Residentes: pagan por trabajar

Un residente es un médico graduado que cursa un posgrado para ser especialista. El tiempo de residencia fluctúa entre tres y cinco años, y  de tiempo completo. Lo que implica prestar servicios de salud en una clínica u hospital, con cumplimiento de horarios, realización de turnos, asumiendo responsabilidad médico-legal y ejerciendo actividad docente con los estudiantes de pregrado. La formación de un residente se desarrolla en su totalidad en la institución hospitalaria. Colombia es el único país del mundo en donde un médico residente no solo no es remunerado por el trabajo que ejerce en la atención de los pacientes, sino que paga cuantiosas matrículas que fluctúan entre 20 y 35 millones anuales. ¡Pagan por trabajar!

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud en 14 países de la región muestra que el ingreso  de un residente está entre 800 y 2.000 dólares mensuales, cifras que superan con creces los 400 dólares mensuales que reciben un poco más de la mitad de los residentes colombianos por una beca que no es universal, es irregular y que no cubre la totalidad de los residentes. A esto debe sumarse la ausencia de una vinculación laboral que les garantice el derecho a las incapacidades, licencias de maternidad, vacaciones, la cotización para la pensión, en correspondencia por la labor que ejercen.

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Las clínicas y hospitales han argumentado la imposibilidad de vincular laboralmente al residente porque este genera costos extras, sin embargo, las actividades que realiza el residente dentro de la institución son cobradas por las clínicas y hospitales al sistema de salud. Su trabajo ahorra a las instituciones hospitalarias la contratación de personal de la salud para la atención de los pacientes, como es el caso de las ayudantías quirúrgicas que hacen los médicos en formación. Es así, como un estudio del Hospital Universitario San Ignacio muestra que después de hacer un ejercicio de gastos contra ingresos por la presencia de actividad docente con los residentes, se da un impacto positivo financiero de $1,026.183.493.

El otro tema, que es excepcional en Colombia, es el cobro de matrículas por parte de las universidades. En ningún país del mundo a un médico residente se le cobra matrícula, porque se reconoce que su labor en el proceso de formación contribuye con la prestación de un servicio público esencial, la docencia en el pregrado y la garantía de un derecho fundamental. En Colombia las matrículas tienen cifras exorbitantes que son  definidas de manera arbitraria por cada institución, sin sustentación. Existen universidades,  como la Universidad de Antioquia, que forma residentes sin cobrar matrículas, solo los costos administrativos.

La postura de algunos directivos universitarios para sostener estas altísimas matrículas es que las clínicas y hospitales cobran un porcentaje a las instituciones de educación superior para permitir la rotación de residentes. Condición que es aceptable y que debe ser parte de las regulaciones que establezca una ley.  No obstante, el estudio de costos de docencia del hospital San Ignacio muestra que por la rotación de 174 residentes el hospital recibió por parte de la universidad la cifra de $185,738.444, una cifra inferior de lo que recibe la universidad por matrícula que en la actualidad tiene un valor de 35 millones de pesos anuales y en esa época circundaba los 10 millones de pesos al semestre.

El otro argumento no es muy claro. Aducen costos de docencia y sin embargo no muestran sustento empírico, y estas afirmaciones se ven desvirtuadas por el conocimiento que se tiene de que en la mayoría de ocasiones la formación del residente corre por cuenta de los especialistas contratados por las clínicas y hospitales, muchos de los cuales  ni siquiera contratan una planta docente para formar al médico residente, por el contrario, estos apoyan la docencia del pregrado de la universidad. Debe anotarse que existen universidades que cobran en el pregrado 25 millones de pesos el semestre de matrícula, valor con el que deben sostener una planta docente especializada para formar al pregrado.

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Por lo pronto no existe ningún argumento claro, legítimo, razonable que demuestre y explique por qué Colombia debe cobrar matrículas a los residentes, y por qué el mundo entero puede formar un médico especialista garantizando su remuneración y sin cobrarle. Debe ser que el resto de países del mundo están equivocados o la razón que cae por su peso: en Colombia se ha instaurado un cuantioso, desproporcionado negocio de extracción de renta en la educación médica, teniendo en cuenta que algunas instituciones de educación superior no están aportando valor agregado a la formación del médico y operan como intermediarios financieros del residente con los hospitales y clínicas.

