Tierra Grata: La reincorporación vista desde un ETCR

Hace unos días un bloque de parlamentarios de los partidos que han defendido los acuerdos de paz, presentó un informe detallado sobre el avance de los distintos puntos de la implementación en lo que va corrido del gobierno de Iván Duque.

El documento fue objeto de polémica entre quienes lo desarrollaron y algunos miembros y voceros del Gobierno Nacional, pues en él se muestran avances bastante modestos y se evidencia una distancia enorme entre los compromisos adquiridos por el Estado en el papel, y la realidad de la ejecución de los mismos en los territorios. Los congresistas que participaron en la elaboración del documento, han advertido que existen antecedentes claros que permiten determinar que si los países no cumplen con los compromisos consagrados en un acuerdo de paz, en el 50 por ciento de los casos se regresa a la guerra en los 5 años siguientes al silencio de los fusiles. Aunque el informe reconoce avances parciales en algunos aspectos de la reincorporación de los desmovilizados, de la reparación de las víctimas, y en la puesta en marcha de proyectos productivos, en términos generales la conclusión es que, si no se le presta la atención suficiente a la situación de los excombatientes, Colombia podría estar empezando a recorrer el camino hacia una nueva era de violencia insurgente.

Según lo establecido en dicho informe, el 57 por ciento de las normas requeridas para la implementación aún están pendientes de trámite en el Congreso. Se encontró también que el Gobierno ha permitido el acceso y formalizado apenas 73.465 hectáreas, lo cual representa el 8.7 por ciento de lo requerido para cumplir la meta consagrada en los acuerdos. Así mismo, se muestra que de la cifra acordada para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Estado colombiano solo ha invertido el 1.2 por ciento, y que el 83 por ciento de las personas en proceso de reincorporación siguen sin participar en un proyecto productivo. En cuanto al tema de la seguridad física de quienes se acogieron al acuerdo, se establece que de los 138 excombatientes que ha sido asesinados desde que se inició el proceso de entrega de armas, 58 han perdido la vida entre agosto de 2018 y julio de este año.

Frente a esta radiografía tan poco optimista presentada por los partidos independientes y de oposición, el Gobierno Nacional, en cabeza del Alto Consejero Emilio Archila, salió a defender los avances alcanzados durante el mandato del presidente Duque y expuso un panorama menos fatalista de la realidad en los territorios. Archila, quien es reconocido en las distintas orillas políticas como un funcionario diligente y comprometido con el éxito del proceso, dio una ronda de entrevistas en la que aclaró que la implementación de lo acordado es un esfuerzo de largo plazo, a más de 15 años, y que el gobierno central está haciendo todo lo que en sus manos está para que esta llegue a buen término.

El Alto Consejero resaltó que durante este gobierno se han aprobado 223 proyectos productivos que han beneficiado a cerca de 800 excombatientes. Así mismo, hizo énfasis en que se le han dado todas las garantías y acompañamiento a las personas que habitan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), y se ha prorrogado la vigencia de figuras cruciales para el sustento de los exguerrilleros como la renta básica mensual. Emilio Archila dejó saber que a la hora de la aprobación, financiación y ejecución de los proyectos productivos se debe tener paciencia, pues cada uno de ellos representa una nueva empresa con un plan de negocios específico y unos retos considerables para lograr que todo se haga dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, el Alto Consejero se mostró optimista frente a los avances de la implementación y destacó el compromiso de este gobierno con la estabilidad de los acuerdos de paz.

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Ante esta evidente diferencia de visiones sobre los logros obtenidos, SEMANA visitó el ETCR de Tierra Grata, en el Cesár,  para tener una tercera visión, la de los protagonistas de la historia, sobre la verdadera situación del avance del acuerdo en los territorios.

