Víctimas sin techo en Medellín

Los líos con algunas constructoras y proyectos inmobiliarios en Medellín no parecen parar: cada cierto tiempo los habitantes de un edificio tienen que evacuarlo y los constructores –muchas veces hasta los propios habitantes– corren a contratar empresas que puedan repotenciar las bases y salvar la mole de un posible colapso como el de los edificios Space o Barlovento.

Increíblemente, a pesar de las tragedias y todo lo ocurrido, las estafas y problemas de construcción no se detienen en el Valle de Aburrá. Así quedó claro tras los debates que sobre el tema ha hecho el Concejo de Medellín, en donde el concejal Bernardo Alejandro Guerra y otros han denunciado que más de 50.000 personas son víctimas de timos o tienen complejos líos con propiedades nuevas.

Guerra lo ha llamado desde hace varios meses “el cartel del adobe”, en el que funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín (pero también del área metropolitana), en asocio con constructores, facilitaron la aprobación de licencias, falsos certificados de construcción o se hicieron los de la vista gorda a la hora de hacer las inspecciones y seguimientos a las obras.

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Las víctimas más visibles de este cartel son los damnificados por el colapso del proyecto Space, ocurrido el 12 de octubre de 2013, quienes aún esperan que la Constructora CDO les responda y que la Justicia haga algo por ellos. Todo lo anterior pese a que el año pasado la Superintendencia de Sociedades ordenó la entrega de bienes de la Constructora avaluados en 7.899 millones de pesos, decisión que solo beneficia a quienes firmaron un acuerdo previo.

En muchos casos las personas entregaron sus ahorros o se endeudaron para conseguir un techo, y al final se quedaron sin nada. Uno de los más notorios es el de las víctimas del grupo empresarial Invernorte, conformado por cinco empresas y un grupo de personas naturales que estaban desarrollando 25 proyectos inmobiliarios de los que hoy no hay nada. Así, engañaron a 88 familias que compraron 96 inmueble en Medellín y Bello y pagaron 5.513 millones de pesos.

La tragedia del edificio Space y la demolición del Bernavento inauguraron un fenómeno generalizado.  Miles de habitantes de Medellín siguen cayendo en manos de la Red del Adobe, como denunció el concejal Bernardo Alejandro Guerra.

“Más que constructores, este grupo empresarial parece trabajar en lavado de activos, porque estaban desarrollando 25 proyectos sin un solo crédito financiero ni una sola fiducia. Los clientes cayeron porque lo publicado era impresionante. A todos les hacían firmar promesas de compraventa con un descuento de 10 millones de pesos”, dice Linda Ruiz Sánchez, abogada que representa a los damnificados de proyectos inmobiliarios como Saint Joseph SAS (12 familias, 9.600 millones de pesos), Portal Plaza (19 familias, 973 millones de pesos), Invernorte 25 proyectos (88 familias, 8.513 millones de pesos).

Antonio Giraldo, por ejemplo, compró uno de los apartamentos del edificio Oklahoma que vendía Invernorte en el barrio Calasanz: pagó 317 millones de pesos por 99 metros cuadrados en un edificio que tendría un solo apartamento por piso. “En principio nos pareció un proyecto muy hermoso, muy bien ubicado y, como todo era tan público, pensamos que tenía todos los trámites y documentos en regla. A partir de ese momento empezamos a vivir una odisea. Nosotros pagamos todo en marzo y se supone que nos deberíamos estar pasando en septiembre”. Sin embargo, en el lugar donde debería estar un flamante edificio con grandes balcones hay solo un lote vacío lleno de rastrojo.

“Hasta ahora nadie da la cara. Buscamos una conciliación, mandamos correos para solicitar la devolución del dinero, pero la gente de Invernorte está perdida. Por otro lado no hemos encontrado apoyo de la Administración Municipal, al contrario, nos han revictimizado y nos caricaturizan diciendo que compramos porque fuimos detrás de promesas mentirosas. Eso no es cierto. Creemos que hay una grave culpa de parte de la Administración Municipal que no vigila este tipo de proyectos”, dice Giraldo.

