La atención en psiquiatría “será igual de precaria”

La escasez de psiquiatras, enfermeras especializadas, psicólogos y trabajadores sociales; el subregistro y los mitos que rodean la enfermedad mental son algunos de los problemas que enfrentan los pacientes en Colombia.

Con la reforma al sistema propuesta por el Gobierno de Juan Manuel Santos, estos son los retos que el sistema debe afrontar para atender al 15% de personas con trastorno depresivo, otro 15% con trastornos de ansiedad, el poco más del 10% de víctimas del conflicto armado, el 1% con esquizofrenia y el 0,5% con trastorno afectivo bipolar. Y esos son los que están registrados.

La psiquiatra Carolina Corcho, directora de la Asociación Colombiana de Internos y Residentes (ANIR), opina que el país tiene dos grandes desafíos en cuanto a la salud mental. Uno es “la atención de las víctimas del conflicto. El otro es la gran morbilidad que representa la farmacodependencia al ser Colombia un país consumidor y exportador de sustancias psicoactivas”.

“En el mundo, los modelos son ambulatorios y sus equipos, comunitarios; mientras que aquí, se centran en la enfermedad… De cada diez personas que llegan a consulta externa, cuatro tienen una queja psiquiátrica y tres acuden por consumo de psicoactivos”, explica la especialista, y advierte que se debe tener en cuenta a los cuatro millones de desplazados quienes, por la Ley de Víctimas, “van a necesitar atención psicosocial y con este modelo no se va a lograr”.

La directora de ANIR sostiene que la iniciativa del Gobierno limita el acceso a los tratamientos psiquiátricos de las víctimas del conflicto porque “supedita la atención médica a la existencia de evidencia científica. El problema es que no hay estudios suficientes en Colombia y la evidencia es de Estados Unidos y Europa. El conflicto armado aquí es muy puntual y no se puede tomar las situaciones de Europa para aplicarlas aquí”.

Antes de la Ley 100 de 1993, los recursos que el Gobierno destinaba para la salud se transferían directamente a la red de hospitales públicos del país, por lo tanto, el Estado era responsable de garantizar la atención y prestación de este servicio a todos los colombianos. Para eso, enviaba los dineros a las secretarías departamentales, municipales y los hospitales públicos; y los médicos tenían gran autonomía en la atención de los pacientes. Sin embargo, este sistema no era suficiente para proporcionar un servicio adecuado a la población de bajos recursos y la infraestructura y cobertura eran precarias.

Además, los únicos con seguro médico eran los empleados, en su mayoría en el ineficiente y corrupto Instituto de Seguros Sociales; o los que tenían con qué adquirir una póliza. Más del 20% de quienes requerían servicios de atención médica afirmaban no tener acceso a ella. Este porcentaje era más alto en el caso de la población rural (28.5%), la población pobre (36%) y la población pobre del campo (40%), según un estudio del Ministerio de Salud en 1996. Por otro lado, sólo el 20% de la población estaba cubierta por un régimen de seguridad social en 1994, cifra que ascendía al 80% en el sector rural.

Con este estado de cosas, la Ley 100 planteó una cobertura universal en salud por medio de un plan básico que incluye las enfermedades más comunes o ruinosas. A los pobres, el Estado tiene la obligación de subsidiarles el aseguramiento, además de mantener los hospitales públicos.

Sin embargo, desde su implementación en 1993, la única modificación que se le ha hecho al POS en cuanto a la atención de los pacientes psiquiátricos no ocurrió sino 20 años después con lo que se conoce como “nuevo POS”. Pero las modificaciones no entusiasmaron a los psiquiatras.

La psiquiatra explica que, a pesar de que desde 2012, los especialistas pueden formular medicamentos para los cuales requerían la autorización de los comités técnico-científicos de las EPS, las nuevas inclusiones se limitan a ciertos diagnósticos.

“El nuevo POS no es una mejora porque restringe un medicamento a una patología. En psiquiatría, un fármaco puede servir para cinco enfermedades. Para que nos den un medicamento nos toca poner un diagnóstico. Por ejemplo, estamos inflando el diagnóstico de esquizofrenia porque, aunque el tratamiento esté indicado (para otra enfermedad), esto afecta los sistemas de información”, señaló.

