MEDIOAMBIENTE

Le piden al Gobierno cumplir la promesa de radicar el proyecto del Acuerdo de Escazú ante el Congreso

Organizaciones civiles y académicas reiteran la importancia de que en tiempos de crisis el Gobierno confirme su liderazgo por la democracia ambiental y la protección de los defensores de sus territorios y los ecosistemas.

22 de julio de 2021
Los defensores del medio ambiente se oponen a prácticas como el fracking. Foto: León Darío Peláez.

Si bien en un par de oportunidades el Gobierno, a través del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, ha anunciado que volverá a radicar ante el Congreso el proyecto el Acuerdo de Escazú, a la fecha la iniciativa aún no aparece en el listado de las iniciativa presentadas ante el Legislativo.

Por esta razón, la Alianza por el Acuerdo de Escazú, de la que forman parte diferentes organizaciones de la sociedad civil y académica, reiteró que el Ejecutivo debe cumplir su promesa, la cual se expuso a finales de la pasada legislatura luego de que el proyecto no fuera debatido, a pesar de haber sido radicado.

La Alianza señala que después de un año de debate público en el Congreso sobre el contenido y alcance de este convenio internacional, que busca proteger los derechos de quienes se dedican al cuidado y la protección del medioambiente, y pese a que el Gobierno ha manifestado su voluntad de promoverlo en la nueva legislatura, todavía no aparece radicado en el Congreso.

Los indígenas son los defensores ambientales más afectados por la violencia en Colombia. Foto: Esteban Vega /SEMANA. | Foto: archivo/Semana

¿Cuándo se presentará?

De acuerdo con los planteamientos de la Alianza, Colombia necesita el Acuerdo de Escazú de manera urgente. “Los movimientos sociales, comunitarios y juveniles, la academia y la banca multilateral, han manifestado en diversos espacios de diálogo, pedagógicos y audiencias públicas la importancia de este instrumento para la prevención de los conflictos ambientales, el fortalecimiento de democracia ambiental y la protección de las personas defensoras del ambiente”, afirman.

Esta herramienta regional fortalece las capacidades nacionales y promueve la cooperación internacional, lo cual le permitirá al país avanzar hacia el desarrollo sostenible de manera justa, promoviendo una relación más armónica entre la naturaleza y las personas a través del fortalecimiento de los derechos de acceso y la protección de los defensoras del ambiente en el marco de un proceso participativo para toda América Latina y el Caribe.

“Es, en esencia, una irrepetible oportunidad de unirnos como sociedad para afrontar la crisis climática y ecológica”, manifiestan.

Destacan el hecho de que congresistas de diversas bancadas y sectores políticos hayan manifestado su apoyo al Acuerdo y su disposición de aprobarlo. “Hacemos, en ese sentido, un llamado respetuoso al Gobierno a que honre su palabra y radique de inmediato y con mensaje de urgencia el Acuerdo de Escazú”.

Las marchas contra el fracking y la exigencia de la protección de los recursos naturales son frecuentes en el país. Foto: Mauricio Ochoa/SEMANA | Foto: Mauricio Ochoa

Estas organizaciones, dentro de las que se encuentran, la Universidad del Rosario, WWF, Dejusticia, la Universidad de los Andes, Ambiente y Sociedad y el Movimiento Ambientalista Colombiano, entre muchas otras, reiteran la importancia de que en tiempos de crisis el Gobierno confirme su liderazgo por la democracia ambiental y la protección de las personas defensoras del ambiente.

“La presentación del proyecto de ley ante el Congreso es una muestra de voluntad política en la promoción de una agenda ambiental que promueve la del desarrollo sostenible 2030. El proyecto de ley y la exposición de motivos ya están listos, solo falta su radicación con mensaje de urgencia y que se agenden los debates para su aprobación”, concluye la Alianza.

Es de recordar que el proyecto fue presentado en la pasada legislatura por el Gobierno al Congreso con mensaje de urgencia; sin embargo, nunca se debatió. Los gremios económicos se han opuesto de manera abierta al proyecto, mientras que muchos congresistas han insistido en la necesidad de que se apruebe su ratificación.

Para Colombia, la firma de este acuerdo es determinante, pues es el país más riesgoso para ejercer la defensa del ambiente y el territorio, según el más reciente informe de la ONG británica Global Witness, según el cual en el territorio nacional perdieron la vida 64 defensores y defensoras en 2019.