Barranquilla hierve por sanciones a Uber

La noticia ha pasado un tanto desapercibida en el entorno nacional. Pero lo que está ocurriendo en Barranquilla con la plataforma Uber puede cambiar las reglas de juego para el transporte de pasajeros en el país. El secretario de Movilidad de esa ciudad, Fernando Isaza, promovió una iniciativa para multar a las personas que utilicen este servicio.

La tesis del secretario Isaza levantó una fuerte controversia. Dijo, “como la plataforma no ha sido legalizada en el país, las personas que la utilicen deben ser sancionadas por la Policía de Tránsito”. Para él, en caso de ser detenidos por las autoridades, el usuario tendría que pagar una multa que puede llegar a los 114.300 pesos.

De acuerdo con lo que informó el diario El Heraldo, Isaza advirtió que han sido impuestas más de 50 penalizaciones a usuarios de Uber y anunció que seguirán sancionando a quienes violen o faciliten la violación de las normas. Para la institucionalidad no se puede permitir que “se siga vulnerando el derecho al trabajo en condiciones justas” del gremio de conductores que trabajan ceñidos a la ley.

La Secretaría Movilidad de Barranquilla sería la primera en imponer sanciones a colombianos por utilizar el servicio de intermediación de Uber. La Superintendencia de Puertos y Transporte y la propia Policía habían enfocado los esfuerzos en sancionar a los conductores que sacarán provecho de la aplicación, pero nunca antes habían atacado el eslabón más sensible de la cadena: el usuario.

El secretario Isaza agrega que con la medida, se busca “desincentivar el uso de modelos de transporte ilegales”. Sin embargo, varias voces en la ciudad señalan que “este tipo de conceptos coartan la libertad de elección de los ciudadanos y sienta un mal precedente para el resto del país”.

Uber presentó posición oficial sobre lo que está ocurriendo en Barranquilla. Recientemente, sus voceros habían informado que más de un millón de colombianos respaldan regulación de transporte privado por medio de aplicaciones.

El 15 de marzo pasado, la Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó la inscripción de un comité ciudadano en representación de la campaña Cambia El Chip, para recolectar firmas de colombianos que apoyan la regulación de una nueva categoría para el transporte privado mediante plataformas tecnológicas.

A la fecha, la iniciativa ciudadana ha recolectado más de 1,1 millones de firmas en diferentes regiones del país y está próxima a cumplir el requisito legal que le permitirá a los promotores presentar un proyecto de ley de iniciativa ciudadana en la próxima legislatura del Congreso de la República.

Lo cierto es que en caso de que otras dependencias distritales opten por sancionar a los usuarios, se podría configurar toda una batalla legal entre el Estado y los usuarios que buscan alternativas distintas para movilizarse.