Deforestación sin control en Colombia, la tragedia que marca el Día del Medio Ambiente

Este 5 de junio, se celebra una vez más el Día Mundial del Medio Ambiente, que tienen como fin crear conciencia y generar acciones para hacerle frente a las graves afectaciones que sufre la naturaleza, y esta vez el foco está puesto en la restauración.

Se trata de una de las fechas más importantes en el calendario oficial de la Naciones Unidas para concienciar a gobiernos, empresas y sociedad civil de la importancia de fomentar, sin escatimar esfuerzos ni recursos, en acciones climáticas y ambientales que permitan evitar el colapso.

Este sin duda es uno de los grandes retos globales y en los que las personas deben adquirir un gran compromiso, pero en Colombia tal vez es un desafío mayor, porque a pesar de ser considerado como el segundo país más biodiverso del mundo, la deforestación está generando impactos irreversibles en la naturaleza y se ha convertido en la principal problemática ambiental.

Si bien se desconocen las cifras oficiales de tala de bosque para 2020, expertos temen que este flagelo se haya incrementado por cuenta de la pandemia, que está siendo aprovechada por grandes grupos y mafias para apropiarse de terrenos baldíos en la Amazonia, principalmente.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, considera que el 2020 fue un muy mal año y se pudo haber regresado a una condición similar a registrada en 2018, cuando según las cifras oficiales del Ideam, la tala de bosques fue de 197.159 hectáreas, de las cuales 138.176 se arrasaron en la Amazonia. En 2017, el dato superó las 219.000.

“Es claro que la deforestación no muestra una tendencia a la baja y, por el contrario, cada día las áreas de las que se apropian los grupos ilegales son mayores, lo que indica que no son los campesinos los que están detrás de esta problemática. Son muy importantes los acuerdos logrados con las comunidades campesinas para proteger los bosques; sin embargo, ellos no son los grandes deforestadores”, dice.

Para 2019, la cifra de pérdida de bosque fue de 158.983 hectáreas, según el Ideam y datos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina (MAAP), indican que en 2020 se deforestaron al menos 140.000 hectáreas, con gran impacto en parques nacionales y reservas indígenas. Sin embargo, los ambientalistas creen que esta cifra está muy por encima y esperan que el Gobierno de a conocer esa información oficial.

En su concepto, en las zonas donde más se deforesta hay un gran problema de gobernabilidad pues las condiciones, normas y contextos locales son muy diferentes, a lo que se adiciona que las fuerzas que operan en esas regiones son más fuertes que el propio Estado.

A su juicio, ni la Unidad de Parques, ni el Ministerio del Interior, ni la Agencia Nacional de Tierras tienen la capacidad, por sí solos, de abordar este problema. “Es necesario abordar de manera detallada y diferenciada según las zonas, comunidades, historias de relacionamiento, tipos de uso del suelo y problemas de ilegalidad presentes, para determinar las competencias interagenciales que se requieren, así como una capacidad de inversión a largo plazo, con un componente de concertación social y político de alto nivel, que incorpore los acuerdos de paz de manera sinérgica en las zonas con mayor conflictividad”.

Según Amazon Conservation existe un “arco de deforestación” al noroeste de la Amazonia colombiana, impactando numerosas áreas protegidas y reservas indígenas. La Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua y Serranía de la Macarena son los parques nacionales naturales en donde los deforestadores centraron su actuar entre septiembre del 2020 y febrero de 2021. Solo en Chiribiquete se talaron más de 1.000 hectáreas en este lapso.

Crecimiento del hato ganadero

Botero, quien se ha dedicado durante años a analizar esta problemática en la Amazonia, dice que la construcción de carreteras y el crecimiento del hato ganadero tienen una correlación directa con la deforestación.

Según datos analizados por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, en 2016 ocho de los municipios amazónicos más deforestados albergaban un poco más de un millón de vacas. El año pasado esa cifra superó los 2 millones.

El crecimiento del hato ganadero en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, la Macarena, El Retorno, Calamar, Mapiripán y Solano es directamente proporcional a la deforestación en la zona más biodiversa del planeta.

La Reserva Forestal de la Amazonia, las áreas protegidas, los resguardos indígenas y las áreas de campesinos es donde los grupos que actúan al margen de la ley han centrado su accionar.

Avances del proyecto de ley

En medio de esta coyuntura, se destaca el avance del proyecto de Ley de Delitos Ambientales, el cual está a un debate y una conciliación de convertirse en ley. Esta iniciativa apunta a endurecer las penas para quienes cometan delitos contra el medio ambiente y debe surtir su último debate en la presente legislatura para que no se hunda.

El autor de este proyecto, que fue radicado en 2019, Juan Carlos Losada, destaca su avance en el Congreso y explica que al mismo se le realizaron modificaciones luego de conocer que el Gobierno radicaría otra iniciativa en el mismo sentido. Tras lograr acuerdos con las diferentes entidades involucradas en la iniciativa gubernamental, Losada recalca sus beneficios, pues delitos como la deforestación, la apropiación ilegal de baldíos y el tráfico de fauna, entre otros, se constituirán en delitos penales.

“Este proyecto es clave porque endurece las penas y fortalece la institucionalidad, más cuando es claro que son las bandas organizadas de manera ilegal las que se dedicaron a tumbar el bosque. Esto obedece a unas lógicas económicas, sociales y hasta políticas”, manifiesta.

En su concepto, si bien se están adelantando acciones tendientes a hacerle frente a estas mafias y se han dado golpes certeros en algunos casos, lo cierto es que no hay una política pública real en torno a esta problemática, como tampoco se aplica el diálogo social.

Al analizar salidas a esta problemática, la más grave en materia ambiental que vive el país, Raúl Gallegos, director de Control Risks, consultora de riesgos, manifiesta que hay fondos de inversión con enfoque medioambiental y empresas privadas interesadas en apoyar la reforestación en los principales parques nacionales.

En su concepto, el gobierno haría bien en crear incentivos fiscales y de otro tipo para fomentar la reforestación, pero sobre todo proveer esquemas de seguridad para enfrentar el riesgo generado por los grupos narcotraficantes que siembran coca dentro y alrededor de parques nacionales.

En torno a que el gobierno no presente la cifras oficiales de deforestación, Gallegos asegura que lamentablemente, en países donde la pobreza y las economías ilegales priman, el tema de la reforestación y la urgencia del cambio climático siempre serán secundarios en el orden de prioridades políticas.