Horror en las selvas del Pacífico: especies de árboles están por desaparecer

Ochenta años ha vivido a las orillas de los ríos San Juan (Chocó) y Naya, entre los departamentos de Cauca y Valle. Solo basta con mirarlo para sentirse intimidado. Con 40 metros de altura y al menos 70 centímetros de ancho no es para menos. El chanul es un árbol imponente, pero paradójicamente el gran tamaño que tiene es lo que lo hace más vulnerable. Está en peligro crítico de extinción a nivel mundial.

Cuando las motosierras suenan en los bosques del Pacífico, las aves, los micos y otros animales silvestres que viven allí huyen; su protector, el gran chanul, está próximo a caer. Muchas de las especies no alcanzan a llegar muy lejos antes de morir.

Los taladores de bosque son su mayor verdugo. A decir verdad, para los investigadores de la dirección de carabineros y cuidado del medioambiente de la Policía Nacional de Colombia (Dicar), muchos son campesinos que ancestralmente han vivido del negocio de la madera, pero que son instrumentalizados por el mercado negro, del que sacan ventaja las organizaciones criminales más temidas del país.

Disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo son facilitadores de los ecocidios que se están cometiendo. Sus comandantes son los que dan los permisos para que corten árboles y los transporten. Cobran el 10 % de lo que vendan los “empresarios” de la madera que mueven el negocio en la clandestinidad.

El final que tiene uno de esos árboles que durante décadas sirvió de pulmón para el planeta es muy triste, su vida solo vale de $30.000 a $40.000, ese el valor que recibe el talador por cada árbol y varía dependiendo de lo lejos que esté de la orilla del río, que cada vez es más distante porque los que crecieron en las riberas ya fueron talados y no hubo una resiembra, por lo cual están próximos a desaparecer.

La madera de este árbol es catalogada como una de las más finas del planeta, pues su calidad no deja que el agua se filtre. Con ella construyen ferrocarriles, puentes, carrocerías de camiones y cabañas, o la venden en láminas para muebles de lujo. Una vez el chanul está en el piso, lo cortan en trozos de aproximadamente 3 metros, es decir, lo dividen en 10 o 12 partes. Por día se talan en promedio tres hectáreas y cada hectárea tiene alrededor de mil árboles.

Luego de que tienen todos los troncos hechos trizas, los amarran con guayas metálicas y empiezan a unir uno a uno, los dejan como si se tratara de una espina de pescado. La única manera de sacarlo es por vía fluvial, atan lo que coloquialmente llaman un “chorizo”, de unos 3 kilómetros de largo por los ríos que desembocan en el puerto de Buenaventura. Por cada árbol se paga $80.000 pesos de transporte. Son halados por una lancha en un recorrido puede tardar hasta una semana.

En esas regiones del país los ríos funcionan como autopista para comunicar a las comunidades. Los troncos ocupan gran parte del afluente causando accidentes de las embarcaciones en la que se movilizan los pescadores, niños que van a las escuelas, entre otros. En cada tramo los grupos ilegales van cobrando peajes y cuotas. Evidentemente, la modalidad de “choriceo” no pasa desapercibida. Entonces, ¿cómo logran burlar los controles de las autoridades ambientales?

En Colombia hay zonas que tienen autorización para talar, según la especie y el predio, siempre y cuando se cumpla con unas normas de reforestación y autosostenibilidad. Los delincuentes están alterando documentación para hacer pasar el chanul como uno de esos árboles que están autorizados para la industria.

En una investigación de más de tres años, la Policía y la Armada Nacional encontraron a una organización dedicada al tráfico ilegal de madera que, según el general Alejandro Barrera, director de la Dicar, “utilizaban rutas ilegales en los bosques y cuando eran abordados por las autoridades presentaban salvoconductos vencidos, reutilización y falsificación de estos documentos y otros permisos; incluso, en medio de la investigación, no se descarta corrupción de funcionarios regionales que expiden los permisos de tránsito”, dijo a SEMANA el general Barrera durante el recorrido.

Esta semana, en uno de los más recientes operativos fueron capturadas 11 personas por los delitos de financiación de la deforestación, aprovechamiento y daño de recursos ambientales. “Se presentaron ante un juez en Buenaventura todas las pruebas de que esta es una organización que ayuda a fortalecer los grupos ilegales mientras sacan provecho de recursos naturales que están en áreas ambientalmente protegidas y el juez los dejó en libertad”, dice el general Barrera con evidente frustración. En el operativo participaron 213 uniformados de la Policía y la Armada Nacional con un despliegue de aeronaves y embarcaciones.

La investigación, que durante tres años se viene adelantando, demostró que la organización a la que pertenecen esos hombres viene delinquiendo desde el año 2015, y han transportado más de 10 millones de metros cúbicos de madera en vías de extinción, lo que es equivalente a 3.400.000 árboles. Para entender la dimensión, si cada árbol fuera un ser humano, es como si se eliminara toda la población de Cali –2.227.642– y municipios aledaños.

Los detenidos aceptaron cargos y se comprometieron a restablecer los daños, por lo cual el juez consideró que no eran un peligro para la sociedad y les dio beneficios excarcelables, sin tener en cuenta que una sola hectárea talada deja de producir 130 toneladas de oxígeno, lo que significa que esta organización en seis años taló 418 hectáreas, equivalentes a 54.340 toneladas de oxígeno, acción que afecta a monos titis grises, micos maiceros, ranas venenosas, cotorras, ardillas, iguanas, entre otras especies de fauna. ¿Cómo se supone que van a reparar el daño si cada árbol tarda en alcanzar su madurez medio siglo?

Esos troncos terminan en los aserraderos de Buenaventura, donde los procesan en máquinas que hacen las veces de un gigantesco tajalápiz, cada uno avaluado en 1.200 millones de pesos. De esta manera convierten al majestuoso chanul en delicadas láminas de madera. El dueño del aserrío vende cada trozo ya procesado en aproximadamente $400.000, ahí en Buenaventura.

El puerto es el punto estratégico para el tráfico de la madera, pues en carros de carga transportan las láminas hasta el centro del país, donde ese mismo paquete lo venden en empresas de muebles de Bogotá a $2.000.000. Otras toneladas de madera son empacadas en embarcaciones hacia Panamá y Estados Unidos, donde el precio se triplica, es decir, $6.000.000, generando ganancias a las organizaciones criminales por más de 1.500 millones de pesos anuales.

La misma suerte corren especies de árboles como el chaguaré y sande, originarios de las selvas del Pacífico. En lo corrido del año, la Policía ha capturado a 395 personas, de las cuales 154 fueron dejadas en libertad por orden de un juez. Las autoridades continúan realizando operativos para mitigar las afectaciones al medioambiente, esperando que los jueces y magistrados comprendan que son daños imposibles de resarcir y que el chanul merece seguir erguido y salvaguardando la vida.