Un fallo salva a la Drummond y deja en jaque a los colombianos

La que pudo haber sido la noticia medioambiental de 2018 pasó inadvertida en el país. El 18 de octubre, el juzgado primero penal de Ciénaga (Magdalena) falló un proceso penal a favor del personal de la minera estadounidense Drummond, que hace exactamente seis años arrojó al mar, según determinó la Fiscalía, al menos 600 toneladas de carbón en aguas cercanas a las playas de El Rodadero.

En esta denuncia pudo haber cárcel por primera vez por un caso medioambiental en el país, además de onerosas multas. Una fiscal de la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente imputó a seis empleados de American Port Company, filial de la multinacional minera de origen estadounidense. Ellos son los directivos José Velásquez, gerente de operaciones marinas; Javier Jácome, superintendente de operaciones de puerto; Juan Flórez, superintendente asistente de operaciones marinas, y Paulo Cárdenas, supervisor líder de operaciones marinas, además de los operarios de grúas Juan Urieles y Raúl Olivella, por los delitos de daño a los recursos naturales y de contaminación ambiental.

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En audiencia llevada a cabo el 28 de febrero de 2014 ante un juez de garantías de Bogotá, los imputados no aceptaron los cargos, que implicaban penas de entre cinco y nueve años y multas de casi 10.000 millones de pesos. El escrito de acusación, al que accedió SEMANA, les cuestiona no solo por haber arrojado una ingente cantidad de carbón al mar para evitar que se hundiera una barcaza que quedó semisumergida, sino también porque la remolcaron así hacia el puerto, con lo que su proa afectó 126.000 metros cuadrados de lecho marino.

Por estos hechos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) tomó dos decisiones históricas. El 6 de febrero de 2013 suspendió a la multinacional el cargue de carbón por no avisarle oportunamente de la emergencia, lo que le significó a la empresa un mes de parálisis en sus exportaciones. Y el 19 de diciembre de ese año las firmas Drummond Coal Mining Llc., Drummond Ltd. y sus filiales American Port Company Inc. y Transport Services Llc. recibieron la mayor multa impuesta en el país por un daño ambiental: 6.965 millones de pesos. El Ministerio de Ambiente, además, obligó a la empresa minera a construir un sistema de cargue de carbón directo a los buques, para proscribir de una vez por todas el sistema de barcazas que ocasionó la tragedia ambiental.

La Drummond es la principal exportadora de carbón del país con alrededor de 32,4 millones de toneladas.

En el curso del proceso, Drummond buscó un principio de oportunidad. El 2 de marzo de 2015 su abogado, el exprocurador general de la Nación Jaime Bernal Cuéllar, solicitó a la Fiscalía acoger un proyecto para preservar, recuperar y darle un manejo sostenible a los ecosistemas de manglar en las desembocaduras de los ríos Manzanares y Gaira en el Distrito de Santa Marta.

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Presentó esa iniciativa de 526 millones de pesos como una forma de reparar a la comunidad víctima del vertimiento del mineral parte de los daños, dado que, según un análisis de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es menos problemático dejar el carbón en el lecho marino que removerlo.

Según conocedores del asunto, que pidieron el anonimato, la estrategia era también un salvavidas para la minera: una condena significaba un costoso lío reputacional frente a sus clientes, principalmente europeos. Drummond declinó hacer declaraciones para este artículo.

Entre las víctimas que el juez reconoció dentro del proceso estuvo la Anla, que exigió ajustes técnicos, económicos y de linderos, entre otros, que dilataron por meses el proceso. Drummond alegó en enero de 2016 que, por sus costos, las modificaciones eran “desproporcionadas”. Para noviembre de ese año el fiscal general Néstor Humberto Martínez negó el principio de oportunidad por falta de acuerdo entre las partes.

Ello significaba que las víctimas se quedarían “sin el pan y sin el queso”. No habría proyecto ambiental de reparación en este proceso emblemático, que en su momento también estuvo al filo de la prescripción, a más de cinco años de los hechos, lo que implicaba que no hubiera posibilidades de condena o de pago de multas.

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SEMANA tuvo acceso a los correos de comienzos de 2018 entre la Anla y su apoderado, que para entonces era el abogado Francisco Bernate, en los que él dice a la oficina jurídica de la entidad que desde noviembre de 2016 se ha intentado sin éxito trabajar en un principio de oportunidad.

