SALUD

Anticoncepción en Colombia: un tema que debe trascender la política pública

La crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 concentró todos los esfuerzos de las autoridades en la atención de esta enfermedad, dejando de lado alertas en temas clave como la autoconcepción, que sigue siendo un gran reto en Colombia.

22 de diciembre de 2020
en los países en vías de desarrollo unos 225 millones de mujeres desean posponer o detener un embarazo, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. | Foto: AP

Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en los países en vías de desarrollo unos 225 millones de mujeres desean posponer o detener un embarazo, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. En Colombia este tema toma una relevancia especial, ya que como indican diversos estudios, entre ellos el estudio MILENA del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la prevención del embarazo adolescente, ahorraría hasta 12.045 millones de pesos al año, solo en el régimen contributivo, que se podrían destinar a la atención de otras enfermedades.

SEMANA conversó con el Dr. Álvaro Muriel, Advocacy Manager Países Andinos, Centroamérica y El Caribe de Bayer, para entender por qué se debería avanzar en la implementación territorial de la Política Pública Nacional de Infancia y Adolescencia con miras a la disminución de embarazo no planeado y no deseado.

SEMANA: ¿Cómo se define la situación actual frente al embarazo adolescente y embarazo no planeado?

Álvaro Muriel (AM): La salud y los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos mundialmente como un elemento fundamental para el desarrollo personal, para las mejoras de las condiciones de vida, el desarrollo sostenible de las comunidades y para la lucha contra la pobreza.

En la abundante bibliografía y experiencias sobre el tema puede apreciarse que el embarazo en la adolescencia es definido como un “problema” por múltiples autores, al vincularse con consecuencias no deseadas ni previstas como el aborto ilegal, el abandono y maltrato de los niños y variados conflictos conyugales y familiares, dependencia económica del grupo familiar, delegación del cuidado de los hijos, uniones conyugales forzadas, abandono de los estudios, dificultades en la inserción laboral y diversos problemas de salud del niño y su madre, entre otras.

Igualmente, es asociado con peligros sanitarios por escaso y tardío control prenatal, incremento del aborto, mayor número de dificultades en el parto (cesáreas y fórceps), multiparidad precoz, mayor mortalidad materna, infantil y fetal, y mayor número de complicaciones (elevación de la presión arterial, anemia, enfermedades que se transmiten por medio del contacto sexual y malnutrición). De la misma manera, el embarazo adolescente lleva aparejado dificultades socioeconómicas y emocionales para la madre y su hijo, lo que se conoce como el “Síndrome del fracaso”. No sorprenden entonces las recientes declaraciones de la ONU cuando asevera que el “embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”.

SEMANA: Bajo ese planteamiento, ¿cuáles son las exigencias que esta problemática le plantea a países como Colombia?

AM: Esta problemática exige de los gobiernos y las autoridades de salud una política pública robusta que promueva la salud y prevenga efectos negativos en la vida y salud de las mujeres de la región, dentro de un proyecto de alcance territorial local amplio que incluya la prevención del embarazo adolescente y en general del embarazo no intencionado (ENI), la disminución del aborto y la mortalidad materna, las medidas de protección contra el VIH, las medidas anticonceptivas en poblaciones femeninas especiales (Cáncer, VIH, obesidad, diabetes, etc.) y en general el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la población. Adicionalmente debe considerarse que el costo de atención de ENI es 5.4 veces más que el costo de prevenirlo.

SEMANA: ¿Desde su perspectiva, que retos hay desde salud pública con el tema del embarazo no deseado o no planeado?

AM: Aunque se cuenta con prácticamente todos los métodos anticonceptivos en el mercado, y han surgido métodos modernos con innegables ventajas y posibilidad de prescripción dependiendo del perfil de mujeres, en la práctica aún persisten barreras institucionales, culturales y geográficas, incluso regulatorias, que limitan el acceso efectivo oportuno y de calidad a servicios de anticoncepción, especialmente a métodos de larga duración, a la anticoncepción de emergencia y al condón masculino de látex.

Para la muestra un botón: hoy por hoy, el Plan de Beneficios del SGSSS, aún no cuenta con varios métodos de contracepción, a pesar de que las Rutas de Atención Integral para Promoción y Prevención y atención materno infantil señalan los beneficios de éstos y los ponen en el punto más alto de eficacia.

SEMANA: ¿Este es un problema de falta de uso o de estos métodos o de desconocimiento por parte de las poblaciones en riesgo?

