El limbo de la Comisión Colombiana del Espacio

En un intento de subsanar el enorme atraso que tiene el país en materia de asuntos espaciales, el gobierno de Álvaro Uribe, con el decreto 2442 de 2006, creó la Comisión Colombiana del Espacio (CCE). Tal comisión se concibió como un “órgano de consulta, coordinación y orientación y planificación” para establecer la política espacial de la nación. Las cabezas de varios ministerios, así como de entidades gubernamentales que, por su función, deben utilizar tecnologías del espacio, pasaron a conformar la Comisión, presidida por el Vicepresidente de la República.

La CCE fue pensada como un primer paso para crear una Agencia Espacial Colombiana, una especie de NASA autóctona, con un presupuesto definido que le permitiría canalizar y coordinar los esfuerzos de diversas instituciones interesadas en los temas espaciales. Han pasado diez largos años y, sin embargo, una agencia no se vislumbra por ningún lado. Peor aún, hoy la comisión lleva inactiva desde finales del 2014.

¿Cómo puede aspirar una nación al desarrollo tecnológico y científico así como a la búsqueda de la educación de élite cuando la dirigencia nacional se muestra apática y desinteresada en algo tan fundamental como las tecnologías espaciales? Una nación que en su Constitución afirma tener dominio de un segmento de la órbita geoestacionaria, debería preocuparse por tener una presencia al menos marginal en el espacio exterior.

Cuando se creó la Comisión por fin se pudo tener un flujo de información interinstitucional y conocer de manera conjunta lo que se estaba haciendo en el país en temas relacionados con el espacio. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi fue el primero en ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y con ello tomó forma una política aeroespacial a corto plazo. Con una seriedad nunca antes vista, en el país se habló de la adquisición de un satélite geoestacionario (satélite 1) para comunicaciones (del cual se alcanzaron a realizar dos licitaciones, que a la postre  resultaron fracasadas), así como de la adquisición de un satélite de observación terrestre (satélite 2). El Vicepresidente  Francisco Santos, apoyó las iniciativas y permitió el ingreso de más instituciones para que hicieran parte de la CCE.

Sin embargo, con el advenimiento del gobierno de Juan M. Santos las cosas no han marchado como deberían. Tan pronto como se inició su gobierno se canceló la adquisición del satélite 1. Se argumentó la preferencia por la tecnología de la  fibra óptica a través del territorio nacional. De modo que sólo quedó en estudio la adquisición del satélite 2. En consecuencia, llegaron al país representantes provenientes de varias empresas constructoras de naciones del primer mundo los que compitieron enconadamente entre sí ya que el negocio involucraba varios centenares de millones de dólares. Aunque el Vicepresidente Angelino Garzón estaba muy al tanto de la situación, a finales del año 2013 el alto gobierno comenzó a dar palos de ciego sobre el asunto.

Extrañamente se emitió el decreto 2516 de 2013, por el que se creó el denominado Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano (PPDEC) dependiente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ese acto del ejecutivo no hace alusión alguna al decreto 2442, pero es evidente que le asigna idénticas funciones del CCE. Se podría decir que el alto gobierno, aterrado con un negocio novedoso de tan alto costo, prefería centralizar las decisiones sin que la CCE tuviera injerencia en el asunto.

Para ese entonces, la Secretaría Ejecutiva estaba en manos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), la cual continuó con el apoyo de la adquisición del satélite 2. Pero a mediados del 2014, Santos y su nuevo Vicepresidente, Germán Vargas, decidieron cancelar la adquisición de ese satélite, con el risible argumento que resultaba más barato comprar al menudeo las fotografías del territorio nacional a proveedores extranjeros. Lo más lamentable del asunto es que esas decisiones fueron adoptadas sin que el alto gobierno siquiera solicitara concepto o análisis a la CCE que, se supone por ley, es el único órgano que debe asesorar y orientar en estos temas.

En poco más de cuatro años, los dos objetivos estratégicos de la CCE pararon en el bote de la basura. Adicionalmente, una reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia llevado a cabo en septiembre de 2014, creó una “Dirección para proyectos Especiales”. Se supone que ésta oficina creará el Plan Estratégico de Desarrollo Espacial y se encargará de la Secretaría Técnica de la CCE. Un decreto adicional pone al Vicepresidente a la cabeza de tal dirección.

A la fecha nadie sabe si alguien está adelantando la elaboración del plan y hasta el momento la susodicha oficina no ha ejercido la Secretaría de la Comisión.

Pero la historia no termina allí: en la plenaria de la CCE llevada a cabo el 15 de diciembre de 2014, el Vicepresidente Vargas, como Presidente de la Comisión, manifestó que debido a sus múltiples responsabilidades y apretada agenda, se veía obligado a no seguir presidiendo a las reuniones. Una modificación posterior, llevada a cabo en marzo de 2015, liberó al Señor Vicepresidente de sus responsabilidades para crear el Plan Estratégico de Desarrollo Espacial y se lo endilga al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia. El hecho es que desde finales de 2014 no ha habido plenarias de la Comisión.

Frente a la desorientación administrativa y ausencia de interés, las instituciones gubernamentales relacionadas con el espacio así como las universidades involucradas en investigación espacial continúan haciendo por su lado sus labores. Pero es evidente que el estado de las cosas es un reflejo de la actitud displicente y miope de cómo la dirigencia nacional trata este tipo de temas. Además son el augurio de que en un futuro no habrá cambios en las políticas de ciencia y tecnología de frontera que permitan de algún modo superar el enorme rezago en el que se encuentra inmerso el país.

El espacio exterior no es un capricho, es asunto clave para desarrollar la investigación y la economía aún más importante, es una cuestión de soberanía y eso lo atestiguan Estados Unidos Rusia y China. Naciones latinoamericanas como Brasil, Argentina, México, Chile, Perú, Venezuela e incluso Bolivia y Nicaragua han adquirido o están adquiriendo satélites funcionales y varias de éstas han creado sus respectivas agencias espaciales. Mientras tanto, la Comisión Colombiana del Espacio, que se esperaba iba a sacar del rezago a la nación y ser el germen de la Agencia Espacial Colombiana, ha perdido una valiosa década de esfuerzo y se encuentra ahora completamente inactiva, esperando a que alguien en el Palacio de Nariño desenmarañe el nudo gordiano en que convirtieron el piso jurídico de la Comisión.

Solo esperemos que, frente a posibles decisiones internacionales, nuestros dirigentes no evadan sus responsabilidades y no se incriminen mutuamente como ocurrió, por ejemplo, con la pérdida de territorio a manos de Nicaragua por un fallo de la Haya. Solo el futuro lo dirá.

* Director del Observatorio Astronómico Nacional