“Las TIC le dan transparencia a las compras públicas”

Cada año el Gobierno gasta aproximadamente 102 billones de pesos en compras, lo que representa el 15 % del PIB. Para que este gasto –y las contrataciones derivadas– sea bien manejado existe un sistema nacional de compras que busca dar mayor transparencia a los procesos de adquisición de bienes y servicios en el Estado.

En el sistema participan entidades estatales, el sector privado y la ciudadanía en general con el fin de garantizar que los presupuestos se ejecuten de la mejor manera y para que esos recursos realmente se vean transformados en productos y obras que mejoren la calidad de vida de los colombianos y que hagan más eficiente la contratación pública.

Semana.com habló con María Margarita Zuleta, directora de Colombia Compra Eficiente, sobre las novedades que han implementado en el sistema y la forma cómo la tecnología puede ayudar a los servidores públicos para prevenir casos de corrupción.

Semana.com: ¿Qué relevancia tendrá la tecnología en la nueva normativa de la compra pública que están proponiendo?

María Margarita Zuleta (M.M.Z): El proyecto busca que todas las decisiones de gasto público en el marco del Sistema de Compra Pública estén a disposición del público en general en tiempo real. El artículo 13 del proyecto establece que los procesos de abastecimiento de bienes y servicios y la ejecución de obras, deben surtirse utilizando las TICs en las plataformas dispuestas para el funcionamiento del SECOP.

De otra parte, el artículo 66 del proyecto dispone que la comunicación entre las Entidades Estatales y los empresarios debe ser a través del SECOP, así como los informes del proceso y las notificaciones a las que haya lugar.

Semana.com: ¿Cómo beneficia este sistema a los empresarios y a los ciudadanos?

(M.M.Z): Los empresarios son usuarios activos del SECOP; se inscriben de manera gratuita; administran sus cuentas; registran la información que pretenden hacer valer cuando compiten por oportunidades de negocio con las Entidades Estatales; reciben notificaciones de la planeación de abastecimiento de los bienes y servicios que ofrecen; y presentan sus ofertas en línea, sin desplazamientos y sin discusiones sobre la hora de recibo. Las Entidades Estatales tienen acceso a la información el Directorio de Proveedores.

Semana.com: ¿La sistematización de las compras públicas podría ser el antídoto contra la corrupción?

(M.M.Z): Sería magnífico tener un antídoto contra la corrupción, pero desafortunadamente no hay. Lo que recomiendan los expertos es actuar de forma sistemática, constante y simultánea en varios frentes: educación, prevención, control, investigación y sanción, entre otros.

En Colombia Compra Eficiente decimos constantemente que la información conduce a la transparencia. El Sistema de Compra Pública está enmarcado en el gasto público, es decir en el gasto de la plata de los contribuyentes, por eso la información relativa a "qué, cómo, por qué y para qué" una Entidad Estatal adquiere bienes o servicios o ejecuta obras debe estar disponible oportunamente y su acceso debe ser de libre y fácil. También debe haber espacios para que la ciudadanía participe y ejerza control social. La tecnología de la información y las comunicaciones permite esto.

Semana.com: ¿Qué beneficios puede tener el sector privado?

(M.M.Z): Para el sector privado también tienen muchos beneficios pues puede utilizar la información para prepararse y competir para ser proveedor del Estado, puede conocer oportunidades de negocio, generar soluciones innovadoras para las necesidades de las Entidades Estatales, mejorar sus procesos, entender por qué ganó o perdió en un proceso en particular.

La ciudadanía tiene la información para conocer la forma cómo las Entidades Estatales ejecutan el presupuesto, llevan a cabo los procesos de abastecimiento, pueden opinar sobre el particular y hacer control social. La compra pública en línea nos permite: hacer más trasparente el Sistema de Compra Pública y a Colombia Compra Eficiente diseñar herramientas para prevenir corrupción en el Sistema de Compra Pública con base en información empírica.

Semana.com: Diferentes sectores han insistido en que "la Ley 80 tiene falencias estructurales", ¿qué cambios estructurales propone la nueva normativa?

(M.M.Z): Estamos de acuerdo en que la normativa en general tiene fallas estructurales y por eso proponemos una reforma integral. Los cambios más importantes son los siguientes. Primero, no todas las actuaciones de las Entidades Estatales en el Sistema de Compra Pública son función administrativa, solamente cuando ejercen una prerrogativa del Estado, por eso proponemos que solamente en estos casos haya función administrativa en los demás casos debe regir el derecho privado.

Segundo, el registro de proponentes no puede funcionar por fuera del Sistema de Compra Pública, debe ser en línea y gratuito. Tercero, las formas de seleccionar a los proveedores deben estar alineadas con el mercado y su nivel de competencia, y con la información con la que cuenta la Entidad Estatal, y no con una definición legal. Cuarto, revisamos el concepto de equilibrio económico para que, en caso de ser necesario, las partes lo acuerden y no opere de pleno derecho, lo deben acordar en los proyectos de largo plazo y que requieren altas inversiones.

Semana.com: En regiones alejadas donde la conectividad y sobre todo la apropiación de las TIC son bajas ¿cómo se podrían implementar los cambios que están proponiendo?

(M.M.Z): Los cambios propuestos no están atados exclusivamente a la compra pública en línea. Desde el año 2007 el Sistema Electrónico (SECOP) funciona y es obligación registrar la actividad de todas las etapas del abastecimiento.

En los últimos años hemos mejorado mucho en la cantidad y la calidad de la información registrada, aunque aún hay mucho espacio para mejorar. En todo el país las Entidades Estatales hacen estos registros. En efecto, en 2011 las Entidades Estatales reportaron cerca de 200.000 contratos, por $41 billones y en 2015 esta cifra superó los 850.000 registros por $115 billones. El Índice de Gobierno Abierto que calcula la Procuraduría General de la República muestra que más del 95% de las Entidades Estatales son usuarias activas del SECOP.