Violencia sexual
El país en el que ser una víctima de ‘pornovenganza’ te puede llevar a la cárcel
Compartir imágenes o videos sexualmente explícitos sin el consentimiento de la persona que aparece en ellos se conoce como ‘pornovenganza’ o pornografía de venganza.
Siti, de 24 años, había estado saliendo con un hombre durante cinco años sin decírselo a sus padres o amigos, cuando se convirtió en víctima de ‘pornovenganza’.
La relación se había vuelto cada vez más abusiva y cuando Siti, cuyo nombre ha sido cambiado, trató de ponerle fin el año pasado, su ahora expareja publicó imágenes sexuales privadas de ella en las redes sociales.
Se considera un delito en varios países y las víctimas pueden acudir a las autoridades.
Lo más leído
En 2019, una mujer que apareció en un video sexual privado compartido sin su consentimiento fue sentenciada a tres años de cárcel. Posteriormente se rechazó el recurso de apelación presentado contra el fallo.
Las víctimas de ‘pornovenganza’ a menudo sienten que no tienen a nadie a quien acudir en busca de apoyo.
“Este trauma me ha dejado tan atrapada, he tenido momentos en los que he sentido que no quiero vivir más y he tratado de llorar, pero las lágrimas no salen”, dice Siti.
Indonesia es un país predominantemente musulmán y existe un estigma y un tabú social en torno a la sexualidad y el sexo antes del matrimonio.
Husna Amin, que trabaja en el Instituto de Ayuda Legal de la Asociación de Mujeres de Indonesia (LBH APIK), dice que sabe de mujeres de distintas partes del país que están pasando por lo mismo que Siti.
Con o sin consentimiento
Según la Comisión Nacional de Violencia contra la Mujer de Indonesia, en 2020 se registraron 1.425 casos de violencia de género online en el país, pero los expertos dicen que podría haber muchos más casos sin denunciar.
“Las víctimas tienen miedo de ser castigadas porque podrían ser acusadas bajo la Ley de Pornografía y la Ley ITE”, dice Amin.
La Ley de Pornografía de Indonesia prohíbe a una persona “deliberadamente, o con su consentimiento, convertirse en objeto o modelo de contenido pornográfico”.
También establece que “toda persona tiene prohibido producir, fabricar, reproducir, duplicar, distribuir, difundir, importar, exportar, ofrecer, comerciar, alquilar o proporcionar pornografía”.
La Ley ITE dice que es un delito “distribuir, transmitir o hacer accesible información electrónica o documentos electrónicos que tengan contenidos que violen la decencia”.
Las personas que aparecen en videos sexuales filtrados, incluso si solo fueron hechos para uso privado, pueden ser castigadas por la ley.
“Normal”, al principio
La relación de Siti comenzó como muchas otras.
Conoció a su exnovio cuando estaban en la secundaria, tenían amigos en común, él parecía generoso, leal y muy atento.
“Hice cosas muy estúpidas porque al principio pensé que podría ser mi futuro esposo, le dejé grabarme y fotografiarme”, dice.
Después de cuatro años de citas, su comportamiento cambió.
“No me dejaba ver a mis amigos, me llamaba hasta 50 veces al día para ver cómo estaba”, dice Siti.
“Me sentí como un pájaro en una jaula. Si yo estaba en mi jaula, él estaba bien, pero cuando salía, se volvía loco”.
Un día, llegó inesperadamente al campus universitario y comenzó a gritarle y amenazar con compartir sus fotos íntimas.
“Me llamó ‘perra’, ‘barata’ y ‘prostituta’”, dice.
“En otra ocasión, estando con él en el auto, mencioné la posibilidad de romper y comenzó a estrangularme”.
“Cuando estaba en el auto con él, iba muerta de miedo, tenía pensamientos suicidas y me imaginaba arrojándome fuera del coche”.
“Yo soy la víctima”
Siti tiene miedo de denunciar a su expareja a la Policía, porque es probable que le pidan que proporcione pruebas de los videos e imágenes íntimos que él publicó en las redes sociales, así como testigos.
“No era mi intención que se difundieran estas imágenes, yo soy la víctima de esta situación”, dice Siti.
“Dudo que acuda nunca a la Policía porque no me ayudarán. Generalmente la Policía está formada en su mayoría por hombres, así que me sentiré incómoda. Tampoco puedo acudir a mi familia en busca de apoyo porque no saben lo que pasó”.
