¿Revivir o no las cláusulas de permanencia para comprar celulares?

Tal vez usted recuerde que no hace muchos años, menos de 10 quizá, era posible cambiarse de un celular ‘flechita’ que solo permitía recibir y sacar llamadas, tomar una foto de mala calidad y enviar uno que otro mensaje de texto, por otro de alta tecnología que tenía dos cámaras, con un procesador potente y una conexión a internet de banda ancha, mejor que la que tenía el computador de su casa o de oficina.

Efectivamente, eso era posible porque los usuarios de telefonía móvil podían adquirir equipos de alta gama, con posibilidad de un descuento siempre y cuando pactaran con el operador de celular una cláusula de permanencia. El negocio parecía un ‘gana-gana’ para la empresa de telecomunicaciones y para el usuario. A cambio de un potente dispositivo, se fidelizaba a un cliente y el cliente obtenía un descuento.

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Eso fue posible, también gracias a que la tasa de cambio favorecía la importación de celulares de última tecnología, con un dólar en 2010 a un promedio anual de $1.897, en 2011 a 1.848,17; en 2012 a $1.798,23; en 2013 a $1.868,90 y en 2014 a $2.000,68. Precisamente ese año se eliminaron las cláusulas de permanencia y el valor de la divisa en el mercado local comenzó a tomar rumbo alcista. En 2017, el promedio anual del dólar se situó en casi los $3.000.

Es por esto que un celular de última tecnología se consigue en el país a precios por fuera del alcance del bolsillo de muchos colombianos. Un Samsung Galaxy S9 Plus vale hoy $3.499.890, un Galaxy S9 está en $2.999.990, un iPhone X cuesta entre $5 millones y $4.055.000, dependiendo el modelo, por nombrar algunos de las referencias top.

De otro lado, el acceso a internet en Colombia continúa en crecimiento. Según un análisis del DANE sobre indicadores básicos de tenencia y usos de la tecnología TIC en los hogares, en 2017 el porcentaje de personas de 5 años y más que utilizaron Internet en las cabeceras fue 69,4%; en centros poblados y rural disperso fue 37,0%. En 2016 estos porcentajes fueron 65,4% y 32,2%, respectivamente.

En 2017, en el total nacional, de las personas de 5 años y más que tienen teléfono celular, el 71,2% reportó tener teléfono celular inteligente (Smartphone), el 29,5% teléfono celular convencional y el 0,7% poseía ambos. En el 2016 estos porcentajes fueron 63,5%, 37,5% y 1,0%, respectivamente.

La propuesta que generó polémica

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios hasta el próximo 20 de abril de 2018 un proyecto de resolución que permitiría celebrar un contrato entre privados para adquirir un teléfono 4G o de alta gama. A cambio recibiría un descuento por la adquisición de planes de servicios y la CRC sostiene que no se condicionaría a una permanencia mínima, prohibida desde 2014, ni afectar la libre elección del usuario.

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La entidad señaló que el gran beneficiario será el usuario, en el que se proponen nuevas condiciones para la venta de celulares por parte de los operadores, solamente cuando se trate de equipos que permitan conectividad a la red móvil 4G o tecnologías superiores. Es importante aclarar que este proyecto está en fase de discusión, por lo cual todos los interesados pueden enviar sus comentarios a la Entidad hasta el 20 de abril.

“Nuestro objetivo como regulador es maximizar el bienestar de los usuarios de los servicios de comunicaciones. El principal beneficiario de esta medida será el usuario quien tendrá la posibilidad de disfrutar de una mayor oferta de celulares a mejores precios”, explicó Germán Darío Arias, Director Ejecutivo de la CRC.

El gremio de Asomovil (que representa a Claro, Movistar y Tigo-Une), en cabeza de su presidente Nancy Patricia Gutiérrez, comparte esta preocupación de la CRC y se mostró a favor que se plantee un cambio que ayude a cerrar la brecha digital. “La CRC exige que se garantice la libertad de elección del usuario y que no pueden estar amarrados bajo ninguna circunstancia. Las empresas operadoras creen que pueden generar ofertas de mejor precio a los usuarios para equipos que les permitan hacer mejor uso de internet”, explicó Gutiérrez.

Posiciones en contra

Según Guillermo Botero, presidente de Fenalco, con el proyecto, aparte del hecho que las ventas atadas están prohibidas, el más afectado sería el usuario, porque si decide hacer uso de su derecho de cambiar de operador en cualquier momento, se arriesga a que le apliquen una cláusula que lo obligue a pagar en forma acelerada el celular o a que por mora en los pagos del servicio de comunicación móvil el operador le inactive el celular.

Por su parte, el presidente de Avantel, Ignacio Román, señaló que “adoptar esta medida sería un error histórico que Colombia no se puede permitir. Que las personas puedan tomar la libre decisión de contratar el servicio con el operador que más les convenga, hacer portabilidad y escoger el canal, los modelos, marcas, precios y especificaciones de los terminales que más se adapten a sus necesidades, es una condición que dinamiza el mercado y promueve el acceso a la tecnología. Relacionar al usuario nuevamente a contratos por la adquisición de un equipo con el servicio, es atentar contra su libertad y es una clara barrera a la libre competencia”

Otra consecuencia negativa está asociada al incremento de las tarifas del servicio, pues al contratarlo relacionado a la compra del equipo, el usuario tendrá que permanecer ligado al operador, y en caso de querer optar por irse o por hacer portabilidad, tendrá que asumir las penalidades o pagarlo antes del plazo previsto en las cláusulas de retención a las que se haya sometido. Además, el supuesto beneficio de descuento en el terminal, con el que seguramente será atraído inicialmente, lo pagará por el servicio a lo largo de la duración de su contrato.

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