¿Por qué nunca deberíamos olvidar a Temístocles?

Aritmo de marimbas y bombos, y el canto de alabaos y cununos, el martes pasado más de 2.000 personas despidieron a Temístocles Machado, el líder más visible de la comunidad del barrio Isla de la Paz de Buenaventura.: “¡Temístocles no ha muerto, carajo!”, “¡El pueblo no se rinde, carajo!”, gritaban en la sobrecogedora marcha, de más de cinco horas, familiares, amigos, vecinos, compañeros y cientos de desconocidos que dejaron su cuerpo en el cementerio central y encomendaron su espíritu a los orishas.

A pesar de que en el puerto el nombre del victimario es un secreto a voces y que la administración distrital ofrece 20 millones de pesos por información que facilite la captura de los responsables, los bonaverenses hoy guardan un silencio casi sepulcral. La muerte de Temístocles les recordó los peligros que corren cuando deciden hablar.

El asesinato de líderes sociales es la vena rota del proceso de paz con las Farc. Las cifras escandalizan por donde se las mire. La organización Somos Defensores lleva un registro de 18 casos solo en 2018; Indepaz, de 24; y la Fundación Paz y Reconciliación, de 17. Pese a las denuncias y llamados de protección, este viernes el ritual volvió a ser el mismo: en su cuenta de Twitter la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que Yolanda Maturana, presidenta de la Asociación de Amigos de la Flora y Fauna, había muerto asesinada en Risaralda.

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Ser líder social en una región, en especial donde la guerra no ha terminado y se intenta instalar la paz, hoy es casi una especie de sentencia de muerte, dicen las organizaciones y líderes sociales; mientras tanto, el gobierno ha pedido hacer una lectura cuidadosa del contexto de cada caso antes de hablar de una sistematicidad.

El crimen de Temístocles se produjo cuando el Comité del Paro Cívico de Buenaventura sostenía una reunión en pleno en el colegio Pascual de Andagoya. Quienes lo conocieron de cerca lo recuerdan por su ejemplo a seguir. Era un hombre de principios, tranquilo, frentero y comprometido con la causa de su pueblo. De eso no quedó duda el año pasado durante la protesta de 21 días que paralizó el puerto y demostró que conocía a fondo las necesidades de la gente: servicios públicos, seguridad, empleo y atención hospitalaria. Pero su causa más importante fue la defensa de la tierra.

El barrio donde vivía limita con la Sociedad Portuaria de Buenaventura. En ese lugar más de 5.000 personas le arrebataron al mar unas tierras gracias a las basuras que les llegaban del centro de la ciudad. Pero sus penurias aparecieron cuando particulares comenzaron a reclamarlas y el gobierno, por su parte, les atravesó la vía alterna al puerto, una variante que evita el paso de vehículos pesados por la zona urbana. El desarrollo llegó, pero quienes se asentaron en esta zona no tienen la titulación de sus predios y, por el contrario, quedaron expuestos a que les arrebaten sus casas para ampliar el puerto. “Aquí muchos paramilitares están al servicio de oscuros empresarios”, sostiene otro de los líderes; ellos estarían detrás del crimen de Temístocles.

“Está claramente establecido que se trató de una retaliación por las causas que defendió toda su vida. Su muerte tiene que marcar un punto de inflexión en la historia de este país. Estamos asistiendo al exterminio de los líderes sin que a nadie le importe”, sentenció el procurador general, Fernando Carrillo, quien se desplazó a la zona. Para el jefe del ente de control, protegerlos no solo es un compromiso de la institucionalidad en Bogotá, “sino que estoy dispuesto a iniciar acciones disciplinarias porque aquí hay responsabilidad de la Alcaldía Distrital”.

Viejos síntomas

Con cifras y casos en mano, los incrédulos comienzan a creer que las muertes de líderes sí tienen las características para ser sistemáticas. Basta ver la región y las causas por las cuales están ocurriendo los homicidios: por promover la sustitución de cultivos, reclamar tierras o por atravesarse en negocios ilícitos como la coca y la minería ilegal.

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La Justicia ha esclarecido, según cifras de la Fiscalía, el 48,25 por ciento de los casos. Es decir, casi la mitad de los 143 registrado desde 2016. Aunque la Fiscalía había defendido la tesis de que no había un patrón, tras una visita al Chocó, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró en diciembre pasado que sí “hay cierto grado de sistematicidad en algunas regiones del país en el asesinato de líderes. Si bien hay un origen multicausal, algunos reductos de las autodefensas estarían actuando de forma sistemática en algunas regiones del país”, dijo.

Una de las dificultades para entender qué hay detrás de las muertes es que cada entidad u organización las clasifica con unos parámetros en los que muchas veces hay intereses políticos. De ahí que no se pueda atribuir toda esta violencia a las bandas criminales, a las disidencias de las Farc, neoparamilitares o el ELN.

¿Cómo ponerle freno?

El viernes, el vicepresidente Óscar Naranjo y el ministro del Interior, Rodrigo Rivera, tomaron varias decisiones para afrontar la tormenta producida por los seis asesinatos cometidos esta misma semana en Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Córdoba y Risaralda.

Primero, se refirió al tema militar y recordó que hay que afinar la coordinación interinstitucional en el territorio para que los líderes se sientan más protegidos permanentemente con el Plan Victoria y la Operación Orus que adelantan las Fuerzas Armadas; y anunció que activará la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a Alertas Tempranas (Ciprat), que permitirá coordinar y poner en marcha las medidas preventivas y de reacción rápida. Es decir, responder con prontitud ante las alertas tempranas.

“Desde el año pasado hemos advertido la situación de violencia generalizada contra líderes. Aunque la información tuvo eco, algunas autoridades quisieron entrar en un debate insulso sobre las cifras. Ahora, el Estado debe volcarse para evitarlo”, señaló el defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera. Y es que el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas puede ayudar a establecer cuáles comunidades tienen alto riesgo antes de que ocurra un baño de sangre. Lo importante es que las soluciones lleguen pronto y no tarden meses, como hasta ahora.

Por su parte, la Procuraduría puso a andar cuatro pilares sobre el tema: 1) una acción de tutela para que la protección se convierta en política pública; 2) una acción popular, ya que la corte ha dicho que los líderes merecen especial protección; 3) que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha sus propios planes de protección; y 4) seguimiento permanente a todos los procesos.

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El tema de garantías de seguridad en Colombia ha sido una historia de fracasos. Por eso, ante la preocupante situación actual, queda por ver qué tan efectivas son las medidas lanzadas esta semana e insistir en la necesidad de que las autoridades hagan presencia social y militar en las zonas que dejó la guerrilla. Falta comprender que hay que resolver el problema bajo los parámetros de cada territorio y dejar de recurrir a fórmulas estandarizadas diseñadas en Bogotá. Lo cierto es que la realidad rebosó la fórmula del celular, el chaleco antibalas y el carro blindado.