Retrasos en pruebas covid-19: "EPS no deben anteponer barreras administrativas"

Aunque el Instituto Nacional de Salud reporta 2‘023.256 pruebas PRC para covid-19 procesadas en Colombia, cifra que ha permitido confirmar el contagio de 422.519 personas, la Procuraduría encontró que en al menos dieciocho departamentos y cuatro distritos hay un represamiento total de 70.522 pruebas diagnósticas por la deficiencia en la rotulación, inconvenientes en el embalaje de las pruebas y el transporte de las mismas.

SEMANA habló con Gelman Rodríguez, procurador delegado para la Salud, Protección Social y el Trabajo decente, para conocer detalles del informe que entregó la entidad y saber en qué radica el cuello de botella en la cadena de procesamiento.

SEMANA: ¿Qué ha encontrado la Procuraduría y cuál es la problemática de fondo en el retraso de la entrega de resultados de las pruebas?

Gelman Rodríguez: Tuvimos la posibilidad de revisar información de 21 departamentos que nos mostraron un represamiento de muestras superior a 70.000. En principio, parecería que ese número no es significativo si tenemos en cuenta que los laboratorios reportan que están procesando cerca de 36 y 38.000 pruebas al día, pero esa situación no es tan precisa desde el punto aritmético porque hay departamentos que tienen un número importante de muestras. Por ejemplo, Norte de Santander que tenía cerca de 5.500 muestras y su laboratorio está procesando 480 a 500 muestras. Para ponernos al día en ese departamento nos demoraríamos 11 días solamente en el procesamiento, pero si además se suman las pruebas diarias, nunca vamos a estar al día.

En algunos municipios inclusive la problemática supera los dos meses. En el caso de Tuluá encontramos muestras de las que no se conocen los resultados y que fueron tomadas el 11 de abril. Otras del 12 de mayo y al cierre del informe no se conocían los resultados.

La gran problemática que hoy encuentra la Procuraduría se puede resumir en tres aspectos:

Las personas llaman a sus EPS, les dicen que en tres o cuatro días van y no lo hacen en ese plazo. Ahí estamos perdiendo tiempo importante. Como no se les toma la prueba no siguen ningún aislamiento, continúan su vida de manera rutinaria y si son positivos pueden ser un factor de contagio.

En una buena parte, no puedo decir que todos. Pero implica que en teoría ya terminó su periodo de aislamiento y la persona sigue sin conocer si es positivo o negativo. A eso se le suma que las EPS ni siquiera están entregando una incapacidad por los 14 días, sino por cinco días, aún cuando les recomiendan aislarse ese tiempo. Y ahí viene una problemática para los trabajadores porque no tienen cómo justificar a sus empleadores la recomendación de aislamiento por ese período.

Hay un número importante de muestras que no pueden ser procesadas por los laboratorios en la medida que desde la IPS, la Secretaría de Salud o el hospital que tomó la muestra no hace una adecuada marcación. Se están usando tintas borrables y esto implica que cuando llega al laboratorio está borrada total o parcialmente la identificación del paciente. Y aunque la prueba se pueda procesar, no se sabe a quién corresponde. Le estamos haciendo un daño enorme al ciudadano porque queda con la expectativa de recibir su muestra y seguramente nunca le va a llegar.

SEMANA: ¿La Procuraduría analizó el desempeño del INS y los laboratorios adjuntos?

G.R.: La auditoría nuestra no llegó a los laboratorios, solo nos centramos en conocer el manejo de los tiempos entre las entidades territoriales, las EPS y las comunicaciones que estaban llegando a los usuarios.

SEMANA: ¿Cuál debería ser el tiempo adecuado para la entrega de los resultados de las pruebas?

G.R.: Hay laboratorios que pueden tener tiempos de tres días. Esperaríamos que se manejen tiempos muy parecidos, incluso, por el bien de la economía del país, porque no tiene sentido que si una persona sale negativa para covid-19 se quede catorce días en aislamiento. Si en tres días conoce el resultado, esa persona se puede reintegrar a su puesto de trabajo.

Además, esto generaría que desde el principio se haga un adecuado monitoreo a sus pacientes porque las EPS solamente llaman a sus pacientes después de que les entrega el resultado y es tiempo importante que se desaprovecha, desde el punto de vista preventivo, para evitar complicaciones de salud e impedir que tenga que llegar a usar una infraestructura hospitalaria.

SEMANA: ¿Y qué pasa con la atención a otras patologías durante la pandemia?

G.R.: La Procuraduría le solicitó a la SuperSalud que estableciera unos indicadores para controlar la atención de los pacientes no-covid, porque hemos recibido muchísimas pruebas, adicionales a las cerca de 328.000 quejas enviadas por los usuarios a las SuperSalud en contra de los servicios de las EPS; muchas de ellas relacionadas con la negación del acceso a los servicios de salud. Y es que ahí nos excusamos en la pandemia para vulnerar los derechos de otros ciudadanos como pacientes con enfermedades catastróficas, cáncer, VIH, que no les entregan sus medicamentos a domicilios.

Segundo, no están asignando citas con especialistas y si lo hacen están sobrepasando los tiempos de espera de 30 y 45 días en algunos casos. La Procuraduría ha insistido que si bien la red hospitalaria tiene que atender la pandemia y responder por los pacientes afectados por la covid, no podemos olvidar que hay otros millones de colombianos que están afectados por otras patologías. Hay que garantizarles el principio de oportunidad y la integralidad que necesita para un tratamiento.

SEMANA: ¿Cuál ha sido la respuesta de la Superintendencia de Salud?

La SuperSalud nos respondió oportunamente, nos dijo que establecería unos indicadores y fortalecería los seguimientos a las EPS para que se cumpliera con esa misión, pero aquí hay que decir que las EPS han dado la justificación de que ellos no estaban preparados para atender la pandemia, y yo creo que esta es una situación inédita en el mundo, pero no podemos perder de vista que las EPS fueron creadas para administrar los riesgos en salud de los colombianos, que llevan más o menos 26 años de funcionamiento. Por lo tanto, independientemente de cuál sea la crisis en salud, las EPS deberían responder con mayor oportunidad, mejor calidad a las necesidades de salud de los colombianos y no anteponer barreras de índole administrativo para garantizar los servicios.