Un médico para ser especialista debe tener una millonaria capacidad de endeudamiento, lo que redunda en que muchos deban salir del país para poder especializarse, o lo que resulta más preocupante, quienes son especialistas no necesariamente llegan a ser los mejores y más capacitados, sino quienes tengan las exorbitantes sumas requeridas para ser especialista en Colombia. Situación que exceptúa a las universidades públicas que sostienen cifras accesibles de matrículas. Un médico residente hoy en Colombia sostiene con su trabajo el sistema de  salud, con sus recursos y endeudamiento el lucro de las universidades. Ambas condiciones al costo de su proyecto de vida personal, social, familiar y con los riesgos que acarrea el deterioro de la calidad de atención de los pacientes cuando este perverso sistema obliga a un médico a trabajar hasta más de 300 horas al mes para poder sostener un posgrado de especialidad médico-quirúrgica.

El Proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República

En el primer semestre de 2017 fueron aprobados por Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y en plenaria de esta corporación, los dos primeros de cuatro debates que requiere el proyecto de ley que busca remunerar a los médicos residentes y eliminar el cobro de matrícula. Este proyecto fue una iniciativa del Legislativo con el acompañamiento de los gremios médicos del país.

Este proyecto de ley busca superar los intentos recientes de regulación que se dieron mediante la reforma a la Ley 100, Ley 1438 de 2011, en cuyos artículos 101 y 102 se incluyeron la creación de plantas de cargos para los residentes en los hospitales públicos y la supervisión de las matrículas por parte de los Ministerios de Salud y Educación. Medidas que nunca se implementaron y resultaron inocuas dado que los residentes se forman mayoritariamente en las instituciones privadas de salud, y en seis años la rectoría de las Ministerios para regular las matrículas ha sido nula.

Las universidades han amparado el negocio educativo en una interpretación  equívoca del principio de la autonomía universitaria, que no es absoluto, y que busca proteger el libre ejercicio de la enseñanza y la investigación sin interferencias del poder público, y no la protección de negocios extractivos que menoscaban los principios constitucionales de la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades, el respeto de la dignidad de quienes intervienen en el proceso educativo, conforme lo expresa la sentencia C-517/99 de la Corte Constitucional. Adicional a esto, de la formación con calidad de los médicos especialistas  depende la garantía del Derecho Fundamental a la Salud consagrado en una ley estatutaria.

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Para avanzar en resolver esta situación, el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, y que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en la pasada legislatura, contempló cuatro elementos centrales: El primero es el reconocimiento de los residentes como profesionales en formación, lo que deroga la condición de estudiantes que le otorgaba la Ley 100. Lo que significa que pueden tener un contrato laboral con las instituciones prestadoras de servicios de salud pública y privadas, en función de las labores que le asigne el convenio docencia-servicio suscrito entre la universidad y el hospital.

El segundo tema es la creación del Fondo Nacional de Residencias, que contiene los recursos para la remuneración y derechos de ley asociados a su vinculación laboral. En el segundo debate el Ministerio de Salud y Protección Social precisó que este fondo debía ser financiado con recursos del presupuesto nacional, aportes de las IPS donde los residentes realizan sus prácticas y otras fuentes que se destinen para este propósito.

Un tercer punto es la regulación de las matrículas mediante su eliminación, sumado al cuarto que es la prohibición a los hospitales de cobrar a las universidades por permitir la rotación de los residentes. Aspecto que cerraría el impase del argumento más razonable que han presentado para justificar el cobro de matrículas.

El tema de la matrícula es el que tendrá mayor resistencia por parte de algunas universidades principalmente privadas, que adelantan un lobby contra el proyecto de ley, fundamentado en  amenazas y al chantaje de cerrar programas de posgrados si surte en el Congreso de la República alguna regulación que cuestione las exorbitantes matrículas que cobran, cuyos montos arbitrarios no han podido argumentar con suficiencia a qué responden en el proceso educativo. Uno esperaría un debate más universitario respecto a  este tema.

Para ser ley de la república el debate requerirá surtir trámite en Comisión Séptima de Senado y en plenaria del mismo, y ser sancionada por el presidente de la república, sin duda alguna todo un reto para los médicos del país y la ciudadanía que reclama la garantía, acompañar este proceso que restituye la educación, la salud y el trabajo digno como derechos.

CAROLINA CORCHO: Médica psiquiatra, vicepresidenta gremial de la Federación Médica Colombiana FMC, expresidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR. Partes de este escrito fueron publicados por la Revista Sur el 3 de agosto de 2017.