Sin demandas, CRC no puede resolver conflicto de TV

El 28 de julio, Caracol y RCN enviaron una solicitud a Pablo Márquez, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) pidiéndole que esta entidad se encargara de los asuntos relacionaos con la regulación de la televisión.

La petición se dio en medio del conflicto que tiene desde febrero, enfrentados a los canales abiertos con los operadores de TV por suscripción, acerca de la retransmisión de las señales de Caracol y RCN tanto en alta definición como en estándar, dentro de la parrilla de la TV paga.

Semana.com habló con Pablo Márquez, quien aseguró que a los tres días, les respondió a los canales su solicitud.

La respuesta de Márquez fue que en efecto, la CRC tiene en marcha proyectos regulatorios que tienen que ver con el servicio de televisión y los invitó a participar en las discusiones para expedir resoluciones y actos administrativos definitivos.

Según Márquez, en el caso específico del conflicto actual que tiene a los usuarios de TV paga sin las señales en HD de Caracol y RCN, la CRC solo puede intervenir si alguna de las partes interpone una demanda.

“Estábamos esperando que alguna de las empresas en conflicto viniera a poner una demanda pero hasta la fecha no ha ocurrido”, dijo.

Así como recientemente se resolvió el conflicto entre Claro, Movistar y Tigo frente a Avantel, que finalmente llevó a que este último pudiera entrar en el mercado de 4G la semana pasada, podría ocurrir con el caso de la televisión si alguna de las empresas demandara a las otras.

Y esto debe ser en esa vía porque así lo establece la ley que le da facultades al regulador.

Los proyectos
La CRC adelanta varios proyectos en materia de televisión, en los que tienen incumbencia tanto Caracol y RCN como DirecTV, Claro, Une y Movistar.

Algunos de ellos son la definición regulatoria para determinar cómo debe ser la compartición de infraestructura entre operadores de TV abierta o TV cerrada, cómo se establece qué es un servicio de TV de buena calidad, en qué casos los usuarios pueden quejarse y cuál será la obligación de los operadores en la prestación de servicio y en qué mercados se puede establecer que hay un operador dominante, entre otros asuntos.

El multiplex, que lleva a que por donde hoy se transmite un canal analógico como RCN o Caracol se transmitan ahora en tecnología digital cuatro o más señales, quién debe ser el gestor de cada uno, son otros de los temas.

Se espera que en septiembre se publiquen las propuestas regulatorias de estos asuntos para recibir comentarios del sector y que para fin de año o inicios de 2015, ya sean normas vigentes.

Estos temas que antes eran competencia de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) desde su desaparición son potestad de la CRC y no de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV).

La existencia de tantas entidades regulatorias o creadoras de políticas como el MinTIC, la CRC, la ANTV, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hace que la ley no sea clara y los mismos operadores o los usuarios no sepan ante cuál entidad deben acudir para resolver un conflicto.

Con este nuevo rol de la CRC como responsable de las normas, la regulación y la resolución de conflictos entre operadores, el rol de la ANTV queda aún más reducido.

¿Qué viene?

Lo cierto es que para que la solicitud de los canales sea realidad y sea la CRC y no la ANTV la entidad que se encargue de resolver el conflicto del HD, es indispensable no una simple solicitud, sino una demanda formal, en este caso de los canales contra los operadores de TV por suscripción.

En ese caso, no prospera la petición de que la actuación administrativa que tiene abierta la ANTV se traslade a la CRC. La otra petición de los canales, ya se está dando: la CRC está ejecutando nuevas normas para organizar la industria de la televisión.

Se espera entonces una demanda ante la CRC por parte de la TV paga contra los canales privados por impedir llevar las señales como lo establece la ley, según su interpretación, y/o otra demanda en la vía contraria por pretender desconocer la propiedad en los derechos de transmisión y por impedir que los usuarios reciban los canales de TV abierta, libremente, sin depender de la intermediación de un operador de TV paga.