TV pública en medio de operadores privados y Netflix

El aumento del consumo de servicios prestados a través de Internet como Netflix (un servicio de valor agregado en Internet, OTT, por sus siglas en inglés) en Colombia representa un reto para los operadores de televisión privada. Lo que pone de precedente la necesidad de replantear la forma en la que se financia la televisión pública colombiana, la cual, hasta la fecha, recae sobre los aportes de los operadores privados de TV.

Según la investigación del experto en TIC Christian Lizcano Ortiz, presentada este jueves en Cartagena durante el Congreso de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), los ingresos por OTT alcanzan en Colombia cerca de 70 millones de dólares, es decir, el 1,18 % del PIB de las TIC.

El país es el segundo en la región, después de Chile, con mayor número de suscriptores y las tasas de crecimiento de OTT son cinco veces mayores a las de los servicios tradicionales de telecomunicaciones.

En el XVIII Congreso Internacional Andesco, se convocó a los representantes de la industria para debatir sobre este asunto. Debido a que los operadores están atados a unas normas que tienen 21 años de vigencia y que frenan su innovación, la financiación de la televisión entra en medio del debate como una alternativa para liberar las cargas de los privados y así poder enfrentarse de manera competitiva a lo que trae consigo Internet.

El modelo actual de contribuciones especiales, que obliga a la televisión privada a financiar hasta en un 90 % a la televisión pública, ha llevado a que operadores como DirectTV, Claro, Tigo UNE y ETB decidan que es el momento para equilibrar las cargas.

Durante el foro para TIC y TV se pusieron sobre la mesa otras experiencias internacionales en subvenciones para esta televisión. De acuerdo con Daniel Leza, director de Telecommunication Management Group (TMG) y la revisión que esta compañía hizo a 23 operadoras de televisión pública en el mundo, se demostró que en el país hay un cierto desequilibrio en la forma como se financia este bien público.

Otras sociedades han decidido financiar ese tipo de contenidos y generar modelos de contribución que tratan de distribuir de manera más equitativa las cargas asociadas a ese bien.

Existe la posibilidad de que los fondos públicos se apliquen a productores que generen contenidos que son distribuidos entre diferentes medios, no necesariamente por televisión. El origen de estos fondos puede venir de fuentes sectoriales, como operadores, suscriptores, tasas a los usuarios, impuestos especiales, publicidad o presupuesto público.

El modelo de televisión en Colombia, no solo el de televisión pública, está basado en el régimen concesional, contraprestaciones que debe pagar el privado.

María del Pilar Bahamón, asesora del Ministerio de las TIC, reconoció que “el modelo es crítico porque la realidad ha cambiado. La televisión pública no puede ser ajena a esto. El gran reto es definir un nuevo prototipo de financiación. Hay que buscar mecanismos combinados y nuevas plataformas de transmisión”.

Ángela María Mora, directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), aseguró que la entidad ha estado trabajando en el tema de la política de televisión pública y que en septiembre estará lista una nueva modelación. Faltaría por analizar si la contribución se hace de acuerdo a los ingresos y no por número de suscriptores, como se ha venido haciendo y que aparentemente no funcionó porque algunos operadores no reportaban por completo el total de usuarios que estaban registrados.

La directora añadió al debate la importancia de mantener y sostener la televisión pública, tanto los canales nacionales como los regionales, ya que estos son promotores de los valores y la cultura colombiana.

Algunos de los representantes de la televisión privada coinciden en que vale la pena conservar la televisión pública, pero si se realizan cambios de fondo en cuanto a las regulaciones y la redistribución del aporte de los operadores. Jaime Andrés Plaza, vicepresidente de regulaciones de Tigo UNE, planteó la posibilidad de promover esos valores democráticos por medio de unos contenidos públicos en distintas plataformas.

Natalia Iregui, vicepresidente de DirecTV, agregó que están dispuestos a seguir financiándola, “pero la tarifa no debe fijarse por el déficit” y el vicepresidente de asuntos corporativos de Claro, Santiago Pardo, dijo que era necesario proponer unos incentivos adecuados para la financiación y así dejar a un lado ese asistencialismo.  

Por el contrario, Jorge Castellanos, presidente de ETB, descartó la posibilidad de apoyar estas contribuciones del sector privado debido a que “la televisión pública no es eficiente porque representa costos muy altos con una demanda de audiencia muy baja”.

Modificar el esquema de contraprestación que existe actualmente y pasar a una contribución por ingresos genera condiciones igualitarias, lo que desde Andesco, junto con las empresas afiliadas, llaman un servicio convergente. Este sistema igualitario eliminaría el interés que podrían tener algunas compañías por no reportar, ampliaría el grupo de aportantes a ese fondo y aumentaría los recursos para la televisión pública.

Asimismo, las telecomunicaciones hacen un llamado a que estas nuevas plataformas entren y participen en el mercado, pero en condiciones similares a las que los actuales operadores están participando.

Alberto Solano, director corporativo de Andesco, explica que “una OTT no reporta información, no paga impuestos, no tiene ninguna carga en Colombia. Básicamente la solicitud al Gobierno es: si usted hoy no puede controlar esos operadores, entonces redúzcame a mí las cargas, para que yo también pueda competir bajo los mismos parámetros”.

La posición de Germán Darío Arias, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), es que los operadores migren sus modelos de negocio hacia un foco de contenido. Aunque admite que hay que determinar si estas nuevas tecnologías retan al regulador desde el punto de vista de las obligaciones, pues es necesario garantizar una competencia en igualdad de condiciones.

El tema sobre la reforma en la política de la televisión pública y la manera como debería financiarse, concluyó con que lo primordial en este momento es el contenido, no tanto la infraestructura ni la autopista por donde llega.

Quedaría aún pendiente por definir qué es televisión de interés público, cómo garantizar que las regiones se vean identificadas en ella y cuál sería la mejor forma de financiación.

Se espera que a finales de este año exista un proyecto que le abra paso a una nueva ley de televisión pública.