¿Qué cambiaría para los internautas la reforma de derechos de autor en la UE?

Procedimiento

Por el momento, es difícil avanzar consecuencias precisas, ya que el texto definitivo de la reforma todavía está en discusión.

Tras rechazarla el 25 de mayo, la Eurocámara aprobó el miércoles en su segundo intento su posición en base a la propuesta que presentó la Comisión Europea en 2016. 

Su punto de vista debe negociarlo a puerta cerrada con el ejecutivo comunitario y con el Consejo de la UE, que representa a los 28 países, para consensuar un texto final.

El objetivo de estas negociaciones, conocidas como "trílogo", es cerrar un texto definitivo de aquí a finales de año, que la Eurocámara buscaría adoptar antes de los comicios europeos de mayo de 2019.

Como se trata de una directiva europea y no de un reglamento, cada país debe transponer en su derecho nacional el texto final, lo que podría generar pequeñas diferencias entre Estados y retrasar un poco más su aplicación, que debería empezar a partir de 2021.

Derechos afines 

El Artículo 11 de la directiva crea un "derecho afín" al derecho de autor para la prensa, paraque las plataformas digitales como Facebook remuneren mejor a los medios por los artículos que utilizan.

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Los internautas podrán sin problemas compartir los hiperenlances hacia artículos, incluso si incluyen algunas "palabras aisladas" describiendo el contenido. Tanto la Eurocámara como el Consejo están de acuerdo en ello.

En cambio, la cuestión de los "snippets" -breves extractos de artículos que aparecen en los buscadores, agregadores de contenidos o redes sociales- todavía no está clara.

"Este será uno de los principales puntos de discusión de la negociación" entre las instituciones europeas, indicaron a la AFP dos fuentes, una del Consejo y otra del Parlamento.

Para Raegen MacDonald, representante en Bruselas de la compañía Mozilla, al origen del navegador Firefox, "todo el debate en el trílogo girará en torno a ¿qué es un ‘snippet‘? ¿Twitter es un ‘snippet‘?".

En su texto, el Consejo adoptó una posición relativamente ambigua, que deja un gran margen de maniobra a los países.

Esta institución propone que cada país pueda adoptar el criterio que considere para que los agregadores de contenidos paguen: el tamaño del artículo, su originalidad (lo que dejaría fuera una noticia puramente fáctico como "3.000 muertos en un sismo") o una combinación de ambos criterios.

Los detractores de los derechos afines, también conocidos como derechos conexos, subrayan que los dos países que intentaron ya imponerlos, España y Alemania, fracasaron.

Google News no está disponible para los internautas basados en España, mientras que en Alemania el importante grupo editorial Axel Springer vio como el tráfico de sus páginas web retrocedía.

Los partidarios de la reforma estiman que si la directiva se aplica en el conjunto del mercado europeo y sus alrededor de 500 millones de consumidores, será más fácil negociar con las plataformas.

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Filtro para contenidos 

El Artículo 13 de la directiva, uno de los otros aspectos más controvertidos de la reforma, exigiría a los sitios de intercambio de contenidos -redes sociales, servicios de vídeo en línea, etc.- desplegar una tecnología que filtra automáticamente los contenidos protegidos por los derechos de autor. 

Sus detractores estiman que esta disposición paralizaría radicalmente el uso de internet, ya que aplicaciones como Instagram y Snapchat podrían bloquear cualquier tipo de intercambios personales de vídeos y música.

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"Aunque sean muy inteligentes o puedan llegar a serlo las herramientas de reconocimiento de contenido, habrá situaciones en las que se filtre también el contenido subido a la red legalmente", afirmó a la AFP Johannes Kleis, portavoz de la Oficina Europea de Protección de Consumidores (BEUC).

Pero los partidarios del Artículo 13, tanto en el Consejo como en el Parlamento, afirman que los internautas que utilicen contenido protegido por los derechos de autor para su uso personal podrían interponer un recurso.

En su texto, el Consejo prevé así un "mecanismo de solución de diferendos", cuyo funcionamiento no se ha fijado por el momento, según una fuente del Consejo.