“Eso le pasa por traer hijos al mundo”: Corte Constitucional les pone freno a los abusos del personal de salud hacia mujeres embarazadas

“Eso le pasa por traer hijos al mundo”. La frase aún retumba en la memoria de Gloria, una vallecaucana que entró en trabajo de parto, en su natal Cartago. El día en que iba a nacer su bebé sintió fuertes dolores en el vientre, por lo que se fue de inmediato al hospital más cercano. Sin embargo, para su sorpresa, en el centro de salud le dijeron que aún no estaba lista para el proceso de parto y que debía regresar después.

Pero los dolores no cesaron y, en medio de las molestias, la mujer rompió fuente. Y para evitar la misma negligencia con la que ya había tropezado horas antes, acudió a otro centro asistencial de ese municipio del norte del Valle.

Lo que siguió después fue lo más parecido a una pesadilla: los médicos de ese segundo centro de salud al que fue le aseguraron que todavía no estaba lo suficientemente dilatada para dar a luz, aunque continuaron con el procedimiento; no sin antes pedirle a la pareja de la mujer que ayudara a presionar el abdomen de la futura madre y facilitar el proceso de parto.

Pocas horas después sucedió lo que tanto temía. El nacimiento del bebé se complicó y la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital San Juan de Dios del mismo municipio, donde finalmente pudo tener a su hijo luego de que le suministraran un medicamento.

Durante el proceso, adolorida y temerosa de un mal desenlace sobre la salud de su bebé, la madre escuchó lo que decían los profesionales que la estaban atendiendo. “Estas complicaciones pasan por querer traer hijos al mundo”, dijo uno de ellos.

“Qué pesar, esa muchacha quedó desfigurada en la vagina”, aseguró otro. La nueva mamá no podía dar crédito a lo que escuchó. Y el asunto no paró ahí: semanas después, debido precisamente a las dificultades del parto, tuvo que asistir a una cita médica para una reconstrucción vaginal, en donde de nuevo no faltaron los comentarios desobligantes de los profesionales de la salud que atendieron su caso e incluso cuestionaron haberse sometido a esa práctica estética.

Creyendo que se trataba de una prestación de servicio marcada por un trato “inaudito y cruel”, la mujer decidió poner una tutela en contra del Hospital San Juan de Dios y de Coosalud EPS, que llegó también hasta la Corte Constitucional.

Para ella, el suyo se trataba de un caso de violencia obstétrica e institucional.

Un caso que llegó a la Corte

Así lo entendió también el alto tribunal, que, tras el estudio de esta tutela, emitió la sentencia T-198 de 2023, que deja claro el tipo de trato que deben recibir las pacientes para evitar este tipo de violencias. “La accionante solicitó el amparo de los derechos a la dignidad humana, el mínimo vital, la vida, la salud e integridad física, que le fueron vulnerados durante el parto de su primogénita”, se lee en el pronunciamiento de la corte.

Producto de esa tutela, el tribunal le ordenó al centro hospitalario tomar medidas. La intención de la Corte es que los profesionales en salud de esa institución reciban formación adecuada para la protección de los derechos de las mujeres que acuden a los servicios de salud reproductiva.

Para la Corte Constitucional, el hospital donde fue atendida la accionante “desconoció los derechos fundamentales de la mujer a su dignidad humana, salud e integridad física por la violencia obstétrica ejercida durante el parto, mediante el uso de expresiones abusivas y en la etapa posparto por la indiferencia y desinterés”.

De acuerdo con la Sala, no es justificable que “conductas como las que padeció la mujer sean normalizadas por parte del personal sanitario que interactúa directa e indirectamente con ella en las etapas de gestación, parto y posparto”.

Se abre el debate

Desde que se conoció la sentencia T-198 de 2023, no se han hecho esperar las reacciones de la comunidad médica y, claro, de otras mujeres que aseguran haber sido víctimas de casos similares y de esta violencia silenciosa.

Juana Melina Satizábal es una de ellas. Hace siete años dio a luz a mellizos en el Hospital Regional Manuela Beltrán, en Santander. “Tuve un trabajo largo de parto. Y ya había perdido dos bebés antes por abortos espontáneos. Así que sabía que no tendría un parto fácil. Tenía fuertes dolores, aunque mi sueño era tener un parto natural, me negaba a la cesárea; pero no dilataba lo suficiente y ya el dolor era desesperante y gritaba desde mi camilla. En ese momento, una de las enfermeras entró y me dijo que así como no había tenido problema en abrir las piernas para hacer a mis bebés, que no me quejara ahora que me tocaba tenerlos”, relata la ingeniera.

Pero ahí no pararon los abusos. “Cuando nacieron mis bebés, yo estaba agotada, había dormido poco y encima no sabía cómo acomodarlos bien para amamantar. De nuevo, la misma enfermera se creyó con el derecho de regañarme y llamarme floja porque no estaba dando rápido pecho. Fue una experiencia horrible. Uno llega hasta sentirse una mala mamá”.

Historias como esta las conoce bien Mauricio Ramírez, ginecólogo y obstetra, quien por esta misma razón se muestra de acuerdo en el pronunciamiento de la Corte. Y cita un estudio de la Universidad Industrial de Santander, en el que participaron mujeres que relataron las experiencias que vivieron en la atención de sus partos.

“La investigación reveló que la gran mayoría de ellas no solo había sido víctima de violencia obstétrica, sino que las agresiones que sufrieron pasaron desapercibidas o fueron naturalizadas por ellas, a pesar de que esto las hizo sentir incómodas, inconformes e insatisfechas durante su trabajo de parto”, relata el especialista.

Dicho estudio, agrega, puso de manifiesto que, en ocasiones, “las madres gestantes desconocen sus derechos, no saben cómo identificar las agresiones y no están empoderadas para tomar medidas al respecto. Por eso, es esencial que las mujeres en estado de embarazo conozcan qué es la violencia obstétrica, cómo se manifiesta y, lo más importante, cómo denunciarla”, indica este médico.

Y aplaude que la sentencia T-198 de 2023 contemple que los profesionales de salud “que incurran en este tipo de violencia pueden ser llevados incluso ante un tribunal de ética médica y exponerse, en casos graves, a perder sus licencias”.

De acuerdo con el doctor Ramírez, “una mujer que requiere servicios obstétricos no puede estar expuesta, por ejemplo, a controles rápidos y poco humanizados; a la oposición del ingreso de un acompañante al trabajo de parto; al maltrato verbal y/o psicológico ante las manifestaciones de dolor de la madre durante el trabajo de parto; a partos inducidos y cesáreas innecesarias o a reproches, críticas y comentarios inapropiados”, como le sucedió a la madre en Cartago.

En palabras de la Corte Constitucional, se debe erradicar la violencia de género manifestada en violencia obstétrica, “ya que la mujer gestante se encuentra en estado de mayor vulnerabilidad (...) Resulta completamente inaceptable que deba ser sometida a padecimientos que desconocen y vulneran los derechos que la Constitución le protege de manera reforzada”, tal como se lee en el fallo de tutela.