¿Quién les responde a los estudiantes de la Universidad de la Fiscalía?

El cierre de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ), más conocida como Universidad de la Fiscalía, evidenció el fracaso definitivo del proyecto bandera del fiscal Eduardo Montealegre. Varios jóvenes creyeron en esta idea como una de las mejores opciones para profesionalizarse en técnicas de investigación criminalística y judicial. Sin embargo, sus esperanzas y sueños de graduarse se vieron truncados y ahora nadie responde.

El pasado 30 de diciembre en una reunión a la que acudieron las directivas de la universidad; el vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo; un delegado del Ministerio de Educación, y la Procuraduría, se dio la supresión final de los cargos –16 gestores de conocimiento y 64 empleados administrativos y acádemicos– y se le impusieron los santos óleos al proyecto.

Con los estudiantes se acordó cubrir el excedente en matrículas para trasladarlos a la Universidad Sergio Arboleda y así garantizarles la culminación de sus estudios. Sin embargo, a la fecha todo se quedó en anuncios y, según las cuentas los estudiantes, no podrán estudiar este semestre.

“Lo que nos prometieron era que para la primera semana de enero estaría el acuerdo para así poder iniciar con los procesos económicos y la homologación del pénsum, pero ni la Fiscalía ni el Ministerio de Educación nos han dado ninguna respuesta”, señaló  a Semana.com Álex Orástegui, representante de los estudiantes.

Según Orástegui, lo que más les preocupa es el acuerdo económico. Advierte no tener dinero para cubrir los estudios en la universidad privada escogida para continuar con su proceso educativo. “Nosotros venimos de pagar un semestre de 1.500.000 pesos y en la Sergio Arboleda cuesta 3.300.0000. La idea es que nos cubran este valor por los cuatro semestres que nos hacen falta y no uno solo”, concluye.

En total son 31 estudiantes los que se encuentran en el limbo. De ellos, 20 pertenecen a los estudios de pregrado y 11 hacían parte de las especializaciones. “Lo que no queremos es perder tiempo, si nos incumplen con lo acordado, tendremos que demandar al Estado, pero los perjudicados seríamos sólo nosotros ya que el pleito judicial retrasaría nuestro estudio”, advirtió el joven estudiante.

Ante la preocupación de los estudiantes, Semana.com consultó al Ministerio de Educación. Fuentes de esa entidad aseguraron que al final de la semana tendrán una respuesta para estos estudiantes que no quisieron anticipar. “El Ministerio está analizando los programas de varias universidades que podrían ser homologables para garantizarles a los estudiantes de la Universidad de la Fiscalía que puedan continuar con sus estudios. El viernes se dará a conocer más información al respecto”.

Lo cierto es que si bien será el Ministerio el que desenrede el ovillo, es claro que las universidades ya iniciaron su calendario académico y esto dificulta el inicio de clases para los estudiantes perjudicados con el cierre del proyecto bandera de la Fiscalía.

El entierro de la universidad

Detrás de todo este escándalo, que ocupó gran parte de la agenda de medios a finales del 2015, hay una serie de irregularidades que fueron reveladas por Semana.com. Persecución, allanamientos, amenazas y decisiones arbitrarias que acabaron con este proyecto están entre ellas. La institución, que no muchos conocen y pocos saben para qué sirve, dejó de funcionar pese a que en dos años de actividades, el 2014 y el 2015, tuvo una inversión de 31.245 millones de pesos.

En la inauguración del centro educativo el jefe del ente acusador expuso: “La universidad hace parte de una gran apuesta para tecnificar la Fiscalía General de la Nación e iniciamos un gran proceso de capacitación en nuevas tecnologías”, el 7 de julio del 2014, y un año después acabó con el proyecto.