Presidente pide buena señal para celulares y la Corte desmonta antenas

El presidente Juan Manuel Santos trinó indignado porque se le cayeron seis llamadas en un corto recorrido en Bogotá. Una semana después la Corte Suprema de Justicia ordenó desmontar una antena de telefonía en Ibagué (Tolima) que, según la entidad, podría producir cáncer a una mujer de 54 años. Los episodios recientes retratan la disyuntiva que tienen las autoridades frente a este tema.

Mientras el Gobierno, representado en el MinTIC, busca mejorar la infraestructura para mejorar la calidad de la telefonía celular, la Rama Judicial sentó un precedente con el fallo reciente. El argumento de la Corte sigue siendo la afectación a la salud que pueden tener las ondas que emiten las antenas de telefonía. En el caso reciente, el alto tribunal invocó el “principio de la prevención” para ordenar el desmonte. El argumento es polémico.

El presidente de Asomóvil, que representa a los operadores Claro, TigoUne y Movistar, Sergio González habló con Semana.com sobre la decisión de la Corte. El gremio insiste en que "no existe ningún estudio científico o una advertencia concreta de la Organización Mundial de Salud (OMS) que certifique la relación entre las antenas celulares y la salud de las personas".

González explicó que la Agencia Nacional de Espectro (ANE) es la entidad que se encarga de verificar que la intensidad de las ondas que emiten las antenas no produzcan ningún tipo de afectación para los vecinos. “De hecho, cualquier ciudadano puede consultar a la ANE si tiene dudas sobre las ondas y su afectación, para descartar cualquier tipo de afectación”, señaló.

En el 2013 la ANE realizó más de 11,5 millones de mediciones de campo electromagnético, verificando que todas las estaciones medidas cumplen los límites recomendados por la OMS como seguros para la salud, e incluso están muy por debajo de alcanzar este tope.

Pero el criterio de la Sala Civil del alto tribunal es diametralmente opuesto. Para los togados es necesario esperar a que se pruebe cómo el funcionamiento de las antenas aumenta las probabilidades de riesgo de contraer la terrible enfermedad es excesivo. Por eso, deben desinstalarse las redes en aquellos lugares en los que exista algún riesgo para las personas propensas a desarrollar el cáncer.

La posición de la ANE se basa en estudios de la OMS. Desde la Organización indican que el uso del celular es mucho más riesgoso que la presencia de estaciones base. Añadió que en uno de esos análisis la OMS aclaró que la exposición a ondas electromagnéticas que genera el uso del celular era mil veces mayor a las de las antenas.

Lo cierto es que detrás de este problema se han creado varios mitos que, a fuerza de especulaciones y rumores, se han convertido en una especie de verdad a voces sobre todo en las zonas más apartadas del país. Argumentos como “las antenas de telefonía celular afectan la salud de las personas alrededor” o “las infraestructuras afean los paisajes” han significado en la práctica menos llamadas exitosas y más dificultades para acceder a Internet móvil.

Sin embargo, para las Cortes prevalece el principio de precaución y la defensa del derecho a la vida y la salud de las personas. El problema es que la jurisprudencia que quedó sentada podría afectar aún más la calidad del servicio que prestan los operadores en todo el país y, sobre todo, podría entorpecer el proceso de expansión de infraestructura para responder a la demanda de datos que tiene el país actualmente.

Según cifras de la ANE, Colombia requiere más de 10 mil antenas adicionales para poder soportar la demanda de voz y datos que crece a pasos agigantados. De acuerdo con cifras de Asomóvil, para finales de 2014 existían 51,8 millones de líneas de voz activas, mientras que las conexiones de internet móvil llegaron a 3,1 millones. Esa franja de diferencia supone que cada año aumentaría exponencialmente los usuarios de datos. Este crecimiento colapsaría la red en poco tiempo.

Actualmente, el Gobierno y los propios operadores están organizando talleres pedagógicos con funcionarios de la Rama Judicial para que tengan las bases suficientes para tomar decisiones que no vayan en contravía del crecimiento de un sector como el de las telecomunicaciones. Por ahora, unos y otros van en sentidos contrarios.