¿Movilidad sin alternativa?

Se les ignoró cuando el país más las necesita. Con el transporte público operando al 30 por ciento, ¿cómo se supone que la movilidad urbana ayude en la reactivación económica? Las plataformas de economía colaborativa, tan odiadas por taxistas y políticos en campaña, podrían jugar un papel importante en cubrir las necesidades de transporte de una porción significativa de ciudadanos, con el distanciamiento social que la coyuntura obliga. De hecho, en Australia, en México, y en los estados de Nueva York, California y Massachusetts, las autoridades dejaron a un lado la estéril discusión acerca de si debe prohibirse la entrada de emprendimientos innovadores para proteger negocios del mundo anterior, y declararon las plataformas de movilidad como servicios esenciales durante la pandemia. En Colombia hay 150.000 familias que dependían de los ingresos obtenidos mediante la explotación de sus propios vehículos, a través de las aplicaciones. Están parados, sin trabajo, con los autos en un garaje. Y el país necesitando con extrema urgencia soluciones de transporte y reactivación económica.

En abril la alcaldesa Claudia López pidió permiso al Ministerio de Transporte para autorizar en Bogotá, de manera transitoria y en vista de la emergencia, el uso de esquemas de movilidad compartida y transporte colaborativo. Debido al distanciamiento, TransMilenio solo puede transportar 600.000 pasajeros, de los más de 2 millones que normalmente mueve. Nadie espera que el 1,6 millones restante lo haga en patineta o bici, que son soluciones de micromovilidad. La ministra Ángela Orozco respondió que no. MinTransporte ha sido tradicionalmente conservador en su mirada acerca de los cambios regulatorios que el país necesita en esta materia.

Un proyecto de ley en manos del representante Mauricio Toro intenta crear ese marco normativo ya existente en otras latitudes, para que Colombia no satanice la economía colaborativa. Pero el proyecto no tuvo ni siquiera el primer debate y quedan 20 días para que expire el periodo de sesiones del Congreso. Por ser la segunda legislatura en la que este proyecto queda sin discusión, será archivado definitivamente. Colombia se mantendrá en el grupo de naciones que no han entendido nada. Al proyecto de ley solo lo salvaría un mensaje de urgencia del Gobierno, más sesiones extras. Ambas medidas parecen poco probables.

David Luna, exministro de TIC, lidera un nuevo e inédito gremio de empresas tecnológicas de economía colaborativa, denominado Alianza In. Allí están Rappi, Uber, Didi, Cabify, Beat, Mensajeros Urbanos, Domicilios.com, entre otras. Para la mayoría de la opinión pública, el concepto teórico de economía colaborativa es difícil de comprender. Poner en contacto directo a la oferta con la demanda, por medio de apps y sin intermediación de las empresas tradicionales, les ha parecido una idea ininteligible a congresistas, ministros y conductores de amarillos. No obstante, Luna cree que los colombianos lo entenderán por obligación cuando pase la actual crisis sanitaria. “Ante los cierres y recortes de empresas y miles de personas sin empleo, la economía colaborativa será una de las alternativas de la población para generarse ingresos”, dice.

Esta alianza ha pedido al presidente Duque que utilice las facultades extraordinarias de la emergencia para autorizar, aunque sea solo temporalmente, la operación de las plataformas de transporte. Se sabe que menos gente quiere subir de nuevo a un bus repleto. Los estudios indican que habrá compras masivas de autos. Ya está ocurriendo en Europa y en Asia. Ese fenómeno se puede mitigar un poco con el ridesharing por medio de las aplicaciones, que en ningún país liquidaron a los servicios de taxis. Conviven y multiplican las ofertas de las ciudades modernas, en las que hay metros, buses, hyperloop, trenes flotantes, taxis voladores, segway, patinetas monorrueda y una larga lista de alternativas asombrosas. Cada usuario decide la que más le conviene. El presidente tiene en sus manos solucionar la escasa oferta de transporte masivo y resolver definitivamente esa loca dicotomía que han tenido los últimos gobiernos, que con un ministerio apoyan la innovación y con otro la prohíben.