se oponen al desarrollo de pilotos de fracking en el municipio de Puerto Wilches, Santander; prendió las alarmas entre ambientalistas, académicos y congresistas que le piden al presidente Iván Duque y en general al Gobierno, la suspensión de los mismos con el fin de evitar un conflicto social de mayor magnitud. 

El Foro Nacional Ambiental (FNA), junto con algunos investigadores que pertenecen a entidades vinculadas a esta misma organización y que fueron miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) que elaboró el “Informe sobre efectos ambientales (sociales, físicos y bióticos) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de ”fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal”, en una comunicación enviada al primer mandatario, así como a varios de sus ministros, rechazaron las recientes amenazas a miembros de organizaciones sociales que se oponen al fracking.

_{Las protestas en torno al desarrollo de la técnica de fracking han sido frecuentes en el país. Foto: Mauricio Ochoa Suárez}

Consideran que estas amenazas son opuestas y contrarias al espíritu de lo propuesto por la CII, la cual planteó transparencia, diálogo y activa participación ciudadana en el proceso previo a la ejecución de los pilotos de fracking, durante su ejecución y en la posterior evaluación integral para definir sobre la pertinencia o no de esta técnica de exploración de hidrocarburos en el país. 

Para ambientalistas y académicos, la violencia directa o simbólica en un territorio afecta la relación de confianza entre Gobierno, empresas y comunidades, por lo que este tipo de acciones son contrarias a lo planteado.

"Nos sumamos a las peticiones ante los órganos del Estado para que como les corresponde investiguen, esclarezcan y actúen en derecho para impedir que estas amenazas prosperen o se repitan", dice la comunicación oficial en la que aseguran, además, que con estos actos de violencia es evidente que no se crearán las condiciones para validar la ejecución de los pilotos de fracking, por lo que con el fin de evitar mayores costos sociales sería necesario suspenderlos. 

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Ratificaron que en diciembre del año pasado ya le habían enviado una comunicación a los ministerios de Minas y Energía y Ambiente y Desarrollo Sostenible en la que se propuso la participación de universidades y pares académicos en los procesos de seguimiento y evaluación que incluyen aspectos sociales, económicos y ambientales.

"La licencia social no se puede gestionar bajo amenazas y para avanzar con los PPII el Gobierno de Colombia debe garantizar las condiciones para una participación abierta y segura de todos los grupos de interés. Esto requiere como condiciones iniciales coordinación interinstitucional y concurrencia de competencias para hacer viable la ejecución de los PPII en el marco de una migración en la matriz energética nacional", argumentan.

En esa misma línea, un grupo de 34 congresistas enviaron la semana pasada otra carta al presidente Duque en la que rechazaban las amenazas en contra de varios jóvenes opositores a los proyectos pilotos de fracking en Puerto Wilches, integrantes del Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio en el municipio (Aguawil), al igual que las perpetradas en contra de otras organizaciones pertenecientes a la Alianza Colombia Libre de Fracking en Barrancabermeja, Santander, y San Martín, Cesar.

_{En los municipios donde se realizarían los proyectos pilotos de fracking, un sector de la población no esta de acuerdo con su implementación ante los impactos ambientales y sociales que podría generar esta técnica. Foto: archivo / Semana.} 

“Los hostigamientos han coincidido con debates públicos alrededor del cuestionamiento a los pilotos, y han sido ejecutados de manera directa por sujetos armados que ocultan su identificación y que, abiertamente, justificaron sus amenazas por el activismo social que desarrollan los jóvenes de Aguawil. El mensaje es claro: “Quédense quietos”. Adicionalmente, miembros de la Policía han quitado afiches de “No al Fracking en Puerto Wilches” pegados por integrantes de este comité, en una clara persecución de su trabajo como defensores ambientales”, señalan en el documento los congresistas.

Para los senadores y representantes a la Cámara, el país está ante un conflicto social y ambiental complejo que enfrenta a partes muy desiguales y que demanda acciones urgentes del Estado para hacer respetar la ley y garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad de quienes cuestionan un modelo de desarrollo basado en este tipo de extracción de recursos.

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“En ese sentido, con independencia de la decisión futura que se tome alrededor de los Yacimientos No Convencionales, nos genera una honda preocupación que este debate y que la exigencia de licencia social, entendida como aprobación o aceptación sin objeciones de las comunidades a los proyectos extractivos, sea tramitada, promovida o coadyuvada por medios violentos, represivos e ilícitos, coartando gravemente una multiplicidad de derechos fundamentales como el derecho a la movilización y la protesta social”, indica la misiva.

_{Ante las amenazas a los líderes que se oponen al desarrollo del fracking, distintas organizaciones pidieron al presidente Duque que suspenda los pilotos. Foto: archivo / Semana.} 

Ante este panorama, los congresistas solicitaron con urgencia proteger la vida, seguridad e integridad de los integrantes de Aguawil, sujetos de especial protección, en su calidad de jóvenes. Exigieron a la Fiscalía General de la Nación la priorización para investigar a los autores intelectuales y materiales de las amenazas, el esclarecimiento de los hechos y la judicialización efectiva de los responsables. 

Le pidieron, además a Ecopetrol, como operadora del proyecto piloto en Puerto Wilches, garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las etapas de implementación de dichos proyectos, en aplicación coherente y eficaz de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) de 2011, que como empresa mayoritariamente estatal le corresponde.

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La carta fue firmada por Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Angélica Lozano, Wilson Arias, Criselda Lobo, Iván Marulanda, Juan Carlos Losada, Mauricio Toro, Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, entre otros. 

Frente a las amenazas recibidas, desde la Alianza Colombia Libre de Fracking hicieron un llamado a Duque para que se suspendan de inmediato los proyectos piloto como medida urgente para salvaguardar los valores democráticos, "la vida estos jóvenes y de quienes en Puerto Wilches y la región del Magdalena Medio, se oponen a la imposición del fracking".