“A pesar del paso del tiempo, no tenemos una postura concreta de la entidad al respecto ni tampoco un acuerdo entre los técnicos que se encuentran negociando el posible arreglo”, manifestó el letrado. Añadió que “entretanto, el proceso penal continúa y lo que se ha realizado hasta el momento es aplazar reiteradamente las audiencias (…) sin que se llegue a un avance concreto”.

En agosto de 2017 Drummond insistió en presentar un principio de oportunidad y la Anla reconoció en marzo de 2018 su pertinencia para, entre otros, resolver a favor de las víctimas “un caso de altísimo interés para el país” y “disminuir el riesgo de que la acción de nulidad y restablecimiento que está en curso pueda prosperar”.

Ese último punto en juego es crítico para los intereses de la Nación. Drummond sostiene contra ella un pleito en el Consejo de Estado por 876.061 millones de pesos por haber sido obligada a cambiar el sistema de cargue. De ganar el proceso, la multinacional se alzaría con más de un billón de pesos por cuenta de la indexación.

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Por la mención a ese pleito y a sus implicaciones, el acuerdo no se concretó. Drummond retiró la propuesta el 9 de julio de 2018. El juez primero penal de Ciénaga, acudiendo a la figura de la duda razonable, resolvió absolver a los implicados. Ese togado tiene entre sus antecedentes haber dejado libres a 15 integrantes de la banda Los Pachenca, a los que la Fiscalía y la Policía, tras un trabajo de investigación, habían acusado de minería ilegal en la Sierra Nevada.

La Fiscalía apeló el 23 de octubre ante el Tribunal Superior de Santa Marta, así como presumiblemente lo hizo la Anla, pero aún no hay explicación del accionar aparentemente contradictorio de la autoridad ambiental. Mientras la justicia falla, la actual decisión da pie para que se vean afectados no solo los habitantes de la región, sino todos los colombianos. 

Carbón vertido

• El 12 de enero de 2013, la barcaza TS-115 recibió 2.957 toneladas de carbón en puerto Drummond a las 2:44 p. m. A las 8:00 p. m. zarpó para llevar su contenido al buque Anangel Seafarer, al que cargaron 1.100 toneladas de mineral que colmaron su capacidad. A la 1 a. m. del día 13, la embarcación fue fondeada en el sitio denominado boya 23, a unos 12 kilómetros de distancia del puerto.

• Al amanecer, hacia las 6:20 a. m., el supervisor de turno notó dicha barcaza semisumergida en el extremo de popa y con 1.857 toneladas de carbón aún a bordo. Diez minutos después la minera activó el plan de contingencia, que en el caso de Drummond da máxima prioridad a salvar vidas humanas, luego prevenir o controlar el derramamiento de sustancias contaminantes al mar y, en tercer lugar, evitar el hundimiento de la unidad comprometida.

• ¿Cuánto mineral arrojaron? Versiones periodísticas redondeaban la cifra en 2.000 toneladas, pero la Anla manejó un rango de entre 35 (reconocidas por Juan Carlos López, gerente jurídico de Drummond) y 1.857 toneladas, cantidad que sale de la declaración del gerente José Luis Velásquez.

• “Si no se conoce la realidad y cantidad de carbón caído al fondo marino es porque la empresa, además de ocultar la contingencia por más de 18 días, no documentó ni informó la misma como era lo correcto. Por ello le es dable suponer el peor escenario de vertido de carbón al fondo marino, es decir, las 1.857 que quedaban en la barcaza TS115”, señaló la Anla a Drummond en una resolución.

• Para la Fiscalía, el conteo es menor. Señala que la grúaSeaworthy 1 arrojó entre 10 y 12 paladas de material, cada una con una capacidad de 23 a 25 toneladas, lo que promedia un aproximado de 300 toneladas. Una cifra similar aportó la grúa Colombia 5, que sacó entre 10 y 15 paladas con capacidad de 32 toneladas cada una. “Realizada la sumatoria de cada una de las disposiciones, nos arroja un aproximado de 600 toneladas de carbón mineral que fueron arrojadas al mar”, mencionó el ente acusador.