Sueños bajo techo, el desafío para la migración

Luego de los primeros días que vivieron a la intemperie, miles de ciudadanos venezolanos sueñan ahora con una casa digna, un anhelo que significa un esfuerzo colosal para sus bolsillos.

Las cifras son claras en torno al desafío de acceso a vivienda y condiciones de vida dignas para la población migrante venezolana: según el ‘Plan de atención a refugiados y migrantes’, documento producido por la plataforma R4V y que mide la situación de estas personas con corte a diciembre de 2021, “en Colombia, un 36 por ciento vivía en condiciones de hacinamiento; y un 31 por ciento se encontraba en situación de riesgo de desalojo por la imposibilidad de pagar el alquiler y los suministros”.

A esta situación se suma el déficit de vivienda para esta población, tal como lo confirma el ‘Informe de estadística sociodemográfica aplicada de caracterización de migrantes y retornados’, del Dane, en 2021.

Basado en el censo nacional de 2018, identifica una carencia de 51,6 por ciento en viviendas para venezolanos y de 62 por ciento para personas retornadas. Adicionalmente, se deben analizar las condiciones de los inmuebles ocupados por los migrantes y las dinámicas de con vivencia.

El Observatorio de Migración de Planeación Nacional reporta que, a corte de 2022, de los 148.276 venezolanos inscritos en el Sisbén, el 54,73 por ciento no tiene gas, el 33,49 por ciento no tiene alcantarillado, el 26,74 por ciento no tiene recolección de basuras, el 25,48 por ciento no tiene acueducto y el 10,25 por ciento no tiene energía eléctrica.

También revela que solo el 31,1 por ciento de las viviendas habitadas por venezolanos cuenta con materiales resistentes, como el cemento, y el 7,9 por ciento todavía vive en alojamientos de tierra, arena o barro. Por su lado, el Dane, en el estudio poscensal ‘Integración de la población venezolana en Colombia’, confirma que “la mayor parte de los hogares inmigrantes habitan viviendas rentadas mensual o diariamente, y estas son compartidas con otros familiares, amigos u hogares desconocidos”, situación que afecta sus hábitos y dinámicas familiares.

Empleo y presupuesto familiar, los cuellos de botella

Estas cifras son una radiografía de las dificultades que enfrentan los migrantes y retornados para acceder a vivienda propia financiada o recibir un subsidio de arriendo.

Mientras la mayoría de ellas era propietaria de su casa en Venezuela, en Colombia las condiciones propias de la migración, la galopante informalidad laboral y comportamientos y actitudes discriminatorias en torno a esta población, son serios obstáculos para el acceso a contratos formales de arrendamiento. La irregularidad de los venezolanos se convierte en el mayor impedimento para acceder a crédito, además de la dificultad para conseguir trabajo, que, según el Dane, alcanza el 58,9 por ciento de los migrantes laboralmente activos.

“Sólo el 35 por ciento cuenta con una vinculación con vocación de permanencia laboral que le permite acceder a créditos hipotecarios; desafortunadamente, la inestabilidad propia de las relaciones laborales colombianas, aunado a la informalidad, impiden que este flujo migratorio pueda acceder a los programas de crédito para vivienda propia”, explica Iván Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

A las familias venezolanas las cuentas para soñar con casa propia no les cuadran por ningún lado. Así lo confirma Mayra Vielma, una madre cabeza de familia que trabaja como manicurista, y quien paga $600 mil de arriendo mensual y $150 mil más en servicios públicos.

“Lo que gano hoy no me alcanza para ahorrar para una cuota inicial, y necesitaría ayuda del Gobierno con una línea de crédito de una cooperativa o algo así. Aunque estoy regularizada, mi ingreso no es fijo al mes, depende de la clientela que salga”, señala.

Como ella, cientos de mujeres venezolanas que ejercen la jefatura de hogar y el cuidado de sus hijos enfrentan una brecha adicional en materia de ingreso. Según el Dane, su tasa de informalidad laboral alcanza el 70, 14 por ciento y la de desempleo de larga duración llega hasta el 38,9 por ciento.

¿Qué se está haciendo y cuáles son las salidas?

ONU Hábitat, que implementó el modelo Ciudades Incluyentes, reconoce la buena gestión de Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga para consolidar, por encima del 60 por ciento, el denominado marcador de inclusión urbana, que mide la calidad del acceso a vivienda de los migrantes, entre otras características.

Bogotá, que acoge, según las cifras, un 21,3 % de los migrantes, ya tiene en marcha un plan para atender sus necesidades de vivienda, pero dadas las normas del sistema financiero para hacer transferencias solo puede ayudar a los regularizados.

Expertos consideran que los entes nacionales y territoriales deben generar políticas para que la llegada de la población migrante sea una oportunidad para diseñar y ampliar el portafolio de servicios de vivienda y una invitación para pensar un crecimiento ordenado y sostenible de las ciudades con mayor índice de presión migratoria.

Ello sería a partir de soluciones innovadoras y flexibles que permitan dar respuesta al déficit habitacional, el equipamiento público y ampliación de espacio público, entre otros. De igual manera, coinciden los expertos en la necesidad de diseñar nuevas herramientas de acceso al crédito hipotecario que vinculen a las autoridades nacionales, locales y al sector privado.

“Es deseable que toda la política de acceso a vivienda de todo este flujo migratorio esté apalancada por proyectos de créditos institucionales, ojalá de las instituciones financieras oficiales. Es necesario que el Estado sirva como garante cuando se presenten solicitudes ante entidades financieras privadas”, asegura Iván Mauricio Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.

Con este panorama, queda claro que solamente la consolidación de la regularización de los migrantes, apoyada en la cooperación internacional y en una política pública que prevea también a futuro la inclusión en vivienda de los migrantes trabajadores informales, como Mayra Vielma, es la vía más adecuada para enfrentar el desafío de un techo digno para casi dos millones de personas venezolanas.