¿Cómo podrían nuevas leyes ambientales ayudar a combatir la crisis planetaria?

La propuesta que busca que se cree el ecocidio como una nueva categoría de crimen internacional, con el fin de castigar a quienes atentan de manera indiscriminada contra la naturaleza, avanza y genera expectativa entre quienes consideran que los tribunales juegan un papel determinante en la protección de los ecosistemas.

Expertos en leyes la definieron y presentaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en caso de ser admitida se convertiría en la quinta categoría de delitos que se juzgan en este organismo multilateral, junto con los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión.

El propósito de juristas, expertos, ambientalistas y académicos es que se pueda penalizar la destrucción a gran escala de los ecosistemas y que las empresas que cometen delitos ambientales paguen por el daño que, de manera reiterada, le causan al planeta.

Este paso se convierte en un hecho histórico que pone sobre la mesa una vez más la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente y cómo el mundo ha comenzado a registrar avances en derecho ambiental, un tema que hoy es tendencia global.

Los activistas consideran que se puede hablar de ecocidio aludiendo a problemáticas como la deforestación masiva de la Amazonia, el cambio climático, las mareas negras, la sobrepesca industrial, la extracción petrolera y minera o la contaminación atmosférica. Es por esta razón que el ecocidio no está destinado a castigar a los pequeños, sino a grandes agentes causantes de las afectaciones a la naturaleza.

Según la Organización de Naciones Unidas, ante la crisis planetaria están surgiendo nuevas soluciones, enfoques e ideas, y los gobiernos están poniendo a la naturaleza en el centro de la toma de decisiones y haciendo un reconocimiento de los derechos de la naturaleza.

“Cada vez más empresas están asumiendo compromisos de “cero emisiones netas” y reconsiderando sus actividades, operando en un nuevo panorama regulatorio de mayores responsabilidades ambientales, sociales y de gobernanza”, indica la ONU.

Andy Raine, jefe de la Unidad de Derecho Internacional de la División de Derecho del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), asegura que la pandemia ha demostrado que la salud humana y la planetaria están profundamente interrelacionadas.

“El 60 % de todas las enfermedades infecciosas son zoonóticas, lo que significa que se transmiten entre animales y humanos. Aunque las pandemias mundiales como la covid-19 dominan los titulares, otras enfermedades zoonóticas, como la malaria, el ébola y la enfermedad de Lyme, matan a más de 2 millones de personas cada año, principalmente en los países en desarrollo”.

Esta situación se genera debido a que el desarrollo desenfrenado provoca que los humanos y los animales estén cada vez más cerca, lo que facilita la transmisión de enfermedades entre especies. En su opinión, la evidencia de que el mundo se enfrenta a una triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación y desperdicio, es cada vez más difícil de ignorar.

Pérdida de bosque

La penalización de los delitos ambientales es determinante, pues cada año el mundo pierde 7 millones de hectáreas de bosques, un área del tamaño de Portugal y como si esto fuera poco, alrededor de un millón de especies de animales y plantas están amenazadas de extinción, un proceso que podría darse en cuestión de décadas.

Las cifras son dicientes. Según los análisis del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, los seres humanos han alterado 75 % de la superficie terrestre y 66 % de las áreas marinas. Esta grave situación de afectaciones al medio ambiente y el cambio climático, han incrementado las demandas contra los gobiernos en búsqueda de salidas que permitan mitigar la crisis climática.

Según la ONU, en los últimos cuatro años se han registrado 1.550 procesos judiciales en 38 países y se ha evidenciado que casi todos los meses hay un juicio significativo o incluso histórico en torno a decisiones que apuntar a proteger el medio ambiente.

Por ejemplo, en mayo pasado, un tribunal de los Países Bajos ordenó a Royal Dutch Shell reducir sus emisiones 45 % para 2030. En la misma semana, el Tribunal Federal de Australia dictaminó que el Ministro de Medio Ambiente tenía la obligación de proteger a los niños australianos de los impactos del cambio climático. Los tribunales de todo el mundo también están recibiendo cada vez más casos de contaminación del aire, presionando a los gobiernos para que cumplan con los límites legales.

Una de las razones de esto, dice la ONU, es que los ciudadanos toman cada vez más conciencia y ejercen sus derechos humanos a un medio ambiente limpio. Los jueces también son cada vez más conscientes del papel fundamental que desempeñan en materia climática y de medio ambiente y van adquiriendo mayores capacidades en este espacio.