Usuarios, los grandes olvidados en la guerra contra Uber

Desde noviembre 2013, el mensaje que enviaron más de un millón de usuarios cuando comenzaron a pagar tarifas más altas para transportarse, a cambio de un mejor servicio y mayor seguridad, no fue escuchado ni por los reguladores, ni por el gremio de los taxistas. En agosto de 2016, la disyuntiva se degeneró en un conflicto entre conductores, plataformas y autoridades policivas.

Cuando la plataforma tecnológica Uber llegó a Colombia atrajo a la crema del mercado del transporte individual de pasajeros. Su propuesta simple y a la vez disruptiva de garantizar mediante tecnología un buen servicio y la confianza de seguridad cautivó a personas que podían pagar casi 30 % más de las tarifas establecidas para los taxistas. Pero con el correr de los años, los beneficios y las nuevas modalidades hicieron que otros segmentos del mercado escogieran a Uber para moverse.

La irrupción de la plataforma no estuvo en el radar de las autoridades hasta que un sector del gremio de los taxistas, con sus ingresos supuestamente afectados, atacó a los conductores que vieron en la plataforma una tabla de salvación para aumentar sus ingresos sin la necesidad de estar amarrados a contratos con hoteles o servicios especiales. La tormenta perfecta se configuraba en las narices de los ministerios y superintendencias sin que nadie advirtiera la fuerza del aluvión.

El clímax de los enfrentamientos se vivió el viernes 13 de marzo de 2015. Un grupo de taxistas atacó a conductores y usuarios de la plataforma Uber que salían de una de las jornadas del festival Estereo Picnic en la Autopista Norte en Bogotá. Lo ocurrido fue tan grave que marcó un precedente de seguridad y desde aquella jornada los videos de encontronazos entre unos y otros casi que son pan de cada día en las redes sociales.

El tema de fondo es que, la insatisfacción de muchos usuarios aumenta en un país donde hay un creciente número de personas que ven que los taxistas no cumplen con sus expectativas de servicio. A esto, se suma la difícil situación de movilidad en las grandes ciudades.

Usar transporte público implica colas, esperas, incomodidad e inseguridad para miles de personas, y esto ha dado pie al surgimiento de alternativas: no solo de empresas de innovación como Uber, sino también de servicios informales, menos sofisticados, como los bicitaxis, los mototaxis y los buses y taxis colectivos. Si bien la mayoría de estos incumplen la norma e, incluso, incrementan los trancones y el caos, se han convertido en un salvavidas para los usuarios.

El Gobierno ha reaccionado a través del Ministerio de Transporte, cuyas acciones no han logrado apagar el incendio. Por el contrario, solo han avivado las llamas. Primero, fue la exministra Natalia Abello la que tuvo que capotear las embestidas de los taxistas y ahora es el viceministro Alejandro Maya quien tuvo la difícil labor de anunciar un plan de choque para, según él, combatir “el transporte ilegal de pasajeros mediante aplicaciones”.

La medida, lejos de calmar las aguas, despertó la indignación de los usuarios que siguen sintiendo que no han sido escuchados. Desde el Gobierno aseguran que con el decreto para transporte de lujo se zanjaron las diferencias y se abrió espacio para ese segmento del mercado que busca mejores condiciones de movilidad, pero en la práctica es poco lo que ha cambiado porque la normativa sigue exigiendo que “las plataformas sean o estén afiliadas a una empresa formal de transporte”, mientras que Uber insiste en que es una empresa tecnológica.

Usuarios sancionados

Como si la persecución de taxistas y los controles policiales no fueran suficientes para los usuarios que tratan de movilizarse por las ciudades, en capitales como Barranquilla ya se institucionalizó la medida de sancionar a los particulares que usen servicios de transporte considerados como “ilegales”. Y, para completar, Bogotá estudia adoptar medidas similares, después de llegar una serie de acuerdos con representantes de los taxistas.

Entre las medidas de choque que anunció el viceministro de Transporte no descartó algún tipo de correctivo para los usuarios. Con esto, Colombia estaría pasando a la historia como uno de los primeros países que sancionaría ciudadanos por utilizar plataformas disruptivas para mejorar su calidad de vida.

El último grito de los usuarios se dio ante la Registraduría Nacional del Estado. Con el apoyo de Uber, más de un millón de ciudadanos inscribieron sus firmas para apoyar una nueva categoría para el Transporte Privado Mediante Plataformas Tecnológicas. Mientras que en las redes sociales existen decenas de grupos en apoyo a las aplicaciones. Pero en el Legislativo el proyecto estuvo tres veces para consideración y ni siquiera se ha discutido por los congresistas.

Con esto el círculo se cierra para los usuarios, que quedaron en la mitad de un enfrentamiento entre conductores, taxis y autoridades. Mientras que no hay legislaciones para que todos los actores compitan en un campo de juego equilibrado para todos los jugadores, los ciudadanos de a pie siguen sin ser escuchados.