Al aterrizar en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, hace falta recorrer unos veinte minutos de carretera para llegar a la entrada del Espacio Territorial que acoge a casi 300 personas entre excombatientes y miembros de sus familias. El conductor asignado, un policía adscrito al esquema de seguridad de uno de los antiguos jefes guerrilleros, cuenta que en su momento pensó en pedir la baja cuando se enteró de que en adelante su misión sería proteger la vida de quien hasta hace apenas unos días había sido su adversario en la guerra. Sin embargo, dice él, con el pasar de los días se fue dando cuenta de que era posible convivir en medio de la diferencia y fue dejando atrás los odios para trabajar de la mano de personas que abandonaron la lucha armada para perseguir sus ideales en el marco de la legalidad.

_{Así luce la entrada y el control se seguridad del ETCR. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.}

Luego de pasar un puesto de control compuesto por tres o cuatro militares que permiten el acceso sin mayor dificultad, es necesario atravesar una trocha que solo puede ser transitada en una 4X4. Al cabo de unos minutos, la pendiente del camino va cediendo y entre las montañas se empiezan a ver las siluetas de las casas y los techos de zinc que componen el ETCR de Tierra Grata. Al bajar del vehículo, lo primero que salta a la vista son los coloridos murales pintados sobre las fachadas de las casas que hacen alusión a los líderes de la antigua guerrilla.

^{Este es uno de los murales principales del espacio. Sin embargo, entre los excombatientes se siente una rabia generalizada por la manera en la que Jesús Santrich abandonó el proceso. _{Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA.}}

El recibimiento corre por cuenta de Félix, un hombre de campo, de unos 60 años, que hizo parte primero de las filas del ELN y luego terminó siendo miembro de las Farc. El recorrido empieza con un tour por las instalaciones del lugar. Para un observador sin contexto, podría tratarse de un caserío cualquiera en una región apartada. La gente se saluda con afecto, todos los habitantes se conocen entre sí, y el sol inclemente del medio día hace que los grandes se resguarden bajo techo mientras los niños juegan y corren libres por ahí. Félix se detiene para señalar una reunión que adelanta uno de los miembros de la bancada del partido Farc en el Congreso con los habitantes del espacio. En este encuentro, los asistentes le manifiestan sus preocupaciones al ahora congresista y, además de los reiterados reclamos por el asesinato de los líderes sociales y de los excombatientes, queda en el ambiente una sensación de frustración colectiva.

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La gente levanta la mano y casi todas las intervenciones van en la misma dirección. Mientras el antiguo líder guerrillero trata de calmar los ánimos, los presentes lo increpan ante la imposibilidad de llevar a cabo las iniciativas parlamentarias de la nueva fuerza política. Este se arma de paciencia y trata de explicarles que las cosas con el Estado no marchan al mismo ritmo que en la selva. “Somos una bancada muy pequeña en un Congreso que no quiere nada con nosotros y avanzar ha sido muy difícil. Tienen que saber que seguimos trabajando por esto sin descanso y tenernos paciencia” anota el antiguo jefe guerrillero ante la mirada dudosa de los asistentes.

Luego de un breve recorrido entre las casas colectivas, la pequeña escuela que fue construida en el lugar y los bloques donde están los baños y las duchas, Félix advierte que ha llegado el momento de conocer los proyectos productivos que se han puesto en marcha en el lugar. En este espacio, en el que sus habitantes han visto transcurrir casi tres años desde que dejaron sus fusiles,  se ven pocos proyectos productivos. El primero de ellos, ubicado a unos diez minutos a pie del ETCR, a todas luces parece un campamento guerrillero de la época del conflicto. Se trata de un espacio de ecoturismo que fue desarrollado por 12 de los excombatientes que viven en la zona. La idea de que tuvieron fue recrear de la manera más fiel posible los campamentos en los que durmieron y prestaron guardia por años en medio de la guerra. Su esperanza, es que algunos turistas curiosos quieran recrear esa experiencia y se vayan por unos días a entender lo que era la vida en la guerrilla.

