Diariamente se están talando 500 hectáreas de bosque en Colombia

La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente a todas las autoridades en el país para que tomen cartas en el asunto frente a la grave situación a la que ha llegado la deforestación en Colombia, la cual calificó como una “masacre ambiental” tras revelar que cada año son taladas alrededor de 170.000 hectáreas de bosque en promedio.

El contralor delegado para el Medioambiente, Gabriel Jurado, indicó que esto significa que diariamente se está talando 500 hectáreas de bosque, siendo la región Amazónica la más afectada por este flagelo, promovido principalmente por organizaciones al margen de la ley.

“Hace 30 años, en el año 1990, Colombia tenía algo así como 65 millones de hectáreas de bosques. Hoy esa cantidad está por el orden de 59 millones. Es decir, hemos perdido en 30 años más de 5 millones de hectáreas de bosque”, puntualizó.

La Contraloría consideró que esta es una situación muy grave, dado que se están rompiendo los ciclos de conectividad biótica de todos estos ecosistemas y, por consiguiente, se está generando un daño irreparable en el medio ambiente.

“El tema del cambio climático nos está golpeando y cerca del 60 % de las emisiones de CO2 que se emiten en el país son producto de estos procesos de deforestación, particularmente por las quemas que se están haciendo”, enfatizó el Delegado de Medio Ambiente.

Deforestación en la Amazonía y Chocó

La Contraloría General de la República indicó que el 65 % de la deforestación en Colombia se encuentra concentrada en la Amazonia, principalmente, como consecuencia de la falta de políticas públicas y fiscalización por parte de las autoridades regionales.

Ante esto, este órgano de control ha evaluado en años anteriores el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el control de la deforestación en dicha zona por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas que tienen jurisdicción en la región y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Gracias a esto se pudieron evidenciar problemáticas como que los planes y políticas nacionales no se llegan a implementar completamente, se ponen en práctica de forma tardía o no avanzan en la forma que se prevé o se requiere.

Así mismo se advierte una baja asignación de recursos por parte del Estado y mayor presencia de la financiación de la cooperación internacional, generando debilidad en las fuentes de financiamiento. También se evidenciaron debilidades en materia de gestión y control de permisos de aprovechamiento forestal que otorgan las autoridades ambientales.

“La deforestación se origina en razones sociales, institucionales, económicas y legales, procesos de colonización y expansión ilegal de la frontera agrícola, políticas mineras, agropecuarias, cultivos ilícitos y narcotráfico, construcción de infraestructura, carencias y debilidades institucionales, así como conflictos de propiedad de las tierras y legalidad”, subrayó la Contraloría.

Por otra parte, un informe de auditoría realizado por esta entidad, sobre la deforestación en el Chocó, dejó ver debilidades en el control, vigilancia y seguimiento de la movilización de los recursos forestales maderables explotados en este departamento.

También se encontraron deficiencias en el procedimiento o trámite de expedición de permisos de aprovechamiento forestal, otorgados por esta misma Corporación en las vigencias 2018, 2019 y 2020 y se advierten debilidades en el desarrollo de los procesos sancionatorios ambientales, relacionados con la deforestación en Chocó.

Vigilancia al Plan Nacional de Desarrollo

Ante la situación descrita, mediante el ejercicio del control concomitante y preventivo, la Contraloría General de la República está realizando un seguimiento permanente al funcionamiento, tareas y actividades que desarrolla el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef).

De acuerdo con la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, a 2022 se plantea la reducción de la deforestación en un 30 % con respecto al escenario actual y la Contraloría indicó que “le tiene puesta la lupa” al cumplimiento de dicho objetivo y a que ese avance se respalde y evidencie con cifras claras y concretas.