AM: Aunque en la actualidad el uso de anticonceptivos está generalizado, es necesario que se usen de forma más consistente y efectiva. Los mismos proveedores de servicios tienen que estar mejor informados para ayudar a las parejas a que utilicen mejor los métodos y para que cambien los métodos tradicionales por métodos modernos y más efectivos. En este sentido los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, se convierten en una alternativa importante, dado que muchos de los embarazos no planificados se deben al uso incorrecto del anticonceptivo, más que por el fracaso del método. Los métodos que no dependen del manejo de la usuaria, como el sistema intrauterino, el implante subcutáneo, el dispositivo intrauterino y la esterilización femenina, presentan en su uso típico una alta eficacia (99%; menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres al año).

SEMANA: ¿Cómo se ve este tema impactado por la pandemia COVID -19?

AM: Con la pandemia por COVID-19 en la escena mundial hemos visto cómo se ha golpeado no solo la salud de las personas sino la economía a nivel global. Esto hace que las consecuencias de un embarazo no planeado o no deseado se incrementen.

En Colombia, por ejemplo, la mayoría de los municipios del país tienen hoy incrementada la presión sobre los sistemas de salud, la productividad y en general, la economía.  Por ello, se requiere el cumplimiento de medidas ya contenidas en diversas regulaciones como la misma Ley Estatutaria, las normas de niñez y adolescencia, las de derechos sexuales y reproductivos, y muy especialmente lo definido en el Plan Decenal de Salud Pública, Rutas de atención integral (RIAS), Resolución 3280 de 2018 sobre Promoción y Prevención y la resolución 2626 de 2019 que hace referencia a la Política de Atención Integral en Salud – PAIS -, y a la implementación del Modelo de Acciones Integrales en el Territorio – MAITE.

De esta manera, todos los actores sociales, aseguradoras (EPS), IPS públicas y privadas, ONGs, industria farmacéutica y las mismas usuarias, tienen un rol importante para acercarse a soluciones razonables, sostenibles y eficaces y es en este punto donde una política pública integral fortalecida y soportada en MAITE, bajo la gobernanza de la autoridad local se hace necesaria.

SEMANA: Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser algunas acciones del modelo MAITE frente a la mitigación del embarazo adolescente y el embarazo no planeado?

AM: Uno de los elementos más importantes que darían sustento a la toma de acciones en los territorios, es tener disponibles todos los métodos anticonceptivos en el Plan de Beneficios y aplicar así integralmente lo definido en la Resolución 3280 sobre Promoción y Prevención.  Por su parte, el análisis de lo reglamentado para MAITE muestra cuatro estrategias y enfoques principales en el desarrollo de las acciones en los territorios o municipios: una estrategia de Atención Primaria en Salud, una estrategia de gestión integral del riesgo en salud, un enfoque de cuidado, y un enfoque diferencial de derechos.

De acuerdo con esa reglamentación, en la primera estrategia existen tres componentes integrados e interdependientes, como son los servicios de salud, la acción intersectorial / transectorial por la salud y la participación social comunitaria y ciudadana. Por su parte el enfoque de cuidado tiene que ver con las responsabilidades que asume la persona consigo misma y con la comunidad y será relevante su gestión en cualquier propuesta que se desarrolle en los territorios.

De igual forma, el enfoque diferencial, que es una línea de acción Maite, reconoce que hay poblaciones con características particulares debido a su edad, género, etnia, condición de discapacidad o de víctimas de la violencia, entre otras situaciones que las ubican en una situación de desventaja y mayor vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la salud, por lo cual es preciso generar garantías especiales y esfuerzos encaminados a la eliminación de estas. El tema de anticoncepción, embarazo adolescente y embarazo no planeado es particularmente orientado al enfoque diferencial.

SEMANA: ¿Cómo poner en práctica el MAITE teniendo en cuenta nuestra realidad?

AM: Se requiere de intervenciones simultáneas y multisectoriales, nunca aisladas, para consolidar un efecto sostenible. En un panorama ideal, deberíamos iniciar la conversación por plantear acciones enfocadas en:

  • Educación sexual integral que propicie la postergación del inicio de la actividad sexual en la adolescencia.
  • Incrementar el porcentaje de adolescentes que concluyan la educación secundaria.
  • Acceso a servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva para adolescentes a través de servicios amigables.
  • Orientación y consejería en salud sexual y reproductiva, al mismo tiempo que se incrementa la prevalencia de uso actual de métodos anticonceptivos modernos en adolescentes sexualmente activas mayores de 18 años y en adolescentes que ya son madres.

Esto debe ser un trabajo alineado entre los actores de la sociedad civil, entendiendo que cada mujer es única con necesidades distintas. Debemos trabajar para que esa política pública considere estos factores y de esta forma contribuyamos hacia el progreso en la transformación de los marcos legales y regulatorios para normalizar el uso de métodos anticonceptivos en los jóvenes y adolescentes, sin vulnerar sus derechos.