Congreso: ¿de espalda a la crisis ambiental?

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo con más de 50.000 especies de flora y fauna registradas; seis nevados, 44 % de los páramos de Sudamérica, cinco vertientes hidrográficas, 30 grandes ríos, 1.277 lagunas y más de 1.000 ciénagas. Sin embargo, proteger esta riqueza natural se ha convertido en una labor de alto riesgo.

Óscar Sampayo es un líder ambientalista, defensor de derechos humanos, que desde hace siete años se ha dedicado a ser la voz de la naturaleza en el Magdalena Medio colombiano, una de las zonas de mayor conflicto en el país. Investigar procesos de contratación que van en contra de los recursos naturales, velar porque las fuentes hídricas no sean contaminadas y que las personas respiren un mejor aire, son solo algunas de las misiones que se ha impuesto. Pero esta decisión le ha costado, pues las amenazas por parte del bloque Magdalena Medio y del bloque Occidental del autodenominado grupo Águilas Negras, no se han hecho esperar.

Las intimidaciones a Sampayo se han acentuado en los últimos ocho meses, pues el trabajo realizado por la Corporación Regional Yariguíes - Grupo de Estudios Sociales, Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, de la cuál es representante legal, no han caído bien entre quienes anteponen los intereses económicos en la región, a la protección del medio ambiente.

Al igual que Sampayo, por lo menos otras 20 personas han sido víctimas de las intimidaciones en la región. Sus actuaciones le han valido denuncias por calumnia e injuria y procesos judiciales por falsa denuncia. A su juicio, la Fiscalía investiga más a quienes trabajan en defensa de la naturaleza, que a las empresas que causan destrucción ambiental.

Al igual que este hombre, que se dedica a la protección de cuerpos de agua como las ciénagas San Silvestre, El Sauzal, El Llanito, El Opón, San Rafael de Chucurí en Barrancabermeja, la de Paredes junto a sus pescadores de Puerto Wilches y otras más del Magdalena Medio, hay miles de personas que en el país han optado por proteger los recursos naturales y cuya integridad está en permanente riesgo.

Para estos defensores es inadmisible que hasta este viernes el Congreso no hubiera votado la ratificación del Acuerdo de Escazú, en un país en donde la biodiversidad es una de las principales riquezas, pero que cuidarla cuesta vidas.

Colombia es el país más inseguro para los defensores de la naturaleza. Según la ONG británica Global Witness, de los 212 protectores de la tierra y del medioambiente que fueron asesinados en 2019 en el mundo, 64 eran colombianos.

Aunque las cifras son contundentes, a un día de terminarse la presente legislatura, el futuro en torno a este convenio regional que busca proteger los derechos de los defensores ambientales, aún es incierto. Lo que se conoce es que el anuncio de la citación a la votación se haría este sábado en la mañana, y así ésta se llevaría a cabo el domingo. Sin embargo, si no hay anuncio el sábado, el domingo la legislatura cierra y el proyecto se archivaría por vencimiento de términos.

Para Sampayo la ratificación por parte de Colombia de este Acuerdo es clave, pues es una herramienta que ayuda a regularizar este tipo de situaciones ya que otorga mecanismos para que los defensores no se enfrenten a todo tipo de persecusiones.

También brinda la posibilidad de hacer veedurías a los procesos y a los proyectos desarrollados por las empresas, un tema en el que Colombia tiene muchos vacíos.

“Esto ayudaría a que las empresas compartan información de manera transparente, que se puedan identificar los posibles impactos ambientales y sociales”, manifiesta Sampayo, para quien es inadmisible que el país esté perdiendo la oportunidad de obtener recursos de cooperación internacional que serían claves para desarrollar proyectos de protección ambiental, pues ratificar el Acuerdo permitirá que la banca multilateral financie proyectos en este sentido.

¿Promesas incumplidas?

Colombia firmó este acuerdo a finales de 2019, en medio de la presión social generada por el paro y producto del compromiso adquirido en las mesas de concertación con el sector ambiental. En ese momento el presidente Iván Duque se comprometió a ratificarlo y por eso el pasado 20 de julio el Ejecutivo radicó en el Congreso el proyecto de ley tendiente a obtener el aval para cumplir con este trámite.

