Qué cambios traerá la nueva ley de donación de órganos

En Colombia cada vez más personas requieren de un trasplante de órganos para sobrevivir o mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el número de donantes no aumenta en la misma proporción. Según datos recientes de la Red de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del Instituto Nacional de Salud (INS), cerca de 2.200 individuos estaban en lista de espera cuando terminó 2015. El problema es que en promedio hay tan solo un donante por cada 22,7 pacientes y 7,6 donantes por cada millón de habitantes, lo que demuestra que el país enfrenta una crisis en esta materia. La tasa de donación en Colombia es muy baja en comparación con otros países de América Latina.

Para mejorar la situación, el senador Rodrigo Lara Restrepo, del partido Cambio Radical, presentó un proyecto de ley que será sancionado en los próximos días por el presidente de la república, Juan Manuel Santos. Este busca fomentar la cultura de la donación y subsanar esta problemática mediante unos nuevos mecanismos que permitan mejorar las cifras y salvar al menos 40 por ciento más de vidas. “Del total de personas que espera un órgano en el país, tan solo el 2 por ciento logra efectivamente un trasplante. Eso es casi una condena de muerte. Por eso es fundamental precisar muy bien los principios rectores de la donación de órganos”, señaló Lara a Semana.com.

Esta iniciativa busca mantener la presunción legal de donación, es decir, que cada ciudadano sea donante a menos que manifieste lo contrario, como lo ordena la ley desde 1988, pero pretende eliminar la autorización de los familiares, quienes no podrán oponerse a que los órganos de sus parientes sean utilizados para beneficiar a pacientes que los necesiten. “La ley busca fomentar que las personas manifiesten en vida su voluntad, pues es inexplicable que los familiares de alguien que tuvo toda una vida para oponerse a ser donante decidan por él”, afirma Lara. Si una persona no desea ser donante puede presentar por escrito su voluntad ante un notario y radicarlo en el INS, entidad que regulará el caso. Además deberá manifestarlo al momento de afiliarse a su EPS. 

Según datos del INS, hasta noviembre de 2015 hubo una negativa familiar para la donación de órganos y tejidos del 39 por ciento, una cifra bastante alta que demuestra la raíz del problema, pues se hubieran salvado al menos unas 500 personas. Esto se debe en gran parte a cuestiones culturales y religiosas que influyen mucho sobre la forma de pensar de las personas en torno al carácter ético de la donación. “Hay muchos tabús sobre el tema. La mayoría cree que no hay transparencia en este tipo de procedimientos y que todo está relacionado con el tráfico ilegal de órganos. Pero no han analizado que hay muchas personas que han muerto por estar en lista de espera”, dijo a Semana.com Carlos Benavides, jefe de trasplante renal en la Fundación Cardioinfantil.

La respuesta negativa, sin embargo, varía de acuerdo a las regiones del país. En la Costa Atlántica, por ejemplo, cerca del 85 por ciento de las respuestas familiares para donar órganos de sus parientes son negativas, y en Santander es de casi el 60 por ciento, mientras que en Antioquia ocurre todo lo contrario, pues la cifra de respuesta negativa no supera el 20 por ciento. “En este departamento hay una cultura de la donación muy grande debido a que en la década de los ochenta hubo muchas muertes violentas y aprendieron a valorar la importancia de este procedimiento”, afirma Lara.

Es importante aclarar que el único diagnóstico que permite la donación de órganos es la muerte encefálica o cerebral, que ocurre generalmente por accidentes de tránsito o impactos de bala. “Esta no es igual al estado vegetativo, sino que implica la pérdida irreversible del cerebro. En estos casos se puede mantener el latido cardíaco por unas horas de forma artificial y el paciente es apto para donar órganos”, explicó Julio Alberto Chacón Sarmiento, coordinador operativo de la Red Nacional de Donación y Trasplantes.

La ley promovida por Lara prohíbe en principio el servicio de trasplante de órganos a extranjeros no residentes en el país y agrava las sanciones por tráfico o comercialización de órganos con penas de entre 5 y 7 años de prisión. Adicionalmente, pretende generar estrategias de información para la ciudadanía como por ejemplo darle mayor espacio en el horario triple A de la televisión. “En general es un buen mecanismo que no solo ayudará a salvar más vidas sino que sobre todo fomentará la cultura de donación de órganos en el país”, concluye Guillermo Aldana, cirujano y jefe de trasplantes del hospital San José.