BBC Indonesia habló con el inspector general Pol Raden Prabowo Argo Yuwono en el cuartel general de la Policía Nacional sobre las dudas que tienen las mujeres a la hora de denunciar abusos cometidos online.
Dijo que existen procedimientos especiales para los casos denunciados por mujeres y que todo el asunto puede ser llevado por agentes mujeres.
Pero según la LBH APIK, solo el 10 % de los casos de violencia de género online se denuncia ante las fuerzas de seguridad.
La organización dice que han visto un aumento en las víctimas de violencia de género ‘online’, que incluye ‘pornovenganza’, desde que estalló la pandemia, con dos o tres casos reportados cada día.
“Muchas mujeres sienten que no tienen una red de apoyo cuando se encuentran en esta situación; el proceso legal es largo y defiende a las mujeres”, dice Husna Amin.
Vigilancia estatal en nuestras habitaciones
En un caso que llegó a los titulares en 2019, una mujer fue condenada a tres años de cárcel con base en la Ley de Pornografía, que contempla penas de hasta 15 años.
Se distribuyeron en internet videos privados de ella, conocida como V, teniendo relaciones sexuales con varios hombres.
Asri Vidya, la abogada que la defendió, dice que la Ley de Pornografía tiene un poder excesivo y viola el derecho a la privacidad de todos los ciudadanos.
Ella sostiene que su cliente fue víctima de abusos domésticos y tráfico sexual a manos de su propio esposo.
El año pasado se sintió obligada como abogada a impugnar la Ley de Pornografía ante el Tribunal Constitucional de Indonesia.
“El Estado ha entrado efectivamente en las habitaciones de nuestros ciudadanos y está observando lo que estamos haciendo”, dice Asri Vidya.
“Mi clienta fue procesada dos veces: primero fue encarcelada por ser considerada modelo pornográfica, a pesar de ser la víctima, y luego fue etiquetada como trabajadora sexual”.
Asri argumenta que la sentencia de su clienta tiene grandes implicaciones para todas las mujeres indonesias, incluido el caso de Siti.
“Si un hombre y una mujer tienen relaciones íntimas y se toman una foto o graban un video, pero luego se separan y las imágenes se difunden online, pueden ser encarcelados”, dice.
Después de que el Tribunal Constitucional de Indonesia rechazara su impugnación de la ley en 2020, Asri describió la esperanza de proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual como una “pequeña vela que casi se ha apagado”.
“No puedo seguir así”
Con el apoyo de un amigo, el año pasado Siti finalmente encontró la fuerza para alejarse de todo.
“Todas las noches lloraba y rezaba. Pensaba que las cosas ya no podían seguir así, que no podía soportarlo más, que me volvería loca. Y finalmente el coraje llegó”, dice.
Siti se puso en contacto con LBH APIK en abril de 2020 y, con la ayuda de Husna Amin, pudieron enviar una carta de citación a su exnovio diciéndole que cesara todo el contacto.
“Durante un tiempo dejó de aterrorizarme y acosarme, pero solo fue temporal”, dice.
Recientemente se enteró de que su exnovio había creado una cuenta falsa con su nombre y su foto de perfil. La cuenta es privada, pero le preocupa que él se haga pasar por ella en internet y continúe publicando material sin su consentimiento.
“Ahora sospecho de todo el mundo”, dice.
BBC Indonesia se comunicó con el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil para hablar sobre las políticas que abordan la violencia de género online, pero no respondió.
La Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres de Indonesia (Komnas Perempuan) dijo que el Proyecto de Ley de Eliminación de la Violencia Sexual o Proyecto de Ley RUU PKS es una solución para asegurarse de que las víctimas no sean criminalizadas.
El organismo señala que, de aprobarse, eliminaría la criminalización de las víctimas, al prohibir que las fuerzas del orden impongan a la víctima la responsabilidad de probar los hechos, haciendo que busque pruebas sobre su propio caso.
Además, permitiría que las declaraciones de estas sean pruebas admisibles.
Pero de momento el proyecto de ley está estancado y los conservadores islámicos se han mostrado en contra por temor a que promueva las relaciones sexuales fuera del matrimonio y los “valores feministas liberales”.
Siti, como tantas otras víctimas de la ‘pornovenganza’ en Indonesia, está en la disyuntiva de entre quedarse callada y vivir una vida de incertidumbre y peligro, o hablar y arriesgarse a ser procesada, perseguida y discriminada.
Lara Owen, Asia del Este, BBC World Service. Contribuyeron a este artículo Raja Eben Lumbanrau y Endang Nurdin.