Sin embargo, la iniciativa durmió el sueño de los justos durante cerca de 11 meses, a pesar de la presión ejercida por quienes consideran que este es un proyecto clave en la transición que el país debe hacer en su legislación con miras a enfrentar los retos que se avecinan por cuenta del cambio climático.

La bióloga y doctora en ecología, Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos y profesora de la Universidad de Los Andes, lamenta que los congresistas no estén leyendo la urgencia de adaptar la legislación de cara a la crisis ambiental que enfrenta el mundo y de la cual Colombia no es ajena. “Hay una minimización de la urgencia y una desconexión real para entender a lo que está sucediendo”, asegura.

En su concepto, preocupa la ratificación de mitos y discursos errados que se han manejado en otros países que no son reales, como el tema de la posible pérdida de soberanía del país en caso de entrar a formar parte del acuerdo regional. “Con estos discursos se están generando miedos y pareciera que se está legislando en beneficio de unos pocos y no de cara al bien común del futuro”, dice.

En similar sentido se pronuncia Gustavo Guerrero, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia (Ceplac), para quien el país desaprovecha una oportunidad de oro en caso de no ratificar el acuerdo, pues se le está dando más importancia a los mitos urbanos y la contaminación ideológica, que a los retos que se enfrentan en materia ambiental.

Para Vilardy, la biodiversidad es uno de los principales activos que tiene el país y todas las plataformas multilaterales, no solo las ambientales están haciendo el llamado para que los países hagan las transiciones para evitar que el mundo se vuelva más peligroso climáticamente hablando.

Considera que la negación a aprobar la ratificación del acuerdo de Escazú, contribuye a normalizar conductas poco éticas en las que asesinan a las personas sin que se cuente con los reales mecanismos de protección. “Pareciera que el mismo ejecutivo tiene dificultades para impulsar y sacar adelante los proyectos que en materia ambiental ha propuesto”.

Manuel Rodríguez, ex ministro de Ambiente y presidente del Foro Nacional Ambiental, indica que hace muchos años no se había visto un Congreso tan retardatario en materia ambiental. En su concepto, no es claro cómo cuando el planeta se enfrenta a una crisis ambiental global y aún más grave en Colombia por los crecientes niveles de deforestación y la pérdida de biodiversidad, no se toman las decisiones indicadas.

“El Gobierno tiene el poder político para hacer aprobar las leyes y es urgente que las legislaciones se ajusten a los cambios que exige el mundo”, precisa.

Guerrero indica que Escazú es urgente y necesario y supone un avance en los estándares de la gestión ambienta, además de ser un compromiso del Gobierno, por eso él mismo debe hacerle frente a los mitos que se han generado en torno al tema.

“Este es un acuerdo clave en el afianzamiento de acciones legislativas y reglamentarias que brinden certeza a quienes trabajan desde diferentes frentes trabajan y abordan los asuntos ambientales”, manifiesta.

Fracking

Algo similar a lo que sucede con Escazú se registra con el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país, el cual debía votarse en primer debate de la presente legislatura para que no se hundiera.

El proyecto, presentado el año pasado por más de 45 congresistas del partido Verde, Polo Democrático, MAIS, Liberal, Colombia Humana/Decentes, Comunes, la U y Cambio Radical, y que busca la protección del agua, la naturaleza y las comunidades ante el riesgo que representan este tipo de prácticas no convencionales en el contexto de la crisis climática, quedó a punto de ser hundido el pasado miércoles; sin embargo, hasta este viernes estaba agendado para su discusión este sábado.

Al respecto, Manuel Rodríguez dice que se trata de un tema complejo y no se puede desconocer que en muchos países que tienen recursos como el gas, estas técnicas han recibido el aval para su desarrollo. Sin embargo, también llama la atención de que en Colombia si bien hay una serie de recomendaciones por parte de la Comisión de Expertos creada para tal fin, el Gobierno no las está atendiendo.

Solo con estas dos decisiones, el Congreso pareciera ir en contravía de la realidad climática que vive el mundo y en la que no se puede desconocer que todo lo que afecte el medio ambiente, le costará caro a las próximas generaciones. Esperemos que el fin de semana estos proyectos tomen un nuevo aire.