Un fallo garrafal

La extinta Caja Agraria, que empezó a ser liquidada en 1999, podría terminar renaciendo de sus cenizas, con una nómina conformada por dos personas: la actual gerente liquidadora y un empleado al que un juez ordenó reintegrar y pagarle salario, aunque la entidad financiera ya no opere ni mueva un centavo de crédito para los campesinos. El fallo implicaría, primero, ‘abrirle campo’ al nuevo trabajador, aunque la ley de garantías lo impide, y, segundo, señalarle funciones dentro de una empresa que ya no tiene objeto social. Todo un entuerto jurídico. El asunto empezó en 1999, cuando el gobierno de Andrés Pastrana decidió cerrar la entidad, por la inminencia de una quiebra. La liquidación fue decretada por el Presidente, pero la Corte Constitucional tumbó la medida, por considerar que se había excedido en sus funciones. Inmediatamente, la Superintendencia Bancaria ordenó la intervención y la liquidación de la Caja. Por ese huequito legal se han metido los líos jurídicos de este caso. José Bonel Henao Giraldo, quien trabajaba para la compañía estatal y pertenecía al sindicato, demandó a la Caja por su despido. El proceso se extendió durante varios años en medio de impugnaciones y réplicas y en 2003, el juez ordenó reintegrar al empleado y cancelar los salarios que se habían dejado de pagar. La Caja cumplió la sentencia así: canceló 24 millones de pesos por sueldos; emitió una resolución en la que iniciaba un proceso laboral con el objetivo de demostrar que era imposible reincorporar al empleado, porque la entidad se encontraba en liquidación y, finalmente, para compensarlo, le entregó 89 millones de pesos por no haberlo incluido de nuevo en la nómina. Esto último se hizo como una manera de blindarse frente a futuros pleitos. Hasta ahí, todo iba más o menos dentro del cauce legal y respondía a la misma lógica de otros procesos que en ese sentido se habían dado. En últimas, se pagaba la indemnización, pero se impedía que renaciera la nómina de la Caja. Hasta el momento, la entidad en liquidación ha pagado 7.740 millones de pesos por indemnizaciones relacionadas con el fuero sindical. Igualmente, ha sido absuelta en unos 130 casos. Sin embargo, en ningún proceso se ha visto obligada a reincorporar a alguien. Hasta ahora. A comienzos de este año empezaron a aparecer las perlas. Henao volvió a acudir a los jueces, este vez al 37 civil del circuito, Hugo Hernando Moreno Munévar, al que, por medio de una tutela, solicitaba ordenar el reintegro a la Caja y el pago de los salarios dejados de cancelar desde 2003 hasta la fecha. En pocas palabras, el ciudadano aspiraba a seguir devengando sueldo, porque consideraba que seguía siendo injusta su desvinculación, y para ello utilizaba un mecanismo jurídico que se emplea para proteger los derechos de los ciudadanos ante una amenaza inminente. El asunto es que la tutela se interpuso dos años después del último fallo que lo favoreció y no es tan claro que hubiera una “amenaza inminente”. El juez, no obstante, le dio la razón, pero su decisión fue más enfática: la Caja tiene que abrirle campo a Henao en la nómina. Esto significaría pagarle otros 70 millones de pesos por indemnización y actualizar los 900.000 pesos de salario que recibía en 1999 a valores de hoy, para cancelarlos mensualmente durante el tiempo adicional que dure la liquidación. La Caja Agraria impugnó inmediatamente el fallo ante el Tribunal Superior y ahora está a la espera de un pronunciamiento. La preocupación del gobierno es clara: si los jueces no reversan la decisión, esto significaría una ventana de oportunidad para que otros 132 empleados terminen reincorporados, con millonarias indemnizaciones y ganando sus sueldos hasta tanto no se concluya la liquidación. La meta es que la Caja quede liquidada en mayo, aunque el proceso se podría alargar. Según las cuentas oficiales, esto le costaría otros 7.000 millones de pesos al Estado, una verdadera pesadilla para el fisco. Lo peor es que se pagarían sueldos e indemnizaciones por un período de ocho años en los que nadie, distinto a la gerente liquidadora, ha movido un dedo en la Caja Agraria, entidad que tenía como lema: primero el campo.