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Sector salud
“En el sector salud la ley es para los de ruana”: Unión de IPS
El presidente de UNIPS, William Aristizábal, habla sobre la billonaria deuda del sistema, sobre la necesidad de que las normas en esta área se apliquen y de la que no es necesario de una reforma a la ley 100.
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SEMANA: ¿Cuál es la mayor queja del sector?
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William Aristizábal: Ver cómo esta área está tan normada, pero aspectos simples como el pago de servicios médicos, desde la expedición de la ley 100, ha sido motivo de más de 5 normas que dictan lo mismo. Pero como sucede siempre en el país del sagrado corazón, dichas leyes no funcionan, se ignoran, o se aplican de manera selectiva.
SEMANA: ¿Entonce se necesita una reforma al sistema de salud?
W.A.: No. le explico. Ya sea para las elecciones parlamentarias, presidenciales o regionales nuestros políticos, en un afán populista, vienen alzando la bandera de una nueva reforma a la salud. Sin embargo, hay que enfatizar que el régimen colombiano de la salud, por el momento, no requiere ningún tipo de reforma. Lo que sí requiere es que las leyes se cumplan, debido a que la salud es un sector profundamente normado y solo hace falta voluntad política para hacerla cumplir y generar una verdadera transformación que haga gozar a los colombianos del sistema de salud que se tiene.
SEMANA: ¿Cuál es el papel de las Eps en esta crisis?
W.A.: Uno de los más polémicos participantes en este escenario de la salud, son precisamente las EPS o aseguradoras. Mucho se ha hablado de la billonaria deuda que las EPS tiene con los prestadores del servicio. Alrededor de 37 billones de pesos. Dinero con el cual se podría mejorar más del 50% de la infraestructura de la red, invertir en tecnología de punta y mejorar las condiciones del personal médico.
SEMANA: ¿Ustedes que han hecho al respecto?
W.A.: El gremio de la salud se ha cansado de exigir que se sancione y se tomen medidas contra todas esas Eps que, en su informe financiero anual, la súper salud señala con causales de liquidación. De lo contrario se seguirá promoviendo que las clínicas y hospitales se nieguen a prestarle servicio a los usuarios pertenecientes a estas aseguradoras con dichas causales y que llevan años sin pagar: como el caso de Coomeva y Medimás.
SEMANA: ¿Y qué consecuencias tiene esa falta de exigencias?
W.A.: Espere. Para seguir exponiendo la falta de justicia y garantías, con la entrada en rigor de la ley 100 en la salud se han expedido múltiples decretos que obligan a las Eps – las grandes deudoras- al pago dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la cuenta. Ahora si le contesto. Al no brindar garantías, los organismos estatales y de control como el Ministerio y la Supersalud hacen que estas empresas se nieguen al pago. Esto lleva a un incremento de la deuda, a que quiebren clínicas y hospitales y que el sistema de salud quede en cuidados intensivos.
SEMANA: ¿ Y qué pasa con la Superintentendia de salud?
W.A.: Para todos los prestadores es impactante que la superintendencia, que se supone que funge como garante, ante las múltiples quejas recibidas solo se ha limitado a contestar que es un organismo técnico y que no puede obligar al pago de acreencias. Lo curioso es que la super, sí obliga a médicos, clínicas y hospitales a prestar el servicio sin la certeza de un pago. Y de no prestarlos son sancionados severamente por esta entidad. Mientras tanto las EPS no están siendo obligadas a pagar y la súper simplemente se hace la de la vista gorda.
SEMANA: ¿Cuál es su opinión al respecto de esta crisis?
W.A.: Al ver esto se podría presumir que existe un acuerdo perverso entre gobierno y organismos de control con las EPS para dejarlas funcionar, pasándose por encima la ley, y no cumpliendo con sus obligaciones. Este sistema de salud ha permitido que se cree una triada oscura donde ministerio y organismos de control que conocen a fondo la perversidad de los mecanismos de contratación de las Eps, en las que estas tienen claro lo que el paciente necesita, pero acuerdan con algunos prestadores no satisfacer la demanda a efecto de que el mecanismo de contratación no le de perdidas ni a la Eps ni al prestador; todo en detrimento del pobre paciente. Es increíble que se permitan mecanismo de contratación en los cuales las utilidades del médico o prestadores estén supeditados a no realizarles las intervenciones que el usuario necesita para su optima atención, todo por complacer a las Eps.
SEMANA: ¿Cómo se afecta el paciente?
W.A.: Así como lo hemos evidenciado en estos dias en el sector salud si que es verdad aquello de que la ley es para los de ruana. Solo las Eps tiene derechos, pero el resto de los actores no pueden hacer nada diferente a someterse a la corrupción y politiquería de la misma y ni siquiera la acción de tutela permite garantizar los derechos. Tenemos que tener claro que el éxito de un país se mide en el cumplimiento de la ley y en el ejercicio efectivo de las instituciones destinadas para garantizar su cumplimiento. Una democracia es aquella donde todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero también las instituciones deben garantizar nuestros derechos. Es necesario que se para de jugar con la vida de los pacientes y con el sector salud. Ni siquiera la pandemia pudo dignificar la labor de los prestadores, por el contrario, fue cuando más se les humilló y no se les brindó ayudas, reconocimientos o primas.
Ahora con todo el auge de la influenciadora Daneidy Barrera Roja y su controversial condena, sumado al magno escandalo del Mintic, los colombianos hemos podido evidenciar que en este folclórico país la justicia es selectiva y poco eficaz.