^{En el proyecto de ecoturismo, los visitantes pueden vivir de primera mano la experiencia de lo que fue estar en un campamento guerrillero. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA}

En el camino hacia el campamento turístico, Félix empieza a soltarse y a hablar de las problemáticas que se viven a diario en el ETCR. Su relato va en la misma dirección que el de la mayoría de los excombatientes que se asentaron en Tierra Grata. En términos generales, todos coinciden en que dejar las armas, aun cuando no fue fácil, fue la decisión correcta. Sin embargo, el nerviosismo de los habitantes del lugar por saberse desprovistos de la que por años fue su compañera y su protectora se vive a flor de piel. Pero la preocupación por la seguridad física no es la protagonista. Cuenta Félix que a los desmovilizados que viven allí les angustia más la lentitud del Estado a lo hora de cumplir sus compromisos.

Muchos llegaron a los espacios transitorios pensando que todo lo que estaba consagrado en el papel iba a cumplirse al pie de la letra. Mal que bien, los desmovilizados llegaron acostumbrados a la doctrina de la guerra en donde la orden de un comandante se ejecuta de manera inmediata y sin vacilaciones. Darse cuenta de que el Estado funciona a otro ritmo, con otros tiempos, no ha sido una realización fácil de digerir. La sensación general que se vive entre los habitantes de Tierra Grata es una extraña mezcla entre esperanza y desencanto. Los excombatientes tienen ilusiones de que las cosas funcionen y no quieren irse de la zona pues ya muchos echaron raíces, tuvieron hijos y se reencontraron con sus familias con las que habían perdido todo contacto por cuenta de la guerra. Pero esa ilusión de poder empezar a edificar los cimientos de una nueva vida, se estrella con la realidad de que pasados ya tres años de haber llegado al lugar todavía no hay agua suficiente, no hay acceso a la tierra, no hay proyectos productivos viables y la incertidumbre sobre el futuro es total.

En las inmediaciones del ETCR de Tierra Grata la tierra no es fértil. Esto ha obligado a los habitantes de la zona a buscar terrenos más dados para los proyectos que tienen en mente y estas quedan a más de una hora caminando de su lugar de residencia. A la fecha, en este espacio que hace poco fue visitado por el presidente Duque hay lo siguiente: el campamento de ecoturismo, un restaurante muy básico para atender a los pocos visitantes que llegan, una pequeña sastrería que usa las máquinas de cocer que antes hacían uniformes para la guerra y ahora confeccionan dotación para empresas, una proyecto de ganado con 40 vacas y 30 socios y un proyecto unipersonal con unos 7 u 8 marranos de engorde.

^{Con estas máquinas que antes confeccionaban para la guerra, los excombatientes hoy hacen uniformes de dotación empresarial. Foto: Juan Carlos Sierra/SEMANA}

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Aun cuando debe afirmarse que es muy positivo ver a los desmovilizados haciendo comunidad, dedicados al campo, al turismo y a la confección, no puede obviarse tampoco que el avance parece bastante modesto para haber sido logrado en tres años. Entre los habitantes de la zona se siente el temor de que se cuando se acabe la figura de la renta básica mensual muchos no tendrán aun con que comer. Esto, mezclado a la presencia de grupos armados que les ofrecen entre dos y cuatro millones a los desmovilizados para volver a la vida de las armas, es una amenaza que el Estado no debe pasar por alto. Es vital que todos los esfuerzos del Gobierno Nacional se centren el sacar adelante proyectos productivos viables, sostenibles y con acompañamiento permanente de los entes estatales. Muchos de los excombatientes que habitan en la zona afirman que aunque viven tranquilos en la legalidad, volver a la armas no es una posibilidad que descartan si la situación los conduce a retomar ese camino.

No tendría sentido que la burocracia, los formalismos y los ires y venires de la disputa por el poder político en Bogotá terminen empujando de vuelta a los fusiles a una gente que abandonó ese camino para librar su batalla en la legalidad.