La misión médica en Colombia

El pasado 10 de mayo de este año se presentó el asesinato de Cristian Camilo Julio quien ejercía como médico rural en el Municipio del Bagre. Las primeras capturas por parte de las autoridades  dieron como responsable a un exmiembro de las Fuerzas Militares que pertenece al clan del golfo. No se han conocido otras informaciones sobre los móviles y los determinadores. No obstante, este homicidio se da en el contexto de una zona de conflicto del Bajo Cauca antioqueño. Este homicidio ocasionó que los médicos del Hospital tuvieran que salir del municipio ante la ausencia de condiciones de seguridad para permanecer allí.

Este es, quizás, el centro de la discusión que tiene que enfrentar el país, dado que no se ha completado el proceso de transición de la guerra en el marco del acuerdo de paz con la guerrilla Farc EP, siendo evidente que en territorios dispersos, urbanos y rurales, se encuentran diversos actores armados ilegales. Lo anterior supone reactivar de nuevo las medidas consagradas por el Estado colombiano y sus compromisos internacionales para la protección de profesionales de la salud que prestan servicios en zonas de conflicto.

La Federación Médica Colombiana ve con profunda preocupación la situación de riesgo que el ejercicio profesional del médico en particular, pero en general el de la Misión Médica en Colombia, que cada vez se torna más peligroso, sin que se vea por parte del Gobierno nacional o del Ministerio de Salud, por lo menos, un pronunciamiento y menos la intención de buscar la seguridad de las personas y de los elementos propios de esa actividad. O de realizar actos de vigilancia y control para tratar de detener las amenazas, desplazamientos, atentados, al personal asistencial de salud,  en todos los rincones del país.

La Misión Médica es el conjunto conformado por el personal sanitario, bienes, instalaciones, instituciones, vehículos, equipos, materiales necesarios, personas participantes y acciones propias de la prestación de servicios de salud en situaciones o zonas de conflictos, desastres naturales y otras calamidades. En Colombia fue oficializada mediante la Resolución 1020 de 2002 del Ministerio de la Protección Social.

El origen de la Protección a la Misión Médica surge con los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales de 1977. El Gobierno colombiano a través de la Ley 5 de 1960 suscribió los Convenios de Ginebra, en 1983 adhirió al Protocolo I y a través de la Ley 171 de 1994 convirtió en Ley de la República el texto del Protocolo II. Por tal motivo, es absolutamente responsable frente a la comunidad internacional de respetar y hacer respetar las normas del Derecho Internacional Humanitario en Colombia.

Lea también: ¿Por qué se suicidan los médicos?  

En estas normas, el personal de salud no está considerado como combatiente ni participante directo en hostilidades. Además de eso tiene un estatuto especial con un rango de protección mayor, pues a pesar de la cercanía de los promotores de salud, enfermeras y médicos con los conflictos, estos no pueden por esta causa, ni por la atención directa de los heridos o enfermos, considerarse sujeto de ataques. El artículo 10 del Protocolo II establece el libre ejercicio y la realización de la actividad médica en un sentido amplio, protegiendo no solo a los médicos, sino también a todas las personas que ejerzan profesionalmente la actividad sanitaria. También la expresión Misión Médica se refiere a la actividad médica, es decir, a las tareas que el personal asistencial cumple de conformidad con sus obligaciones profesionales.

La clasificación de las infracciones que fueron establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), son en cuanto a la vida y la integridad personal: Homicidios, desaparición, heridas, amenazas, desplazamiento, retención o secuestro, tortura o evitar u obstruir la atención de heridos o enfermos. En cuanto a la infraestructura sanitaria: Ataque a medios de transporte sanitario, ataque a locales dedicados a la actividad médica, robo de medicamentos o equipos, restricción de la oferta de servicios.    

Casi a diario vemos con mucha preocupación, que en Colombia se presentan violaciones que atentan contra la misión médica por parte de actores estatales y no estatales, ninguna entidad gubernamental o privada tiene unas estadísticas ciertas sobre la incidencia de este problema, hay un subregistro de las infracciones que se presentan de manera que prevalece una falta de información y notamos, además, que hay un desconocimiento tanto del Derecho Internacional Humanitario como de la Misión Médica. A pesar de esta circunstancia, los médicos continúan en su labor misional esperando que los demás estamentos de la nación cumplan igualmente con sus obligaciones.

Queremos poner de presente la desprotección total en que se encuentra la Misión Médica en Colombia, y la forma como se instrumentalizan los servicios de salud con la excusa de la participación de diferentes actores armados, pero igualmente con las personas que padecen el estado de crisis en la prestación de los servicios de salud por parte del estado, de las EPS e IPS, poniendo en evidencia las infracciones que se comenten contra el personal de salud y sanitario que incluyen homicidios de estos funcionarios muchos de ellos al servicio del sistema estatal de salud.

La intención al poner en evidencia esta problemática por parte de la FEDERACIÓN MÉDICA COLOMBIANA, en cumplimiento de lo establecido por el Artículo 62 de la Ley 23 de 1981: “Reconócese a la Federación Médica Colombiana como institución asesora y consultiva del Gobierno Nacional”, es invitar en forma vehemente a todos los estamentos del país a tomar medidas urgentes para defender el ejercicio médico, con nuestro total respaldo y decidida participación entre las cuales proponemos las siguientes:

- Tomar medidas de protección con el fin de prevenir y evitar los ataques que, desde los diferentes actores armados, incluyendo la fuerza pública, y las personas afectadas por las múltiples barreras en el acceso a los servicios de salud en busca de procesos de atención con calidad y oportunidad, padece la misión médica.  

En contexto: “Miles de médicos hoy trabajan en condiciones indignas y nadie hace nada”  

-  Constituir Mesas de trabajo regionales integradas por la sociedad civil, entidades gubernamentales y ONG defensores del DIH,  la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo e instituciones y autoridades locales con el fin de analizar y evaluar la información disponible sobre situación de la misión médica, necesidades de salud de la población, condiciones logísticas, recursos humanos e integración transversal con otras agencias regionales y nacionales con el fin de elaborar protocolos de comportamiento, normas de procedimiento, medidas de precaución para que sean aplicados por todos los funcionarios con el fin de minimizar los riesgos dentro del contexto político, social y económico de cada región.

- Promover campañas humanitarias que busquen crear conciencia en la comunidad, entre los diferentes actores armados en las regiones, del respeto debido a la misión médica y al personal sanitario, en lo posible con zonas humanitarias o brigadas de salud que atiendan a los enfermos enfatizando su función humanitaria y el respeto absoluto a su personal y a sus instalaciones.

- Que se expida un Decreto o una Ley para ordenar la reubicación laboral del personal de salud en igualdad de condiciones y se tomen medidas de protección y compensación para el personal que se vea forzado a desplazarse para proteger su integridad física o sicológica.

- Investigar y sancionar penalmente tanto a los civiles como a los actores armados que han cometido infracciones graves contra el personal de la misión médica, en diferentes regiones, buscando justicia, reparación integral y garantía de no repetición.

- El desarrollo de una campaña masiva en los medios de comunicación, en donde se sensibilice a la ciudadanía sobre la crisis de la salud en Colombia, dado que se atribuye la responsabilidad de las fallas del sistema al personal de salud, lo que ha derivado a instigación de agresiones a estos.

Sergio Isaza- Presidente de la FMC
César Prieto-Secretario General FMC
Carolina Corcho – Vicepresidenta FMC