Millonaria demanda de apicultores al Estado colombiano por muerte masiva de abejas

Un grupo de apicultores de diversas partes del país presentó una demanda de acción de grupo contra el Estado, en la que reclaman una millonaria indemnización por la muerte de 176.000 colmenas de abejas, en los últimos 11 años.

En la acción judicial, presentada el pasado 16 de diciembre, los empresarios aseguran que desde el año 2010 vienen reclamando a los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), controlar el uso de productos químicos de uso agropecuario, tales como fipronil, clorpirifós, neonicotinoides, entre otros, responsables de la muerte masiva de abejas.

Sin embargo, a la fecha el Estado no ha cumplido su función de vigilancia y control y, por el contrario, se sigue autorizando la utilización de estos productos, permitiendo la muerte masiva de miles de estos insectos en diferentes regiones del territorio nacional, aseguran.

La demanda presentada contra la Nación, y específicamente contra las mencionadas entidades, se sustenta en la afectación a los derechos constitucionales relativos al goce de un ambiente sano para el desarrollo de esta actividad económica, la cual está representada en más de 3.000 apicultores del país.

Luis Domingo Gómez, abogado animalista y apoderado de los apicultores, manifestó que la omisión de control en el uso de fipronil, clorpirifós y neonicotinoides por parte del Estado ha llevado a la muerte de más de 8.800 millones de animales y a la pérdida por contaminación de los subproductos de la colmena como la miel, el polen, la cera, el propóleo, la jalea real, la apitoxina y el material físico de la colmena, causando graves perjuicios morales y económicos a quienes se dedican a esta actividad.

Por esta razón, en la demanda los apicultores piden al Estado una indemnización superior a los $ 768.000 millones, cifra que resulta de una proyección establecida con base en datos oficiales del ICA, que en la Resolución 292101, expedida el 2 de marzo de este año y con la cual prohíbe el uso del fipronil en los cultivos de aguacate, café, cítricos y pasifloras, determina que entre 2016 y 2020 murieron en promedio 16.000 colmenas por año.

De acuerdo con los análisis de esta entidad, el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de $ 32.000 millones en material biológico y de $ 42.000 millones en producción de miel y polen.

Si bien esta resolución se encuentra vigente, el jurista Gómez asegura que no ha servido de nada y las abejas continúan muriendo de forma masiva, por eso presentaron la Acción de Grupo, ante los Jueces Administrativos de Bogotá, en representación de los más de 3.000 apicultores, con el fin de lograr la reparación por los perjuicios causados por las muertes de estas colmenas.

La demanda se sustenta en estudios de laboratorio contratados por los apicultores, que indican que la molécula que se ha encontrado con más frecuencia en las abejas muertas es fipronil, un ingrediente presente en algunos agroquímicos y que tendría una relación directa probada con la muerte masiva de estos insectos.

Los apicultores aseguran que en el territorio nacional el uso de este compuesto está presente en más de 70 presentaciones comerciales para diferentes grupos de plagas y cultivos, a pesar de la decisión del ICA de suspender su uso para cuatro de ellos.

Luis Domingo Gómez explica que con la demanda se busca obtener una indemnización tendiente a que el gremio recupere algo de las millonarias pérdidas económicas que ha debido enfrentar. Si bien esta acción judicial fue presentada inicialmente por 12 apicultores, el objetivo es que a lo largo del proceso se vayan sumando más, pues los representa a todos.

Por otro lado, Gómez cuestiona la nueva ley para la protección de las abejas en el país, la cual fue aprobada por el Congreso y está lista para sanción presidencial. Asegura que no son claros los mecanismos con los cuales se pretende proteger a estos animales, pues, según dice, esta normativa no contempla la eliminación del uso de los insecticidas que contienen las moléculas que están acabando con estos insectos en el país.