Invernorte, dice la abogada, tenía la fórmula de distribuir los papeles entre las empresas que conforman el grupo: “Una sociedad construía, otra firmaba las promesas de compraventa y otras tenían las pocas tierras que compraban, porque no eran dueños de los lotes; muchas veces vendían sobre terrenos que apenas estaban negociando y que ni siquiera terminaban de comprar. De los 25 proyectos solo sacaron licencias para construir siete. Comenzaron a vender sin tener licencia, prometían edificios de 22 pisos cuando el POT permitía solo ocho”, dice Ruiz.

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El concejal Guerra asegura que en la ciudad hay cerca de 25.000 familias afectadas por estafas inmobiliarias, lo que hace necesario acciones de fondo de la Alcaldía y de la Personería. El municipio debe entablar las acciones legales contra las firmas constructoras que estafan, que son responsables de la implosión de edificios enfermos o que hacen parte del cartel del adobe. Todos quieren respuestas.

Pero los casos de casas en el aire se multiplican. Por ejemplo Mauricio Ballesteros compró en 2013 un apartamento en Continental Towers, proyecto de la Constructora CDO, y recuerda que cuando lo habitó y puso la última caja del trasteo en una de las habitaciones dijo que ahí planeaba pasar muchos años: “Era nuestro gran sueño, nuestra segunda inversión en una vivienda propia. Habíamos vendido nuestro apartamento y metimos toda la plata allí. Además, nos endeudamos porque queríamos estar en un lugar mucho más grande”. Sin embargo, el 12 de octubre de 2013, seis meses después, les notificaron que debían abandonarlo pues tenía problemas estructurales.

“Hoy tenemos embolatado todo lo que invertimos y le debemos a los bancos la deuda. A nosotros nos vendieron unos apartamentos de unos 350 millones de pesos, pero con el paso del tiempo y con la tragedia de Space, resultamos conociendo que los diseños no coincidían, por eso pusimos una acción de grupo ante un juzgado administrativo donde demandamos no solo a la constructora sino también al Estado. Porque lo que hemos encontrado es que el Estado fue laxo, no cumplió con rigor su papel, no hizo controles, no verificó si lo entregado a la gente coincidía con lo que les habían aprobado, porque los planos son distintos”, dice Ballesteros.

Casos como el de Continental Towers ahora terminan en demoliciones, como ya le pasó al Space y al edificio Benavento, cuyos compradores de buena fe se quedaron viendo un chispero pues nadie les responde por el dinero invertido.

En la ciudad también hay diversidad de casos, como el del conjunto Meritage, en la vía que va a Rionegro, cuya obra fue congelada por una solicitud de extinción de dominio. Élkin Escobar adquirió allí el lugar donde quería pasar el resto de su vida: “Compré en 2015, cuando se abrieron las ventas de los apartamentos y de los locales comerciales. El programa de pago era cancelar el 50 por ciento antes de la entrega programada para marzo de 2017. Yo alcancé a pagar el 50 por ciento a través de la fiducia, pero la intervención se hizo en agosto de 2016, seis meses antes de que entregaran. Desde entonces ha sido una pesadilla. No sabemos en qué va el proceso, no sabemos quiénes son los culpables. La Fiscalía dijo que el proyecto no tenía inconvenientes y luego intervino”.

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La Alcaldía hasta el momento ha instaurado seis denuncias en Fiscalía por estafas inmobiliarias, pues han encontrado licencias falsas, urbanización ilegal, captación masiva de dineros y usurpación de marca. “Es muy importante que la comunidad investigue los proyectos de vivienda antes de invertir en ellos, pues hemos encontrado que los presuntos estafadores utilizan muchas veces el logo de la Alcaldía de Medellín en su publicidad para darle validez a los proyectos”, dice José Nicolás Duque Ossa, secretario de Gestión y Control Territorial.

Se dice que los estafados por proyectos inmobiliarios podrían llenar el estado Atanasio Girardot, tantos ciudadanos que hasta el momento todo el mundo parece ignorar. El concejal Guerra señala que en el caso de Invernorte hay un robo de medio billón de pesos, “un mundo de plata que quisieron lavar y nadie se dio cuenta, eso es imposible”. Las víctimas concluyen que el Estado no tiene legislación para proteger a quienes deciden invertir en un bien inmueble. Y mientras tanto se preguntan quién les va a responder por su plata.