Además, asegura Corcho, la reforma de la salud restringe el mecanismo por el cual los pacientes accederían a procedimientos excluidos del POS: la acción de tutela. “El Artículo 15 de ley estatutaria la limita. Si yo mando un medicamento que no está indicado en el nuevo POS, el paciente pone una tutela y el fallo es inmediato. Si se aprueba la ley estatutaria… al paciente le toca dar vueltas porque la tutela es de última instancia y tendrá que esperar varios meses. La ley no dice cuánto tiempo se debe demorar” el fallo.

Adicionalmente, la psiquiatra advierte que “en seis meses, por ejemplo, pueden pasar muchas cosas, como un intento de suicidio, lo que aumentará la cantidad de hospitalizaciones. Si entregan el medicamento a tiempo, los pacientes se pueden controlar ambulatoriamente. Ahora no hay camas suficientes (en los hospitales) y el costo es mucho más alto porque el sistema pensado en Colombia no es preventivo”.

Al preguntarle a Alfonso Barros, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, cómo sería el futuro de la atención en salud mental de aprobarse la iniciativa del Gobierno, este afirma que "igual de precaria”.

Entre los servicios incluidos en el POS en 2012 se encuentra el acceso a psicoterapias, “pero con las tarifas que manejan, ningún prestador de servicios las implementaría. La obligación de la atención psiquiátrica por parte de la EPS subsidiadas en realidad hizo que los usuarios ahora tengan que hacer más trámites. Antes, los hospitales psiquiátricos públicos prestaban todos los servicios facturables, ahora todo está fragmentado”. Corcho agrega que tampoco se incluyeron paquetes de terapia ocupacional.

Por ejemplo, en el caso de la depresión, una de las enfermedades con mayor prevalencia y causa importante de incapacidad en el mundo, el tratamiento puede durar años porque en las terapias, los pacientes, de la mano de expertos, buscan entender las causas de su enfermedad, cómo cambiar estilos de vida que influyen en ella y desarrollar herramientas para manejar las crisis. A esto se le agrega que las EPS en Colombia sólo aprueban ocho sesiones. “Y eso es estar de buenas”, señala Luz Marina Carillo, presidente de Unidos contra la Depresión. “Es peor cuando les cambian el profesional que los atiende, porque el trabajo pierde continuidad”, añade. Todo esto dificulta el tratamiento.

Pero Barros advierte que estos no son los únicos factores que interferirían con el acceso de las personas a los beneficios en salud mental. “La reforma que el Gobierno propone mantiene la figura de la intermediación y esta es rentable mientras se presten menos servicios. Es completamente esperable, como sucede en la actualidad, que las nuevas gestoras de salud dispongan de procesos administrativos orientados a restringir las prestaciones”.

Sin embargo, la representante a la Cámara por el Polo Democrático Alba Luz Pinilla y ponente de la Ley en Salud Mental o ‘Ley Esperanza’ es más optimista. “Constitucionalmente, no se puede echar para atrás lo que se ha ganado en salud mental. Uno de los grandes éxitos es tener una ley independiente de la Ley de salud”.

Pinilla afirma también que “esta Ley y lo que hemos ganado no se derogan con la reforma. Lo que nos preocupa es que, desde la ley estatutaria, se limita el derecho a la acción de tutela”. Barros señala que, aunque la reforma no limita este instrumento legal de forma explícita, vuelve la salud un servicio. “Al no declarar el derecho a la salud como un derecho fundamental, los demandantes tendrán que recurrir a la conexión con el derecho a la vida… lo que hace más complejo el proceso jurídico”, dice.

El impacto de la ley de salud mental o Ley Esperanza “es precisamente la esperanza en que no quede como letra muerta", asegura Barros y agrega que, "de manera práctica, es todavía muy temprano para notar efectos, pero esperamos que el plan de beneficios que propone se incorpore al sistema de salud que termine siendo implantado en el país”.

La directora de ANIR, por su parte, comenta que esta Ley “tiene aspectos interesantes, pero si la ponen a jugar con el sistema actual, es como un saludo a la bandera y no puede ser implementada. Necesitamos un modelo ambulatorio y preventivo”.


*Semana.com intentó contactar en múltiples ocasiones al ministro de Salud y la Protección Social, Alejandro Gaviria, sin respuesta.